Si algún día existe la Torre de las Telecomunicaciones, uno piensa que el día que los hijos de los hijos la miren no sólo podrán decir que es la obra diseñada por el mismo aqrquitecto que proyectó La Opera de La Bastilla", que va a ser el punto más alto de Montevideo, sino que se va a decir: "Por esa torre empezó la última campaña electoral del siglo".

Porque realmente lo que está ocurriendo es que no sólo con la nueva Constitución uno de los problemas que se han señalado en su aplicación es que acorta el tiempo útil de gobierno, al crear este ciclo electoral de más de un año, que empieza con las internas en abril de un año y termina con las municipales en mayo del año siguiente. Además, la reforma constitucional, tan política, tan centrada en las cosas electorales, de alguna manera movió el piso a todos los políticos, les dio la sensación de que las cosas son distintas, de que se les apresuraron los tiempos electorales y hay un nerviosismo... Si fuera un economista, diría que hay un nerviosismo en la plaza.

Se ha generado una serie de reacciones que tienen sin duda un contenido electoral, ayudado por el hecho de que a principio de año empezó a surgir el nombre del presidente de Antel como uno de la larga lista de pretendientes o de nombres considerados en mayor o menor grado para una candidatura, lo cual hizo que algún rival lo pusiera en la mira. Y eso, un poco tardíamente, porque a los efectos de exhibición de logros del quinquenio se puede decir que Antel ya cumplió el logro básico hacia la población, que es haber satisfecho la totalidad de la demanda telefónica. Afectaciones posteriores no tendrían demasiado sentido en ese aspecto.

Y lo otro en que se ha centrado, también -esto se ha notado en filas nacionalistas-, es el combate a la Torre de las Telecomunicaciones, en el sentido de combatir lo que podría interpretarse como un símbolo que quedara en la ciudad de la gestión del presidente Sanguinetti.

Detrás del trasfondo de esto de la Torre de las Telecomunicaciones aparece un par de temas, un par de enfoques diferentes. Uno tiene que ver con el punto de vista político-económico, de concepciones del papel de las empresas del Estado, y otro tiene que ver con el aspecto jurídico del papel de los directores de entes autónomos.

Empezando por este último, en que hubo como hecho notorio la observación del Poder Ejecutivo al presidente de Antel, hay dos tipos de episodios que queremos analizar.

Los directores de entes autónomos figuran dentro de un conjunto de funcionarios que están en el numeral cuatro del artículo 77 de la Constitución, donde están los militares, los policías, los magistrados, que tienen prohibido realizar cualquier tipo de actividad política, tanto pública como privada, con la única excepción del voto.

Pero con los directores de entes autónomos se establece una excepción que ya les da una naturaleza distinta, que es que no queda incluida en las prohibiciones la concurrencia a los organismos partidarios que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno o administración.

La verdad es que esta disposición, cuando se incluyó y cuando se perfeccionó la Constitución del 66, más bien estaba apuntando a la actividad política de carácter electoral, por el temor -en una época de mucho clientelismo- del poder de los directores de entes autónomos a través de servicios, a través de empleos que podían desnivelar a su favor la competencia electoral en contra de otros dirigentes del propio partido. Esto no fue visto tanto como una salvaguardia entre partidos sino dentro de los partidos, entre figuras. Además, equiparar la prohibición de cargos que son designados a través de los partidos, que tienen una función relativamente política, a militares, policías o magistrados, es una exageración constitucional.

Por eso llama la atención que, habiéndose tocado el tema de los entes autónomos en esta reforma constitucional -ya que ahora los directores pueden ser removidos en función de todo un proceso político que implica una especie de falta de confianza del gabinete, reorganización de gabinete, reorganización de entes- se haya mantenido este tipo de prohibición.

Haberla dejado es una razón de más para que entonces se respete. No es la prohibición de los militares que no pueden hacer absolutamente nada, pero obviamente no pueden actuar libremente en política; tienen una función llamada técnico-política.

Acá ha habido dos tipos de intervenciones políticas. Una es la del contador Lombardo que, inequívocamente, en la defensa de la Torre de las Telecomunicaciones, hizo ataques claramente políticos, valorativos desde el punto de vista político, a partidos, a sectores y a figuras de gobierno, lo cual excedió claramente el cargo y mereció la observación que le hace el Poder Ejecutivo, que es una especie de sanción. Se puede decir que es una sanción moral, pero una sanción al fin. Y no entro acá a discutir si está mal o bien la sanción desde el punto de vista jurídico, porque hay catedráticos que consideran que no fue correcta.

Lo segundo es el tema de la Convención del Partido Nacional, que es un hecho inédito en el país. Por primera vez, la máxima autoridad de un partido le está encomendando a directores de entes autónomos -que son figuras que tienen prohibida la realización de actividad política- cómo deben votar en el ente autónomo.

Uno puede decir que siempre ha ocurrido así. Cuando el señor Ausqui, director de la 15, hace un replanteo en Antel, éste es consecuencia de lo que había dicho el doctor Batlle. Y es verdad, casi se puede decir que es lo mismo. La diferencia es que en el primer caso no aparece formalmente ni el Partido Colorado ni la lista 15 atrás de sus órganos mandatando a un director de un ente autónomo. Y acá aparece en la Convención una resolución expresa, formal, que comunica con escrito y con firma el presidente del Directorio, diciendo que dos directores de entes autónomos deben cambiar su voto.

Este es un hecho muy importante y muy trascendente en el cambio que puede ocurrir en la relación partidos políticos-directores de entes autónomos, porque de esta manera ya se les está dando a los directores de entes autónomos una sujeción a mandatos partidarios que no es la función que tienen los directores de entes autónomos, como surge del numeral 4º del artículo 77.

Queremos hacer unos breves apuntes desde el punto de vista de la concepción económica. En Uruguay, anteriormente, los entes autónomos eran considerados entes autónomos, parte del Estado que se mezclaba un poco con toda la labor del gobierno central, se consideraba natural que pudieran ser deficitarios, que los déficits los cubriera el gobierno central. Si en algún momento excepcional teníamos superávit, que eso fuera para los recursos centrales del país.

Esto fue muy fuertemente combatido a través de dos líneas. La primera línea que hubo fue sostener que todo lo que era actividad comercial del Estado o actividad comercial pública y mucho más monopólica, debía salir de la órbita del Estado y pasar a ser privado. Y fue el impulso a políticas de privatizaciones que en Argentina fue muy fuerte, en Brasil un poco más débil y en Uruguay fue más bien subsidiaria y no afectó a las grandes empresas como el petróleo, como la electricidad o como la telefonía básica.

Pero surgió una nueva tesis, de alguna manera acorde con la teoría privatizadora, que fue la teoría de que son empresas y que esas empresas deben buscar la eficiencia y que esa eficiencia debe traducirse en rentabilidad. Y que la forma de operar -tanto con los trabajadores como con los usuarios y con sus finanzas- es la de una empresa privada. Y así es como Antel y UTE hace años que no hablan más de "usuarios" sino de "clientes", así es como promovieron reformas de tal manera que cuando uno va al mostrador en lugar de darle un expediente lo atienden por teléfono. Eso lleva, entonces, al concepto de que si son empresas y obtienen utilidades esas utilidades se reinvierten en el progreso de las empresas.

Lo novedoso acá, a través del planteo surgido a partir del doctor Batlle, fue otra vez volver al viejo concepto de que si Antel obtiene utilidades, las mismas, en lugar de volcarse en la empresa para reinvertirlas en ella, para seguir teniendo el mismo nivel de eficiencia que tendría una empresa privada, pase a destinos políticos que cubran ausencia de recursos que tenga el tesoro central del Estado.

Este es un tema muy importante porque aparecería como un giro político-ideológico muy fuerte en relación a las empresas del Estado, que estaría partiendo a través de este planteo. Se estaría rediscutiendo que, de haber planteado privatizaciones o empresas estatales eficientes, se vuelva al concepto de empresas vinculadas directamente en sus recursos al Estado y que reinviertan o no, ya no como empresas sino en función de la orientación central de la política gubernamental.