La relación de los militares con la política puede analizarse desde distintos ángulos[1]. Uno de ellos es el ángulo del deber ser desde una concepción democrático liberal y su correlativa formulación jurídica: los militares tienen prohibida la intervención en política y además las fuerzas armadas no tienen intervención alguna en lo interno del país, sino que su acción se limita a la defensa de lo exterior. La realidad es mucho más compleja y exige al menos partir de un conjunto de datos. El primero de todos, con total crudeza, es que el origen de las fuerzas armadas es doble: defender un territorio determinado dentro del cual alguien ejerce el poder y sostener ese poder, que no necesariamente implica el sostén de una persona, una elite o una facción, pero sí el conjunto de elementos que entramados constituyen el poder sobre un territorio en lo político, lo económico y lo social; por tanto, hay una íntima relación entre política y militares, dado que la función militar está relacionada con el sostén del poder interno y externo (o las fuerzas armadas en tanto tales o los estamentos armados de la estructura política, modernamente llamada Estado). Una segunda precisión es que en el caso uruguayo, durante casi un siglo las fuerzas armadas (en esencia el ejército dada la escasa dimensión original de la marina y el surgimiento tardío de la fuerza área) fue esencialmente un ejército colorado, y la alta oficialidad fue primero predominantemente colorado independiente y muy al final del largo predominio colorado, batllista-luisista (con referencia a la fracción mayoritaria del batllismo, la “Lista 15” guiada por Luis Batlle Berres). En 1959 viene un fuerte sacudón y comienza un proceso de lo que se llamó el “blanqueo” (remoción acelerada de altos oficiales colorados y promoción también acelerada de altos oficiales blancos). Un tercer dato es que hasta cerca de la finalización de los años cincuenta no había signos significativos de militarismo, entendido el concepto – al menos en un uso operacional de análisis- como la doctrina que otorga a los militares un papel específico, al margen de los otros elementos de poder, y ser un papel esencial; de alguna manera, lo que surge de la expresión spengleriana de que en última instancia la civilización termina siendo salvada por un pelotón de soldados.

Cabe precisar que no todo régimen autoritario es esencialmente militarista, aunque requiere necesariamente de un apoyo militar (y también de al menos un mínimo sostén popular). No actuaron plenamente como militares militaristas las fuerzas armadas alemanas cuando el ascenso de Hitler y luego mayoritariamente quedaron encandiladas por el nazismo (lo que quedó en claro con el fracaso del atentado contra Hitler). No fue esencialmente militarista el papel de las fuerzas armadas italianas, que más bien en parte se fascistizaron y en parte siguieron siendo monárquicas (lo que permitió el golpe del 25 de julio de 1943). El militarismo requiere que se otorgue a los militares un rol esencial en tanto tales en la definición del poder. En cambio, fue inequívocamente militarista el papel de los militares en los años sesenta en Brasil y Grecia, y en los setenta en Argentina y Chile.

El militarismo es inicialmente un fenómeno interno de las fuerzas armadas, pero para su desarrollo requiere de algún mínimo apoyo externo, ya fuere de sectores de poder económico, político o social, ya fuere de sectores de la población. El militarismo despunta y toma cuerpo cuando hay debilitamiento del orden, o relativo vacío de poder (lo cual es muy subjetivo valorarlo) o cuando se considera que ese orden ya no responde a las necesidades de la mayoría, o de vastos sectores de la población (aunque no fueren mayoritarios). En Uruguay despuntan algunos planteos militaristas a poco de andar los años sesenta (especialmente a partir de la logia “Tenientes de Artigas”), avanzan en el último cuarto de los años sesenta (ya no limitada a esa logia) y se desencadena en el primer tercio de los setenta.

Previo al militarismo viene el camino de la búsqueda de soluciones fuertes, de búsqueda “de orden”, que puede derivar en militarismo, puede derivar en otros caminos autoritarios o puede derivar en gobiernos fuertes sin salirse necesariamente de la formalidad institucional. El primer de Gaulle fue un producto de la guerra, pero el segundo de Gaulle fue el producto de la disfuncionalidad de la Cuarta República y la descomposición del Imperio Francés (en primer lugar la guerra de Argelia, tras la pérdida de Indochina). En el caso uruguayo, los sectores políticos que carecían de líderes fuertes comenzaron a buscar quien encarnase autoridad o fuesen referentes militares (casos de Oscar Gestido en el coloradismo, Mario Oscar Aguerrondo en el nacionalismo y Liber Seregni primero considerado dentro del coloradismo y a la postre proclamado por la naciente conjunción de izquierda).

Luego viene el protagonismo militar institucional, mediante la apelación reiterada y creciente al instituto de excepción de las Medidas Prontas de Seguridad (1959, 1963, tres veces en 1965, 1967 y luego prácticamente de corrido a partir de 1968), más tarde la suspensión de las garantías individuales (que se reiterará en múltiples oportunidades en 1972 y 73): Como punto de inflexión, el otorgamiento a las Fuerzas Armadas de la conducción de la lucha antisubversiva (setiembre 9 de 1971)[2] y como otro punto de acentuación de aquella inflexión la declaratoria del Estado de Guerra Interno el 15 de abril de 1972. Importa señalar que esta sucesión de acontecimientos pueden ser discutidos cada uno de ellos, y seguramente estarán justificados para unos y lo contrario para otros. Ese es un tema. Pero el otro tema es que con absoluta independencia de lo correcto o incorrecto de cada medida, esa cronología conlleva a unas fuerzas armadas que son reiteradamente involucradas en la defensa del orden imperante que se lo ve amenazado. Y las fuerzas armadas sintieron la percepción creciente de estar librando una guerra. Con dos tipos diferentes de valoración interna: quienes consideraban que la guerra era con quienes desafiaban el orden constitucional mediante las armas (tupamaros, OPR-33 y otras organizaciones) y quienes consideraban que existían dos planos de acción subversiva: la armada por un lado y por otro lo que consideraban como plan subversivo comunista a través de la movilización sindical y estudiantil con manifestaciones callejeras, paros y huelgas. Pero además, no hay nada que alimente más el militarismo que ser las fuerzas armadas desafiadas en su calidad de estamento armado hegemónico o dominante en un Estado; porque la guerrilla no solo combate el orden institucional, sino que disputar el monopolio de la fuerza a las fuerzas armadas.

Como de Gaulle cuando el hundimiento de la Cuarta República, un sector significativo de las Fuerzas Armadas uruguayas sintió que el orden político se derrumbaba y que ellas constituían la última reserva. Se conjugaba además una visión dominante en los medios militares de considerar corruptos a casi todos los políticos, y además ineficaces, responsables de la crisis y de no saber impedir el desorden. Y en algunos sectores militares comenzó además a sonar la idea de que las injusticias sociales podían ser corregidas a partir de la acción de las fuerzas armadas, tomando como espejos a Egipto y Perú. Más o menos así surgió el militarismo en Uruguay en los tres cuartos del siglo pasado.