Aunque muchas veces los historiadores gustan de elegir una fecha precisa para datar las etapas, no es fácil encontrar el momento exacto en que llegó el militarismo, es decir, las fuerzas armadas o los militares como factor político al margen de dependencia de liderazgos políticos[i]. Hay una serie de ellos que tienta elegir como mojones de esa llegada:

Uno. El discurso del brigadier José P. Jaume el 19 de junio de 1972 en Plaza Independencia, en que sienta la doctrina de que el combate de las fuerzas armadas continuará hasta extirpar “las causas de la violencia” y advierte contra la “opresión de falsos ideólogos”.

Dos. La detención de Jorge Batlle. Es el primer líder político tradicional detenido, miembro del partido de gobierno y cabeza de la segunda fracción de ese partido que cuenta con tres ministros en el gabinete. La misma es considerada como un operativo de desprestigio, no solo del líder de la Lista 15 sino de los políticos en general; no hay ninguna acusación concreta, pero sí una difusa culpabilización de corrupción por vía de rumores y sobreentendidos

Tres. Las negociaciones entre mandos medios del Ejército y dirigentes tupamaros en una búsqueda, más o menos desprolija, de un acuerdo guerrillero-militar que pasase por la rendición tupamara contra la aceptación militar de un plan de gobierno izquierdizante. Esas negociaciones, conocidas como “La Tregua”, fracasaron. Pero quedó clara la existencia de líneas de acción y de pensamiento militar al margen del poder civil. Y además comenzó una línea militar de indagación de los delitos económicos (muchas de esas investigaciones realizadas a partir de información aportada por el movimiento tupamaro o divulgado en el Parlamento o la prensa por la izquierda legal).

Cuatro. Los sucesos de febrero de 1973, el “Febrero amargo” que relata Amílcar Vasconcellos en su libro-denuncia desde un ángulo democrático-liberal radical.

En ese “Febrero amargo” ocurre el primero de los dos actos materiales en que se gesta el golpe de Estado. De él cabe destacar varios elementos significativos:

Uno. El desconocimiento del ministro de Defensa Nacional por los mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea

Dos. La ocupación por parte del Ejército de parte de Montevideo y de las emisoras oficiales

Tres. Ante la renuncia del comandante en jefe del Ejército, la asunción de la comandancia en Jefe “en operaciones” por parte del general de la derecha, sin intervención alguna del poder civil

Cuatro. El relevo de los mandos de la Armada contrarios al alzamiento militar, luego de que esta fuerza ocupase la Ciudad Vieja, se dividiese y la facción alzada lograse imponerse.

Cinco. La emisión de dos comunicados que definen una clara doctrina política de las fuerzas armadas (el número 4 especialmente): la reivindicación del derecho y deber de esas fuerzas de intervenir en los temas políticos, la exigencia de participación en tanto fuerzas armadas en la conducción de organismos públicos y su voluntad de mantenerse margen de los problemas sindicales y estudiantiles salvo que lleguen por su intensidad a poner en peligro la seguridad. Por otro lado, frase que la mayoría de la izquierda relativiza, proclama la incompatibilidad del marxismo leninismo con “nuestro tradicional estilo de vida”. Luego vendrá con el comunicado 7 un mayor énfasis patriótico y “orientalista”. Una parte de la izquierda toma esos dos comunicados como una plataforma política a apoyar, o al menos para demostrar la existencia dentro del estamento militar de un ala “peruanista” (en el lenguaje de la época, vale decir entre izquierdista y populista).

Seis. El pacto ‘suscrito en la base aérea de Boiso Lanza- entre el presidente de la República con los comandantes en jefe de las tres fuerzas, con lo que se institucionaliza el cogobierno entre las autoridades elegidas y los mandos militares

Siete. Como consecuencia de ese pacto, la participación de militares en la dirección de empresas del Estado, entes autónomos, servicios descentralizados y otras dependencias oficiales. Y como otro detalle significativo del nuevo poder militar, es que el presidente con su nuevo ministro de Defensa proceden a designar como comandantes en jefe del Ejército y la Armada a las mismas personas ya en ejercicio del cargo por decisión de las respectivas oficialidades superiores.

Octavo. Como elemento sustancial, la creación del Consejo de Seguridad Nacional, con integración del presidente, ministros y los comandantes, verdadero cogobierno colegiado cívico-militar.

A partir de febrero de 1973 la presencia política de las fuerzas armadas en la conducción del país son un hecho real, donde la discusión a nivel político transcurrirá entre si es positiva o negativa, si los actores políticos y sociales pueden o no incidir en esas fuerzas y en el rumbo de los acontecimientos. También en la nueva etapa aparece con más claridad otro enemigo para las fuerzas armadas, sutilmente señalado cuando la prisión de Jorge Batlle: los políticos, a quienes hacia fines de marzo en una presentación televisiva se los presenta como corruptos y aprovechadores.

Después viene una estocada final o casi final con el pedido primero de desafuero del senador frenteamplista Enrique Erro por considerarlo relacionado con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y, ante el rechazo del Senado, la promoción de un juicio político para destituir al parlamentario. Cabe recordar que el último acto parlamentario fue la votación negativa del pedido de juicio político a Erro, por un voto de diferencia, en la Cámara de Representantes. Sectores nacionalistas con representación en el gabinete (como la Unidad Nacional Blanca liderada por Washington Beltrán y la mayoría del movimiento Herrera-Heber liderado por Mario Heber se opusieron al juicio político). Esa votación fue un jueves, en la noche del martes al miércoles (ya entrada la madrugada del miércoles) se consuma la disolución del Parlamento, el último acto del golpe de Estado.

Si cabe, ya como manejo filigranático, caben dos pasos más hacia el militarismo puro. El primero es la destitución del presidente elegido constitucionalmente y devenido en gobernante de facto tras el autogolpe de Estado (junio de 1976). Curiosamente, Bordaberry es destituido por los militares acusado de sostener un pensamiento esencialmente antidemocrático. En realidad el tema es el siguiente: En ciencia política se distingue entre los golpes fundacionales (que pretenden formular un nuevo orden) y los golpes quirúrgicos, cuyo objetivo es defender la esencia de un sistema al que consideran enfermo y salvable mediante una profunda intervención quirúrgica. A diferencia de sus colegas argentinos y chilenos, los militares uruguayos no se definieron como opuestos a la democracia, sino que se consideraban demócratas dispuestos a corregir una democracia descompuesta por la corrupción, la guerrilla y la acción del marxismo internacional. Para los militares el futuro implicaba un régimen basado en elecciones, con partidos políticos (no todos, los tradicionales y alguno más, sin partidos marxistas ni internacionales) y bajo tutela militar. Pero Bordaberry impulsaba soluciones de tipo corporativo a semejanza de la España franquista y propiciaba la disolución definitiva de todo partido político.A Bordaberry lo sucede un civil adepto al régimen en esencia designado por los propios militares.

El último paso, el 1° de setiembre de 1981, es cuando pasa a ser un militar quien asuma la Presidencia de la República, el teniente general Gregorio Alvarez, en lugar de continuar con presidentes civiles bajo manejo militar.