El advenimiento del militarismo en Uruguay  –es decir, de los militares como factor político autónomo- constituyó un grave problema para el Frente Amplio, especialmente porque sectores influyentes de la fuerza política percibieron la existencia de un ala militar progresista y potencialmente revolucionaria[i]. El militarismo progresista, populista, izquierdizante o revolucionario (o la creencia de que algunos fenómenos militaristas presentaban dicho contenido) tiene algunas experiencias emblemáticas, de las que como impacto dentro del país cabe rescatar dos: el “nasserismo” en Egipto[ii] y el “peruanismo”[iii].

Cuando el Frente Amplio se constituye en 1971, en sus Bases Programáticas lo único que establece sobre las Fuerzas Armadas, capítulo I, punto 7, literal e), es: “Se atribuye especial importancia a:e) la concentración de las Fuerzas armadas en sus cometidos específicos de defensa de la soberanía, integridad territorial, independencia y honor de la República. Se propenderá al más alto grado de perfeccionamiento profesional y ético de la institución, basado en una concepción nacional del cumplimiento de los cometidos precedentes”. Le lectura atenta a la frase y al contexto del documento permite concluir que en ese momento se asignaba a las fuerzas militares una función tradicional, completamente alejada de su participación en actividades políticas, per se o a impulso gubernamental.

Sin embargo, entre el otoño y el invierno de 1972, más o menos entre la declaración del Estado de Guerra Interno y la fijación de la doctrina política de las Fuerzas Armadas por el Brigadier Jaume[iv], comienzan a percibirse dos líneas divergentes dentro de la izquierda, que adquirirá la características de posturas contradictorias e incompatibles (salvo la proverbial virtud del Frente Amplio de lograr consensos manuscritos, vale decir textos redactados de tal manera que dan una apariencia de unidad, y a partir del cual cada uno puede seguir sosteniendo lo que sostenía anteriormente).

La línea predominante, a la que adhieren los sectores de mayor apoyo electoral y hegemónicos desde el punto de vista militante, es la que se puede denominar “cuatrosietista”, por basarse en los Comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas[v]. Esta línea se basa en la convicción de que existe una fuerte ala peruanista, fundamentalmente en el Ejército, cuyos principales referentes serían el general Gregorio Alvarez (jefe del Estado Mayor Conjunto) y el coronel Ramón Trabal (jefe de la inteligencia militar). Está basada por un lado en los precedentes de Egipto y Perú, y en los sectores marxistas en dos consignas relevantes: “la lucha de clases no se detiene en la puerta de los cuarteles” y la divisoria de aguas en Latinoamericana no es “entre castristas y castrenses”. Sostienen esta línea el Partido Comunista, el Partido Socialista (bajo la guía ideológica del diputado Vivian Trías), el Partido Demócrata Cristiano (cuyo principal exponente en esta materia fue el diputado Daniel Sosa Díaz y el diario “Ahora”), la Lista 99 (Zelmar Michelini) y el Movimiento 26 de Marzo (afín al Movimiento de Liberación Nacional “Tupamaros”), al que hay que sumar, por su fuerte influencia, no integrante de la Mesa Ejecutiva, a los Grupos de Acción Unificadora (GAU, Héctor Rodríguez)[vi]. La postura tanto de la Lista 99 como de los GAU gira 180 grados con el golpe de Estado final del 27 de junio. El Partido Comunista sostendrá esperanzas en la línea “cuatrosietista” hasta después de la asunción de Alvarez como presidente (aunque cada vez con más reservas y sin menguar su fuerte combate a la dictadura en el exterior y en la clandestinidad)

La línea opuesta, que puede calificarse de antimilitarista pero con un fuerte tinte antimilitar, la encarnan dirigentes de prestigio pero bajo peso electoral y militante: Juan José Crottogini (vicepresidente del FA), el Movimiento Blanco Popular y Progresista (Rodríguez Camusso), Agrupación Batllista Pregón (Alba Roballo) y Patria Grande (Enrique Erro; alianza de Unión Popular, Movimiento de Acción Nacionalista, Patria y Pueblo, Integración y Movimiento Revolucionario Oriental). Quizás el mayor peso de esta línea lo da la postura concurrente -fuera de las estructuras de la fuerza política- de Carlos Quijano (director del semanario “Marcha”)

En cuanto al general Liber Seregni hay que hacer una distinción importante. Una cosa es el Seregni público, el de los discursos, que exponen la síntesis a la que arriba el Frente Amplio como posición oficial. Es una postura intermedia entre ambas líneas, con ciertas aproximaciones a la línea mayoritaria. Otro es el Seregni privado, el que habla a título personal y discute en las reuniones privadas de líderes frenteamplistas y en la Mesa Ejecutiva. Es una postura ecléctica. No es obviamente antimilitar, por su formación. Es antimilitarista y rechaza que las Fuerzas Armadas se constituyan en factor político. Pero considera que la misión militar de proteger la seguridad nacional excede la estricta defensa territorial e involucra aspectos económicos y sociales. Mucho antes, como coronel, elabora un trabajo en tal sentido en el marco de los estudios estratégicos militares. En esto, en cuanto a concepción estratégica de las Fuerzas Armadas, tiene puntos significativos de coincidencia  con la línea mayoritaria. En cambio, no cree en  la existencia de un ala progresista, al menos con fuerza significativa.

Entre mediados de 1972 y mediados de 1973 hubo muchos contactos de oficiales superiores con dirigentes frenteamplistas, especialmente comunistas, democristianos y de origen batllista. El coronel Ramón Trabal fue uno de los mayores protagonistas de esas conversaciones y visitó en múltiples ocasiones el Palacio Legislativo. Esos contactos sirvieron mucho para reforzar la convicción de la existencia de pensamientos convergentes entre la izquierda y esa ala militar. Aquí es donde aparece una visión de Seregni divergente de la línea mayoritaria: [vii]atribuyó la finalidad de esos contactos y los mensajes trasmitidos como operativos de contrainformación. En término militares, contrainformación es la emisión de información deliberadamente falsa o distorsionada con la finalidad de confundir al enemigo.

Donde el Frente Amplio encontró coincidencias fue en la total pérdida de confianza en Juan María Bordaberry y en sostener que no existía otro camino que la renuncia del presidente y su sustitución por el camino constitucional de sucesión, es decir, con la asunción del vicepresidente de la República Jorge Sapelli. La renuncia de Bordaberry fue reclamada públicamente por el Frente Amplio en un acto en La Unión, el 9 de febrero, y la “opción Sapelli” fue sostenida por el FA desde entonces hasta que, concluida la huelga general de resistencia al golpe de Estado, la dictadura quedó consolidada. Tras los sucesos del 27 de junio, el FA reitera la “opción Sapelli” al propio vicepresidente de la República y al Partido Nacional, aunque ya con el aditamento de la necesidad de convocatoria a elecciones de una Convención Nacional Constituyente.