EMILIANO COTELO:
Como todos los viernes a media mañana, nos encontramos a partir de este momento con el politólogo Oscar Bottinelli en "La opinión pública".

Estábamos proponiendo desde temprano un título por este lado "Poder Judicial, política y ping-pong", para el cual podríamos empezar recordando una de las noticias de esta semana. El Juez que entiende en el caso de un empresario denunciado por lo que podría ser tráfico de influencias, le solicitó al directorio del Partido Nacional que le informe si en noviembre de 1992 el Herrerismo recibió una donación, su monto -si es que existió- y quién la efectuó. Y también pidió que se le indique las formas corrientes de recepción de donaciones y cómo se registran documentalmente.

Me gustaría empezar la conversación de hoy por ahí, porque esta resolución, este escrito remitido por el Juzgado al Partido Nacional, cayó muy mal en el senador Walter Santoro, que lo consideró negativo desde el punto de vista institucional. La dureza de la salida del senador Santoro, creo que sorprendió a muchos cuando lo escuchamos en estos días.

Vamos por este lado, entonces.


OSCAR BOTINELLI:
Este es el hecho político más importante de la semana. Una afirmación que va a parecer un poco exagerada con todo lo que ocurrió. Estratégicamente es el hecho político de esta semana. Cuando todo este tema baje un poco el nivel, lo del envío del Juez Cardinal al Partido Nacional, es de los temas que va a haber que ver como gran tema de análisis sobre Poder Judicial y partidos políticos.


EC - ¿Por qué dice esto?


OB - Me gustaría ir desarrollando un poco todo el tema.


EC - Vamos a ver cómo llegamos, entonces.


OB - Vamos un poco más atrás. En las investigaciones parlamentarias y las denuncias contra dirigentes políticos. En cuanto a denuncias contra dirigentes políticos, tenemos en el país varios períodos. Uno muy famoso fue en los años 40, una campaña que determinó una comisión investigadora, promovida por el Herrerismo contra el gobierno del Partido Colorado, que fue conocido como el tema de las implicancias. La denuncia estaba centrada en acusar a dirigentes del Gobierno o a miembros del Gobierno, de estar implicados entre su actividad pública y su actividad privada (personal, o de amigos o de familiares).

Ya más adelante, a fines de los años 50, la elección crucial del año 58, fue una feroz campaña llevada adelante por el doctor Herrera contra el gobierno de Luis Batlle, que no pasó por el plano parlamentario, sino por el plano electoral, por el plano de la campaña electoral, de los discursos, de la propaganda y del periodismo.

A fines de los años 60 tenemos dos líneas importantes. Una promovida por grupos que son precursores del Frente Amplio, de Comisiones Investigadoras fuertes sobre políticas de créditos del Banco de la República a determinado tipo de industrias, sobre la gestión de UTE, contratos de UTE, que afectaban. Denuncias de implicancias, de posibles actos de abusos de funciones, de posibles actos de deshonestidad personal de algunos miembros. Y por otro lado, hubo una sucesión de hechos protagonizados por los senadores Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra, que determinaron el derribo del Ministro de Industria y Comercio, la renuncia del Intendente Municipal de Montevideo, la renuncia del Ministro del Interior, situación difícil para el Comandante General de la Armada, para el Jefe de Policía de Montevideo, que también estaban implicando hechos de esta naturaleza.

En todos esos casos, el terreno en que se dirimió la controversia y las denuncias políticas, fue un terreno estrictamente político, el terreno parlamentario o el terreno periodístico electoral o tribunicio. El Poder Judicial, en algunos, casos actuó como depositario de denuncias.

Pero la denuncia era "al final de" y no era "en torno a la denuncia" que se jugaba a la controversia política. La controversia política se había jugado en el plano parlamentario y previamente. Es decir, había una etapa -si se quiere- de actividad política, de controversia de ideas, de actitudes, de representaciones distintas, de porciones de la ciudadanía. Por un lado, en el terreno natural del sistema institucional y por otro lado, el Poder Judicial había el caminar una serie de denuncias en un silencio más propio de la actividad judicial.

¿Cuál es la diferencia actual? La diferencia actual es que empieza a haber un permanente recurrir a la denuncia judicial y la denuncia judicial pasa a ser el hecho político. Por lo tanto, la investigación judicial tiene una centralidad política. El caso "Banco Pan de Azúcar", el caso anterior del "Banco de Seguros" (las acusaciones contra el ex-presidente Grenno y el asesor presidencial Cambón), el caso referido anteriormente del empresario, que si bien la denuncia fue hecha por un particular, esa denuncia fue asesorada y organizada por dos parlamentarios, la investigación de lo que se puede llamar el "caso Morelli" en Salto sobre la compraventa de una casa de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y todo indica que va a aterrizar ahí también toda la investigación de FOCOEX.

Pero el tema no es sólo en relación a estos episodios. También ha habido otro tipo de episodios en que se han jugado controversias más menos políticas en el plano judicial. Acusación del diputado Palomeque contra el diputado Morelli por difamación, acusación del Presidente de Paraguay contra un periodista uruguayo por ataque a la honor de un jefe de Estado. Más atrás, tres jueces laboralistas que embargan fondos electorales del Frente Amplio por un juicio de dos medios de prensa, al cual los jueces lo consideran parte de un mismo grupo económico del Partido Comunista, al cual considera "grupo económico".

En las dos legislaturas anteriores habrían algunos hechos típicamente judiciales con muy fuerte connotaciones políticas. El pedido de juicio de desafuero a Da Silva Tavarez por un tema de carácter impositivo, que se cuestionó mucho de que de diez expedientes el único que había terminado en la Justicia era ese; la forma en que se procede a acelerar la liberación de los Vascos acusados de pertenecer a la ETA y la fechas elegidas. El juicio que estaría tramitándose de desafuero de Mujica Cordano por delito de imprenta. Y anteriormente, incluso, la acusación del fiscal Langón contra el dirigente del M.L.N. Fernández Huidobro por unas declaraciones vertidas en la controversia televisiva con Pablo Millor.

Estamos viendo un conjunto de elementos de carácter político que tienen como "cancha" el Poder Judicial, a veces promovidos por elementos del propio Poder Judicial, otros oficinas administrativas del Poder Legislativo (como el caso de desafuero Da Silva Tavarez) y en otros casos por los fiscales, dependientes del Poder Ejecutivo con independencia técnica, auxiliares de la justicia y otros directamente por los propios dirigentes políticos.

Y esto que contrasta mucho con la actuación anterior (estamos hablando de los 40, 50, 60) es lo que nos llevó al título este de "Poder Judicial, política y ping-pong". Empieza a jugarse un "ping-pong" político, político en el sentido amplio, no sólo de partidos políticos, de sectores políticos, con la "cancha" del Poder Judicial. Y esto es una innovación (por supuesto que estamos hablando de toda una década, pero acentuada en los últimos dos años), es un cambio sustancial con el manejo político del Uruguay de los años precedentes a la interrupción institucional.


EC - ¿De alguna manera está en juego la independencia del Poder Judicial?


OB - Aquí hay que analizar situación uruguaya y situación comparada. Cuando se habla de independencia del Poder Judicial, como cuando se habla de apoliticidad de Fuerzas Armadas o actitud apartidaria o apolítica de los directores de Entes Autonónomos, uno es el análisis que pueda hacerse desde el punto de vista jurídico. Otra cosa es el análisis de que son los hechos desde el punto de vista politológico. Nunca las cosas son ni "tan tan" ni "tan poco", siempre hay un poco de todo. Obviamente, no es lo mismo hablar de países donde el sistema judicial tiene una clara intromisión del Poder Ejecutivo (caso Argentina) donde hay nombramientos de jueces por el Poder Ejecutivo, donde se denuncian presiones muy claras, pero además se denuncia partidirización muy fuerte de los propios magistrados. Y otra cosa es hablar del sistema uruguayo, donde hay un nivel de independencia de la actividad partidaria bastante reconocida.


De lo nuevo que está ocurriendo en el país, es que los fallos judiciales empiezan también a ser difundidos públicamente, discutidos públicamente y la opinión pública empieza a tomar partido sobre este tema. Esto es nuevo y es un hecho que ya está desacomodando a los miembros del Poder Judicial, ya que en Uruguay existe una tradición un poco vieja de parte de sobre todo de lo que se mueve en la órbita del Poder Judicial, de asociar independencia con una concepción casi magestática de que nadie puede analizarlos, de que no puede haber juicios ni críticas. Recordemos algunas salidas bastante fuertes de miembros de la Suprema Corte en años anteriores, cada vez que aparecía una encuesta donde se señalaban los niveles que la gente atribuía a la confiabilidad judicial o a los magistrados judiciales.

Esto no es un tema de analizar independencia o no en los términos de si está en juego la separación de poderes... y una división del punto de vista del desarrollo político de un país, cómo juegan las distintas instituciones. Acá no ha cambiado nada el sistema institucional y sin embargo estamos desarrollando un hecho, que es que hoy el Poder Judicial es un centro de atención de controversias que afectan al sistema político, o denuncias sobre funcionamiento del sistema político, que antes no había ocurrido. Y esto es un cambio sobre el cual creer que es positivo o negativo, pero ese es otro tema. Nosotros no estamos haciendo un tema valorativo, sino una descripción de situaciones y de procesos.


EC - ¿Y en el caso concreto de este pedido del Juez Cardinal al Partido Nacional?


OB - Acá hay dos ejemplos, uno es el argentino -que acabo de señalar- y otro es el italiano. En Italia, que es un tema muy complicado, recién empiezan a haber historiadores y politólogos investigando cómo es que se produjo esa fenomenal caída de la primera República cuatro años atrás, donde el Poder Judicial fue un elemento central de la caída de esa primera República, en un mar de denuncias de corrupción, la mayoría de ellas probadas. Y de corrupciones muy fuertes. Hay acusaciones en Italia de convivencia con la mafia de personas que fueron ni más ni menos presidentes del Consejo de Ministros.

Pero también se señala cómo esa actuación judicial, llevó a catapultar a un plano cada vez más político a magistrados que participaron en esa actividad, al punto que el individuo paradigmático central de eso -que es el antiguo Procurador de Milán Dipietro- hoy está lisa y llanamente en la arena política, siendo ni más ni menos que Ministro de Obras Públicas, ya es un cargo totalmente fuera de lo técnico.


EC - Es bueno recordar ese antecedente, porque fue mencionado justamente por el senador Santoro al fundamentar su preocupación.


OB - Lo que quiero señalar es esto. Saliendo de las controversias políticas y esas jurídicas muy formales, recién ahora empieza a investigarse en Italia por politólogos e historiadores, qué pasó, por qué en ese momento cae la primera República. La corrupción no había empezado ese día, no era nueva. Por qué no ocurrió cinco años antes o tres años después, qué elementos movieron a que se aceleraran en un mismo momento todas esos juicios, qué efectos generó y por qué tuvo esa participación tan política de los magistrados. Sobre todo -que no es menor- geográficamente muy concentrados o del sur de Italia o los del norte, básicamente de Normandía.

Yo señalé algunas otras incursiones. Por ejemplo, tres jueces laboralistas que intervienen en embargar fondos electorales. Independientemente del propio análisis si la ley no establecía la inembargabilidad de fondos electorales, pero fondos para compensar campañas electorales embargarlos por reclamos laborales. Es un avance en jueces que entran en un terreno típicamente político, además que los fallos tuvieron errores muy gruesos, desde el punto de vista de lo que es el sistema electoral uruguayo, confundiendo lemas con fracciones y otras series de cosas.

Pero además de eso, acá lo que tenemos es que un juez, que se denuncia la posibilidad de un delito, porque sólo puede intervenir si hay delito... En el programa anterior analizamos nosotros minuciosamente el financiamiento de los partidos y dijimos una cosa: no hay ninguna forma de que el financiamiento de los partidos como tal sea ilícito porque no está reglamentado. Puede ser ilícito que alguien pretenda evadir a la D.G.I -por ejemplo- al hacer un aporte o que quién recibe el aporte, para recibir ese aporte haga en sí mismo un acto ilítico, como Ministro, como director de Ente, como lo que fuere. Pero en ese caso no tiene nada que ver el aporte en sí, sino lo que hizo en el cargo que tenía.

Pero además, los que delinquen no son los partidos, como no hay una institución que puede delinquir. Los que delinquen son hombres. Y acá se pide a un partido no un acto para investigar en sí mismo la denuncia, sino cómo es que se financia el partido, qué normas tiene, que documentos da, qué contribuciones hace. No nos olvidamos que, hace dos o tres años, con la ley de partidos políticos se entró en una gran controversia sobre cuál era el poder que podía tener el Estado de regular e intervenir en la vida interna de los partidos. En lo cual hubo una actitud diferente. Por un lado el Partido Colorado, una línea de relativo derecho de intervención que lo ubicaba en la Corte Electoral y por otro lado el Partido Nacional y el Frente Amplio en líneas muy duras en cuanto a que el juego libre de los partidos entendido por ellos como un elemento esencial del juego democrático, requería que el Estado tuviera una casi nula intervención en la vida interna de los partidos.

Y este es el tema, que este exhorto del juez Cardinal desata como polémica (cuando digo polémica estoy hablando no de polémica política, sino polémica de fondo) sobre el funcionamiento del sistema político, la relación Estado-Partidos Políticos y la relación Poder Judicial-Partidos Políticos.


EC - Un minuto para las conclusiones.


OB - Uno. Lo que se está dando es un creciente juego de controversias políticas, tomando como escenario el Poder Judicial, que es lo que luego crea situaciones complicadas como esta que acabamos de mencionar del exhorto del juez Cardinal al Partido Nacional y la respuesta del senador Santoro y la réplica de un ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Segundo. Empiezan a ponerse en juego, por un lado, el tema del papel de los partidos políticos en un sistema democrático, la independencia de los partidos políticos, la independencia del Poder Judicial, el papel del Poder Judicial en hechos que afectan a las dirigencias políticas. Y el juego de estos cuatro elementos es esencial para la forma y la naturaleza que va adquiriendo todo el funcionamiento institucional del país.

Esto es esencialmente el tema que ha quedado en la palestra esta semana y que es un tema de carácter estratégico sobre el funcionamiento político del país. Con mucho menos fuegos artificiales que los hechos de grandes denuncias que son titulares periódisticos, pero con un tema de fondo que necesariamente tiene que llevar al análisis, el estudio y la discusión política y esencialmente académica sobre el juego de todos estos elementos.