El 16 de abril de 1989 se sometió a recurso de referéndum la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que resultó ratificada. Luego, el 25 de octubre de 2009 se plebiscitó con resultado negativo un proyecto que anulaba la referida ley, con los efectos de dejar ratificada la vigencia de la misma. Ahora, el oficialismo impulsa un proyecto que deje sin efecto la referida norma. Sin duda, lo que está en juego es el acatamiento de las decisiones adoptadas por el electorado mediante un instituto de democracia directa.

En relación al primer acto referendario, el que ratificó la Ley de Caducidad, se ha sostenido en los últimos días desde relevantes figuras frenteamplistas la invalidez del mismo en función de que en ese entonces la gente votó por miedo. Al respecto cabe analizar dos cosas: la primera es que tanto desde el punto de vista político, sociológico o jurídico, los actos electorales se analizan en sí mismos, sin calificar ni medir la intencionalidad de los electores. Es decir, ni política ni jurídicamente un gobierno es más legítimo porque se le atribuyan determinadas virtudes a quienes lo votaron, ni otro gobierno es menos legítimo porque se le atribuyan ciertos defectos a sus votantes. Por un lado cabe decir que los votos son todos iguales, sean pronunciados por la mayor de las inteligencias o por el más retardado, por el más culto o el más ignorante, por el más informado y el más desinformado, por el que tiene más sentido común que por quien tiene menos sentido común. También cabe señalar que no siempre van de la mano cultura o inteligencia con sentido común; un hombre puede ser culto, informado, inteligente y completamente energúmeno, y otro puede ser inculto, ignorante, desinformado y exhibir una profunda sabiduría existencial. Es muy difícil científicamente determinar cuál es el que vota mejor y cuál es el que vota peor.

Hace varias décadas que las principales universidades del mundo en que se investigan los procesos electorales, tratan de desentrañas las motivaciones profundas del voto. Existen dos grandes redes internacionales dedicadas a estudios comparativos de diversos países con tal objetivo: el Comparative National Election Project y el Comparative Studies of Electoral System[i]. Se aplican diferentes metodologías y se parte de hipótesis variadas; lo que se ha logrado es ir determinando el peso de determinadas interrelaciones, sin llegar a la existencia de una causa única. Por otro lado se observa la existencia de causas valorativas (políticas, sociales, religiosas, axiológicas, éticas), de comportamientos relacionales (con la familia, el trabajo, el barrio, los amigos) y de motivaciones profundas (la estructura psíquica del votante y su proyección en partidos y candidatos). También se detectan causas puntuales de un acto electoral específico, en función de particularidades de tiempo y lugar. Dicho lo anterior para despejar el intento de explicaciones monovariadas y simplistas, corresponde hacer un estudio de las cifras electorales.

Cabe subrayar que en 1989 el 16 de abril se realizó el referéndum sobre la Ley de Caducidad en que los partidarios de la Ley expresaron el voto en una hoja amarilla (u oro) y los contrarios a la Ley en una hoja verde. El voto amarillo fue auspiciado por el Partido Colorado (con la excepción del Movimiento de Reafirmación Batllista, guiado por el entonces diputado Vaillant) y por tres sectores del Partido Nacional: Herrerismo (Lacalle y Ortiz), Renovación y Victoria (Aguirre Ramírez), y Por la Patria (Zumarán). Este conjunto de sectores políticos componen lo que se puede denominar el Bloque Amarillo. A su vez, el voto verde fue auspiciado esencialmente por el Frente Amplio y la naciente coalición del Nuevo Espacio, liderada por Batalla e integrada por dos sectores en escisión del Frente Amplio : el Partido por el Gobierno del Pueblo (“La 99”) y el Partido Demócrata Cristiano, más un partido hasta entonces independiente, la Unión Cívica. Ello, más el mencionado Movimiento de Reafirmación Batllista y algunas formaciones menores, componen el Bloque Verde. En el 26 de noviembre del mismo se realizaron elecciones nacionales a la que comparecieron los mismos partidos y sectores referidos. Para compara los resultados cabe precisar que Uruguay exhibe un alto nivel de adhesión partidaria (estaba entonces y sigue estando hoy al tope en el mundo); en todos los actos plebiscitario-referendarios habidos (con la excepción de los dos “plebiscitos de los jubilados” y de la “mini-reforma” de 1984) se observa que el voto en los mismos se correlaciona con el coincidente o inmediato acto eleccionario.

¿Qué ocurrió en 1989? Corresponde ver el siguiente cuadro:

Porcentajes sobre el total de votos válidos de cada acto electoral

 

Como se observa, el swing entre los bloques, el desplazamiento de votos de un bloque al otro, fue tan solo del 0,61% del electorado, como pérdida del amarillo y ganancia del verde. En ese swing insignificante pueden influir muchos factores, entre los cuales se podría sostener el carisma y nuevo posicionamiento de Batalla al abrirse del Frente Amplio y presentar una cuarta opción propia y potente o el despunte de la figura de Tabaré Vázquez (inexistente como actor político en abril). También podría haber operado en abril el miedo como determinante del voto amarillo. Pero en tal caso la conclusión es: a) el carisma y nuevo posicionamiento de Batalla tuvo valor cero; b) no hubo despunte de Tabaré Vázquez, que aportó cero; c) a pesar de ello los votante por miedo habrían sido tan solo el 0,61% del electorado, cifra cuyo único efecto hubiese sido disminuir en medio punto la holgada victoria del amarillo sobre el verde.

El análisis crudo de los números, la impresionante correlación entre el voto amarillo en abril y el voto al bloque amarillo en noviembre, del voto verde en abril y del voto al bloque verde en noviembre, hacen pensar que hubo motivaciones estructurales de naturaleza política en el voto sobre la Ley de Caducidad. Que hubo un gran seguimiento a partidos y liderazgos.