La semana pasada la senadora Marina Arismendi y el diputado Pedro Balbi concurrieron a la Corte Electoral a acusar al profesor Germán Rama, director general del Codicen, por violación de la Constitución. Primero vamos a hablar de lo que no es este tema, dado que ha habido comentarios de prensa que han enfocado el tema de forma no exacta. Primero, nada tiene que ver en esto la laicidad de la enseñanza. El tema de la laicidad puede discutirse en muchos ámbitos, no en la Corte Electoral. Tampoco es que el Partido Comunista acuse a Rama de politizar la enseñanza. Algunos editoriales han dicho: "Vamos a discutir si es Rama o el Partido Comunista el que politiza". Tampoco tiene que ver con la Corte Electoral. Independientemente de que sea enseñanza o no, la función de un partido político es hacer política, por lo tanto no puede discutirse si está bien o mal que un partido político haga política; puede discutirse en qué ámbito la hace.

Lo que está en juego acá es otra cosa. A Rama se lo acusa de tener su conducta encuadrada en una prohibición del inciso 4º del artículo 77 de la Constitución. El inciso 4º dice: "Los magistrados judiciales -agrega otros funcionarios- y los directores de entes autónomos y servicios descentralizados, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a 10 años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, de autorizar el uso de su nombre y, en general, de ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".

Acá se está hablando de que un director de un ente autónomo está haciendo un acto de carácter político que estaría prohibido por este inciso. El inciso sigue diciendo que "No se considerará incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados a los organismos de los Partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración". Eso está ya marcando una diferencia con, por ejemplo, magistrados judiciales, militares o policías, que no tienen este permiso de relacionarse con partidos políticos.

Y la tercera parte del inciso establece en los aspectos formales que será competente para conocer y aplicar las penas el órgano jurisdiccional, la Corte Electoral, y que la denuncia deberá ser formulada por cualquiera de las cámaras, por el Poder Ejecutivo o por las autoridades nacionales de los partidos.

Acá tenemos una instancia de carácter penal, pero penal muy especial, porque no es la Justicia penal ordinaria, sino una función penal de la Justicia electoral. El Partido Comunista actúa como acusador y el delito que le imputa -porque estamos hablando de delito, ya que es penal- es el realizar actividad política, que está prohibida a los directores de entes autónomos.

¿Qué es actividad política para el inciso 4º del artículo 77, mucho más cuando estamos hablando de directores de entes autónomos que llevan adelante políticas? En general, la cátedra de Derecho Constitucional -estoy hablando desde Justino Jiménez de Aréchaga en adelante, durante medio siglo- es bastante coincidente en que la Constitución cuando habla de política está hablando de política partidista: no le impide al director del Banco República discutir una política monetaria, no le prohíbe discutir los efectos de una política económica o financiera. El Banco República y el Banco Central están para eso. Lo que dice es que no puede integrar una comisión del Partido Nacional, del Partido Colorado o del Frente Amplio, organizar clubes políticos, actividades que en definitiva se relacionen con la actividad política partidista o la actividad electoral. Acá la palabra política está usada en el sentido de política partidaria.

En el caso de Rama, la acusación va no porque haga política partidaria a favor sino política partidaria en contra; se está metiendo en el juego de la política partidaria al estar realizando una actividad propagandística contra el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular. Este es el ángulo que toma la acusación del Partido Comunista.

En general se entiende que los directores de entes autónomos si bien no pueden hacer política partidaria, tienen un régimen distinto, ya que el hecho de que puedan concurrir a las autoridades de los partidos para discutir temas de gobierno, administración y legislación, está reconociendo que hay un origen o una vinculación de tipo partidario en la designación de estos directores, que discutan con los partidos los temas "de alta política".

Planteado el tema, ¿qué tiene que hacer la Corte Electoral? Hecha la acusación, viene la instancia de descargos del profesor Rama, y la Corte Electoral tiene que juzgar si considera que el profesor Rama ha incursionado a favor o en contra de partidos políticos, si ha incursionado en política partidista, lo que sí le estaría inhibido por el inciso 4º. Este es el tema que tiene que juzgar la Corte Electoral.

Si considera que incursionó, puede penarlo o no. Ha habido casos en que se ha considerado que se ha violado el inciso 4º, pero en función de determinados atenuantes se ha eximido de pena. Si establece pena puede ser la destitución y accesoriamente la prohibición de ocupar cargos públicos por dos a 10 años. Esto es el ámbito de resolución.

Hay un tema complicado con respecto a la acusación. ¿Quién debe formularla? Una de las instancias es las autoridades nacionales de los partidos. Y acá se vuelve a plantear una de las confusiones en que actúa el Frente Amplio o sectores del Frente Amplio. Desde el punto de vista formal, como partido político en Uruguay, en el uso jurídico electoral es sinónimo de lema, es el Frente Amplio como tal, y los integrantes, a sí mismos se llaman sectores, partidos, vertientes, asambleas, movimientos, como sea. Son sectores que operan como sub-lemas u operan en otra denominación jurídico electoral como agrupación nacional. El Partido Comunista es una agrupación nacional dentro del sub-lema Democracia Avanzada del lema Frente Amplio.

Por otro lado, a los efectos de preservar una serie de elementos electorales como el derecho al nombre en forma exclusiva y excluyente y una simbología histórica y no perder esas calidades, el Partido Comunista -hablando ya como entidad política- tiende cada cinco años, después de cada elección, a presentarse a la Corte Electoral a registrarse como partido. Y eso generalmente se hace a través de personas diferentes de las que están figurando en la Lista 1001, en Democracia Avanzada, porque Democracia Avanzada pertenece a un partido diferente, al partido Frente Amplio.

Si es así, acá hay una confusión, porque la senadora Marina Arismendi y el diputado Pedro Balbi no pertenecen a ese Partido Comunista, marca registrada, formalmente inscripto en la Corte, separado del Partido Comunista real, que es parte del Frente Amplio. O la acusación la hacen personas que figuran en esa autoridad de ese partido que no aparecen ni se presentaron a elecciones ni son representación parlamentaria, lo cual estaría debilitando la denuncia. O la personería la tendría que ejercer, como autoridad nacional del partido, la Mesa Política del Frente Amplio.

Acá hay un problema que va a ser previo al problema de fondo de la acusación contra Rama, que es el tema de lo que en un juicio se llama la acreditación de personería: si está debidamente formulada la acusación por estas autoridades, que en definitiva corresponden a una agrupación o a legisladores que integran un lema cuya autoridad nacional no hizo la acusación porque no fue hecha por el Frente Amplio. Esto va a enredar inicialmente este tema del juicio político contra Germán Rama.

Recordemos que en la instancia anterior en que la Corte Electoral recibió una acusación por violación al inciso 4º del artículo 77, se pronunció, culpabilizó al acusado, pero lo eximió de pena. Fue en ocasión de la recolección de firmas para que hubiera referéndum contra la Ley de Caducidad respecto al capitán de Navío Gastón Silberman. Fue la última instancia en que actuó la Corte Electoral. Este es el tema y así está planteado.