El 14 de mayo de 1948 surgió el
Estado de Israel. Uruguay se consideró a sí mismo
como una especie de padre de esta criatura (o uno de
sus múltiples padres) y a lo largo de más de seis
décadas tuvo relaciones de fuerte ligazón y apoyo.
Cabe recordar que el Estado de Israel es producto de
muchas cosas (la colonización judía de Palestina, la
lucha por la creación de un hogar nacional judío, la
reivindicación de derechos milenarios) pero como
hecho determinante la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre
de 1947 (número 181), que aprobó un plan propuesto
por siete países: Canadá, Checoslovaquia, Guatemala,
Países Bajos. Perú, Suecia y Uruguay. Dicho plan
establecía la división del territorio palestino y la
creación allí de dos estados, uno judío y otro
árabe. En su elaboración tuvo destacada actuación el
por largo tiempo embajador uruguayo en la ONU,
profesor Enrique Rodríguez Fabregat, ex ministro de
José Batlle y Ordóñez, hombre muy cercano a Luis
Batlle Berres y dirigente cuasi fundacional del
Frente Amplio
El fuerte lazo entre Uruguay como
país - no solo como gobierno- e Israel tuvo un
momento culminante en 1985, apenas restaurado el
régimen constitucional, cuando la totalidad del
sistema político participa en el Palacio Peñarol en
un acto de celebración del 37° aniversario de la
creación del Estado. Allí hablaron el secretario
general del Partido Colorado Enrique Tarigo, el
líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate y el
líder frenteamplista Liber Seregni. La ligazón
Uruguay-Israel no fue óbice para que la República
Oriental votase muchas veces en forma disidente y
hasta opuesta a Israel. A éste se le reconoce como
territorio y como fronteras las existentes hasta
1967, y Uruguay siempre ha condenado la ocupación de
los territorios más allá de dichas fronteras,
conocidos como Cisjordania y la Franja de Gaza,
ocupados entonces por Israel y anteriormente
ocupados uno por Jordania y el otro por Egipto.
Desde los acuerdos de Oslo entre Israel y la
Organización para la Liberación de Palestina (1993),
dichos territorios pasaron a ser administrados por
la Autoridad Nacional Palestina (ANP), sin que fuese
constituido como estado independiente.
La ANP es admitida en calidad de
miembro observador de Naciones Unidas, pero no es
miembro pleno ni tiene reconocimiento de estado
independiente por dicha organización. En este tema
los países del mundo se pueden clasificar en tres:
los que reconocen a la ANP como estado
independiente, los que tienen relaciones
diplomáticas con la ANP sin el estatuto de estado
independiente y los que no tenían relaciones
formales. Uruguay se situó hasta hace pocas semanas
en esta última categoría: no existía relaciones con
la ANP. De golpe, fue de una punta a la otra y pasó
a reconocer a la ANP como estado independiente, cuya
primera consecuencia es reputar que la presencia de
tropas israelíes en Cisjordania constituyen la
ocupación de territorio de otro Estado. Este ha sido
quizás el giro más importante en policía exterior
dado por este gobierno. La nueva tesis uruguaya es
que “No puede haber una
solución para el proceso de paz en Medio Oriente sin
la existencia de dos estados consolidados”. La
decisión sobre Palestina fue cuestionada por la
oposición, que consideró que el mantenimiento del
statu quo es lo que mejor garantiza las
negociaciones de paz. Curiosamente, en lo que a esta
altura es una constante del Frente Amplio en temas
de política exterior, no hubo una sola disonancia
interna con esta postura, como tampoco hubo una sola
disonancia con la postura opuesta sostenida –por vía
de los hechos- por el gobierno de Tabaré Vázquez.
Pero la decisión sobre Palestina
–que deja de un lado al Frente Amplio y del otro a
los otros tres partidos- se potencia con el otro
giro, que tiene que ver con las relaciones con Irán,
dado en dos pasos. El primero, al protagonizar una
visita parlamentaria a la república islámica, donde
el oficialismo contó con el apoyo de Vamos Uruguay
(sector colorado mayoritario liderado por
Bordaberry) y por Corriente Renovadora del Partido
Nacional (sector uninominal en la cámara baja,
guiado por Pablo Abdala). El otro, que generó más
polémica, donde el oficialismo no contó con al menos
apoyos públicos y sí con fuertes cuestionamientos
desde la oposición, es el no haber votado el envío
de una misión a Irán del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU. No han sido claras las argumentaciones
del gobierno, como sí lo han sido en el
reconocimiento de Palestina. Lo que surge con
nitidez es una valoración de privilegiar con sentido
pragmático e inmediato el hecho de que Irán es un
muy buen socio comercial de Uruguay (en este
sentido, este tipo de pragmatismo que condiciona la
valoración de los derechos humanos a los intereses
comerciales del país, ha sido una constante en
relación a China, donde bajo gobiernos de los
partidos tradicionales Uruguay no acompañó ninguna
condena, muchas veces pese a la fuerte presión de
Estados Unidos).
Un tercer tema tiene que ver con
Libia, país acérrimo enemigo de Israel. La postura
del gobierno, que explicitamente apoyó la línea
abstencionista en el Consejo de Seguridad de la ONU
y condenó la acción armada de Estados Unidos,
Francia, Reino Unido, España, Italia y aliados
menores, entra más con la tradicional adhesión del
país al principio de no intervención en los asuntos
internos de otros países, y además en su rechazo al
uso de la fuerza. En este aspecto, puede separarse
el tema Israel del tema Libia, lo que no ocurre ni
con Palestina ni con Irán.
Lo que no se sabe es si en el
gobierno se valoró debidamente la acumulación de
señales que recibe Israel desde Uruguay, de un
distanciamiento. Señales en el sentido opuesto dadas
hace un año –en la recepción por el aniversario del
Estado de Israel- a la que concurrieron de manera
excepcional el presidente y el vicepresidente de la
República, así como la mayoría de los ministros.
