El Uruguay tiene como asignatura pendiente la realización de análisis serios, fríos, desapasionados, con perspectiva histórica, sin pretensión de juzgar y condenar sobre cómo es que se caminó hacia la dictadura. La gran pregunta sin contestar es cómo una sociedad que se veía sí misma como democrática, liberal, tolerante, moderada y respetuosa del derecho, del Estado de Derecho y de los derechos de las personas, pudo caer en la violencia, la quiebra institucional, la violación sistemática de los derechos humanos. Cómo esta sociedad que se percibía a sí misma como dueña de sus destinos mediante la acción política y el voto, pudo contener grupos de relativa significación que concibieron el cambio de las cosas mediante las armas.

Primero las cosas no se pudieron analizar porque estaban todavía calientes, con las instituciones apenas restablecidas. Desde una década y un poquito más, porque el debate se reavivó en términos maniqueos. Pero entre que se apagaron los ecos del primer referéndum sobre la Ley de Caducidad (el del voto amarillo y el voto verde) hasta los albores de la Comisión para la Paz, transcurrió un decenio en que en el país existía de manera dominante el sosiego necesario para encarar los análisis y los debates con perspectiva histórica.

El presidente Mujica dice reiteradamente que habrá que esperar que estén muertos todos los protagonistas de la época. Sin embargo, hace cinco años que Italia recordó el cincuentenario del fin de la guerra civil (incluida la ocupación alemana como sostén de una de las partes). Y en esos debates de memoria histórica, se vio con estupefacción el nivel de virulencia e intolerancia con que encaraban el debate los hijos de los partisanos y los hijos de los squadristi. Si se piensa que en Argentina se pelea hasta físicamente en favor y en contra de Eva Perón, cuando la gran mayoría no la conoció; o pro o contra Juan Manuel de Rosas, donde ahí sí no lo conoció siquiera ningún abuelo de nadie hoy vivo. Esto demuestra que no basta con que estén muertos todos los contemporáneos de los hechos, porque los odios y dolores pueden trasmitirse a los  hijos y a los hijos de los hijos. Hoy aquí comienza a verse que los hijos de los protagonistas (o de los simples agonistas) pueden revivir el debate con más intolerancia aún que los propios agonistas.

Otra cosa son los aportes que revelan una visión de parte, aunque con finalidad explicativa o analítica o narrativa. Trasuntan buscar explicaciones de lo ocurrido, aunque la mayoría de las exhibidas hasta ahora toman poco en cuenta la visión opuesta. En el análisis del proceso histórico cabe distinguir con mucha precisión dos tipos de causalidad, que suponen dos etapas: Una, la de las causas profundas que condujeron a la caída de la poliarquía[1], el largo proceso que va de la vigencia de una poliarquía plena hasta la dictadura. Dos, los sucesos finales en la última etapa de la caída (durante el quinquenio anterior a la caída), la actuación de cada uno de los actores políticos, sociales, comunicacionales, militares. Más allá de los errores o aciertos de cada uno en ese periodo, siempre cabe tener presente que lo esencial son las causas profundas, que es lo que hace a lo estratégico en términos históricos

Con el riesgo que supone pretender clasificar en pocas variables las distintas líneas explicatorias de las causas profundas, pueden enunciarse a mero título de punto de partidas dos líneas principales, que en líneas generales se enmarcan en dos posturas opuestas con cierta relación con la confrontación bipolar mundial:

Una. La teoría de que la dictadura es un efecto directo de la desestabilización desde la izquierda. Esto admite subvariantes: que es culpabilidad exclusiva de quienes rompieron el orden político mediante la acción guerrillera; que es además inclusiva de la desestabilización sindical y estudiantil provocada por las corrientes marxistas.

Dos. La teoría de que se llega a la dictadura por responsabilidad de una oligarquía que para defender sus privilegios eligió el camino de reprimir con violencia la protesta social, y ante la reacción de las masas, optó por el camino de la supresión de la institucionalidad y la violenta represión militar

En el medios hay múltiples teorías, múltiples combinaciones que toman algo o todo de lo uno, algo o todo de lo otro, o agregan más condimentos. No parece que se pueda llegar a la explicación de forma unilateral. Así como -aunque fuese conveniente para la continuidad social y nacional- resulta muy simplista e inadmisible la explicación de que el nazismo fue el producto de nada más que la acción de un puñado de aventures psicópatas. Un debate en profundidad exige tomar elementos de larga duración, interrelacionar elementos diversos y además contextualizarlos en su respectiva época.

Luego viene el estudio de cómo se comportaron los actores en los momentos finales, que no pueden analizarse solo desde la perspectiva del siglo XXI, sino a partir del momento y de la forma de pensar y actuar de la época. No hay duda que hay muchas culpas, muchos hechos que fueron diferentes pasos hacia la interrupción institucional. Cabe mencionar varios:

Uno. La declaratoria del Estado de Guerra Interno violentó fuera de toda duda el orden constitucional, con independencia de si el país estaba en el último minuto para salvar la institucionalidad o cabían otros recursos íntegramente constitucionales

Dos. La Ley de Seguridad del Estado, más allá de cuánto tuvo de constitucional o de inconstitucional, fue sin duda una ruptura con el sentido básico de la poliarquía

Tres. La adhesión de vastos sectores políticos y sindicales de la izquierda a los famosos “Comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas”, de febrero de 1973, y la apuesta al apoyo a una real o presunta corriente militar “peruanista”, supuso transitar por un realismo que no cuajaba tampoco con los valores de la poliarquía

Cuatro. El Pacto de Boiso Lanza entre el presidente constitucional y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (en realidad un pacto con un comandante legítimo y dos impuestos por los propios mandos militares), pacto que en sí mismo significó un golpe de Estado.

A ello cabe sumar el debate sobre si la existencia por sí de una acción guerrillera es causa suficiente para el debilitamiento institucional, o si la guerrilla puede enfrentarse dentro del Estado de Derecho, como lo hizo Italia con las Brigadas Rojas o lo hace España con ETA.

Qué hizo y qué no hizo el parlamento y el sistema político en todo ese periodo es muy largo y complejo. Lo ocurrido en el verano de 1973, debate que irrumpió intempestivamente estos días, es una parte de todo ese debate. Lo curioso es que por primera vez reaparece, tras casi cuatro décadas, una acusación -la inacción del Parlamento y de los partidos políticos en ese verano de 1973- similar a la usada por Bordaberry padre para justificar su pacto con los militares y su camino al golpe de Estado.