
El golpe de Estado de 1973 fue el producto de un
largo proceso de al menos diez a quince años, cuyas
causas profundas no se han explorado a fondo[1],
en que se pasó de la más ciega fe en la poliarquía[2]
hasta llegar a un descreimiento fuerte en la misma
-quizás mayoritario- como sistema y como conjunto de
valores[3].
La pregunta fundamental que desde hace décadas se
plantea todo el que se matrizó en el viejo Uruguay
liberal, tolerante y orgulloso de sí mismo, y luego
fue partícipe de lo que se vino, es por qué ocurrió
lo que ocurrió. Porque en términos generales, la
culpa de lo que pasó parece que en mayor o menor
medida es de todos. Aquí sí que vale el “que tire la
primera piedra el que esté libre de culpa”. No
volaría ni un pedregullo.
Las democracias no caen porque un buen día la
gente se despierta y siente que ha dejado de creer
en ella, sino que la caída es el producto de muchos
factores erosionantes. Uno de ellos, cuya
importancia hay que resaltar pues viene
reapareciendo, es la pérdida de confianza en la
política, los políticos y los partidos. En aquella
época los dirigentes políticos tardaron mucho en
aceptar que se formaba en el país un clima de
incredulidad. La respuesta de los políticos, que con
preocupación se ve repetir hoy en algunos actores,
es refugiarse en que nada de ello se traduce en el
voto: “la gente vota igual; no vota en blanco”. El
no distinguir entre la cantidad y la calidad del
voto es algo elemental en aritmética electoral (los
votos valen lo mismo, sean producto del más
formidable convencimiento o de la duda más
absoluta), pero esa confusión es peligrosísima a la
hora de prever los acontecimientos, de atisbar por
donde van las tendencias de la sociedad. Dudas en la
política y los políticos van muy asociados a los
resultados económicos y sociales. Pero también va
asociada a la praxis política: en primer lugar, el
propio juego de los actores políticos de acusarse
recíprocamente de corrupción, implicancias,
nepotismo, uso del poder político en beneficio
personal; en segundo lugar, el crecimiento
exponencial del clientelismo, traducido entre otras
cosas en la multiplicación de la creación de cargos
públicos otorgados mediante cuota política, la
restricción del otorgamiento de jubilaciones
concedidas también solo por cuota política y la
obtención de teléfonos por cuota política.
Hasta mediados de los años cincuenta Uruguay fue
uno de los países de más alto nivel de vida en el
mundo y, quizás relacionado con ello, obtuvo por
cuarta vez el título al mejor fútbol del planeta. La
segunda mitad de los cincuenta y el despuntar de los
sesenta suponen un tobogán económico, social,
futbolístico; el bolsillo y el ego de los uruguayos
quedaron agujereados.
Así a poco de caminar esas dudas en la poliarquía
adquirieron múltiples formas. Una de ellas fue la
búsqueda de gobiernos más fuertes y personalizados,
que condujo a la reforma constitucional de 1966,
donde surge un dato interesante: con la sola
excepción de los colegialistas por principio (Vasconcellos
en la vieja “Lista 15”, el diario El Día), nadie se
atrevió a enfrentar el retorno presidencial, lo más
que hicieron algunos fue presentar su propio
proyecto para torpedear el triunfo reformista. El
gobierno fuerte y personalizado fue reforzado con la
aparición de candidaturas outsiders, en particular
de militares; los generales como candidatos
presidenciales, en todos los grandes partidos: Oscar
Gestido (Colorado, 1962 y 1966), Mario Oscar
Aguerrondo (Nacional, 1971) y Liber Seregni (que
agrupa a la izquierda en la fundación de un tercer
gran partido, 1971). Pero además hubo outsiders
civiles, figuras periféricas de la política como
Alberto Gallinal Heber (blanco, 1966) y
anteriormente Benito Nardone (colorado de origen,
dirigente gremial rural como plataforma popular,
candidato al gobierno por el Partido Nacional). El
salir a buscar candidatos de fuera de la política es
una clara señal de desconfianza en la política, y la
desconfianza en la política a la corta o a la larga
marca una pérdida de fe en la democracia. Y el salir
a buscar candidatos militares es una señal muy
fuerte de debilitamiento en un esquema de
competencia suave, libre, tolerante; es ni más ni
menos que el viejo reclamo de orden. También cerca
de la mitad de los sesenta se denunciaron en el país
intentos de golpe militar. Después vino el
pachequismo, como un camino en el borde del fair
play democrático para imponer ese orden, enfrentar
especialmente el contrapoder sindical e intentar
implantar reformas en lo económico y lo social.
De la mano de la Revolución Cubana tomó auge el
camino de la revolución armada, el cuestionamiento
de la democracia política (considerada como un
instrumento de dominación de la clase dominante para
mantener su dominación), la desvalorización de las
elecciones y de la representación política, la
descalificación de los niveles sociales y económicos
alcanzados por Uruguay, el maximizar las carencias e
injusticias sociales del país y estimar que sólo
eran corregibles por vía revolucionaria. Y así fue
como todavía bajo régimen colegiado, muy lejos del
presidencialismo y más lejos aún del pachequismo,
apareció la guerrilla, la búsqueda del derrocamiento
del sistema político, económico y social por vía
armada. Más tarde el pachequismo, con sus medidas de
corte autoritario, dio - para un sector del país-
justificación y popularidad a la resistencia y ayudó
a confundir las aguas. Un poco más tarde todavía,
entre la democracia liberal por un lado y la
posibilidad de reformas sociales y económicas sin
democracia liberal por otro, una parte nada menor de
la izquierda optó por esto último.
Las crisis económicas provocan casi siempre
reacciones sociales[4],
que pueden expresarse en fuertes movilizaciones
sindicales y estudiantiles, con huelgas,
manifestaciones callejeras más o menos pacíficas y
ocupaciones de lugares de trabajo y estudio. Estas
movilizaciones son más fuertes y golpean más si
están bien articuladas políticamente, como lo
estuvieron en Uruguay, ya fuere por el Partido
Comunista o por las corrientes más a la izquierda
que conformaron en el plano sindical “La Tendencia
Combativa”. Hay quienes consideran – en posturas de
centro-derecha a derecha- que estas movilizaciones
fueron determinadas o exacerbadas en el contexto de
la Guerra Fría.
En ese mismo contexto cabe considerar los
impactos sobre Uruguay de la Doctrina de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos de América ya en
forma directa, ya a través de Brasil y Argentina,
que concebía toda acción de fuerte protesta social
como parte de la Guerra Fría, a la corta o a la
larga articuladas desde La Habana y Moscú. Esta
doctrina generó a su vez la concepción de un nuevo
papel para las Fuerzas Armadas.
Lo anterior no es un inventario de causas, sino
el señalamiento parcial de elementos que en distinto
grado coadyuvaron a la pérdida de sostén de la
poliarquía y, consecuentemente, condujeron al golpe
de Estado y la fractura institucional. Son elementos
a partir de la pérdida de sustento de la contracara,
es decir, de las bases económicas, sociales,
políticas e institucionales que crearon la fe en la
democracia
[1]
Ver como antecedentes: “El debate que
el país se debe a sí mismo” y “Las causas de
credibilidad en la democracia”, El
Observador, domingos 19 y 26 de setiembre de
2010. El presente es el tercer artículo de
una serie de siete
[2]
Se prefiere utilizar el término
politológico más exacto y bien definido de
“poliarquía”, que el término “democracia”,
que es más vago y más indefinido. En líneas
generales y con reservas puede afirmarse que
“poliarquía” es una especie de sinónimo de
democracia liberal
[3]
Parte importante de este análisis es
reproducción o aggiornamento del artículo
“Una respuesta inacabada”, El
Observador, 29 de junio de 2003
[4]
Por qué no ocurrió en 2002 es un tema digno
de estudio. Posiblemente porque la
restauración democrática generó una gran
confianza en la representación ejercida por
el sistema político, no se veían caminos
alternativos a ella, los sindicatos se
alinearon en un acuerdo tácito nacional y
una parte significativa de la sociedad
depositaba su esperanza en un cambio de
partido en el gobierno por vía electoral.