Hace unas semanas se produjo en Uruguay todo un episodio político en torno a la venida del presidente Frei, donde las anteriores actitudes del ex presidente de la Junta Departamental, Jorge Zabalza, en relación a otros jefes de Estado, temores manifestados por la representación diplomática y el gobierno chileno, generaron todo un episodio político-diplomático, incluyendo la no presencia en sala de la casi totalidad de la bancada del Frente Amplio. Y ocultó algún trasfondo interesante que había ahí, que se desliza de parte de los comentarios que surgen del gobierno chileno: un temor a reacciones en el propio Chile que podría generarse en función de alguna crítica a las Fuerzas Armadas o al general Pinochet que surgiera de algún acto protocolar.

Esto centra en su lugar un tema muy importante, que es el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas, simbolizadas en este ya anciano militar que a fin de año va a pasar a retiro, después de 24 años en el Comando en Jefe del Ejército chileno, 17 de ellos como presidente de facto.

Pinochet es un general, comanda una... no recuerdo exactamente si se llama región o división chilena, que en marzo de 1973 aparece en distintas conversaciones como uno de los más leales al gobierno del presidente Allende, y en el mes de julio es aclamado en la plaza pública ante un discurso de Allende que lo señala como uno de los grandes defensores de la constitucionalidad chilena. El 11 de setiembre es quien, como comandante en jefe del Ejército, encabeza el golpe de Estado que derriba el gobierno de Allende e instaura un régimen militar que, a diferencia del régimen uruguayo, es considerado en las categorías de ciencias políticas como "golpe fundacional". Es decir, no como fue el uruguayo, cuyos propósitos, cuyas declaraciones, eran apuntar a corregir lo que las Fuerzas Armadas entendían que eran errores, desviaciones o malos funcionamientos de un sistema, pero que no cuestionaban el sistema, sino que el golpe chileno es de los que pretenden crear toda una nueva institucionalidad.

Esa institucionalidad se manifiesta más adelante en el proyecto de Constitución que en la primavera de 1980 resulta aprobado. Acá no interesa demasiado el tema de si esa Constitución fue aprobada en un plebiscito con o sin fraude, como sostienen algunas fuentes entonces opositoras y hoy gubernamentales, porque lo importante es que en elecciones o actos electorales posteriores, como un plebiscito por el mantenimiento de Pinochet en la Presidencia de la República, que preveía la propia Constitución, y luego ya en elecciones competitivas pluripartidarias, en ambos casos, ya con un deterioro muy fuerte del gobierno chileno, hubo más de un 40% -en una de ellas fue el 43%- de apoyo al régimen militar. Fue un régimen militar que, más allá de su actuación, de la forma, tuvo un apoyo muy importante cuantitativamente en muchos sectores de la población.

Y esta Constitución del 80 determina una forma de salida institucional que deja atado un conjunto de mecanismos. En primer lugar, esta Constitución no preveía específicamente que en el año 88 hubiera elecciones presidenciales, sino un plebiscito en el cual la población se pronunciara por "sí" o "no" por un nuevo mandato del general Augusto Pinochet. Triunfó el "no".

Entonces, recién ahí, en función de ese "no", se abrió el paso a elecciones competitivas que dieron lugar al comienzo de la transición con la Presidencia del demócrata-cristiano Patricio Ailwyn, pero como producto de todo lo que se llamó en el plebiscito del 88 la Concertación por el No, y a partir de las elecciones la Concertación para la Democracia, que es lo que ha seguido gobernando hasta hoy, ya con el mandato de Eduardo Frei.

Quedaron algunas ataduras importantes desde el punto de vista jurídico y hay dos muy significativas. La primera es que el presidente de la República tiene muy fuertes limitaciones en materia de mando de las Fuerzas Armadas y designación de los mandos de éstas, que se expresaron entre otras cosas en la continuidad hasta este fin de año del general Pinochet en la Comandancia en Jefe.

La segunda limitación tiene que ver con la Cámara de Senadores, compuesta en una proporción muy alta, prácticamente un quinto del cuerpo, por lo que se puede llamar senadores "biónicos", usando una terminología brasileña, senadores que son designados por el presidente de la República, que fueron designados por el general Pinochet. Y entre estos senadores va a estar también el propio general Pinochet, que al cese de su papel en las Fuerzas Armadas va a pasar a integrar en carácter de vitalicio la Cámara de Senadores.

La salida de Pinochet puede entenderse como el comienzo de una segunda etapa en la transición chilena hacia la democracia institucional. Chile no es un país que tenga el nivel de funcionamiento democrático que tiene Uruguay, por ejemplo, a pesar de ser, junto con Uruguay, uno de los países que tuvo a lo largo del siglo mayor tradición de funcionamiento democrático, con mayor legitimidad en las elecciones y un funcionamiento político muy sólido, y de que tuvo en todo ese largo proceso algunas manchas en ese proceso democrático, como fue el período de fines de los años 40 en el caso chileno, pero no restableció esa cultura, esa tradición y esas instituciones como lo hizo Uruguay y todavía está en transición.

La primera larga transición termina este año, con la salida de Pinochet. La segunda transición es el camino a que ya unas Fuerzas Armadas sin este líder tan fuerte a su frente vayan pasando a una mayor subordinación al poder civil en el cual desaparezcan instituciones que coartan la potestad del jefe de Estado en el mando superior de las Fuerzas Armadas.

Y lo segundo es la reforma constitucional que, entre otras cosas, cambie la integración de la Cámara de Senadores que complica y fuerte la labor de los partidos mayoritarios, ya que hay un peso sobredimensionado de senadores que fueron designados, que no son electivos y que representan toda una concepción política claramente opuesta a la concepción electoralmente mayoritaria en Chile, entre los cuales va a estar el propio general Pinochet.

Chile tiene, pues, un largo camino todavía a recorrer, y si ha sido menos traumático -entre otras cosas, además de la forma en que ha sido conducido el proceso chileno desde el punto de vista político- es porque en un área muy conflictiva para el régimen militar, como el área económica, lo que hizo la Concertación para la Democracia en los dos gobiernos ha sido una continuación de los principios fundamentales de la misma política económica pero cambiando en algo -para unos en mucho, para otros en poco, pero cambiando- el énfasis social de esas políticas.

Sigue habiendo, entonces, dos áreas con un gran desafío para el sistema político chileno, para avanzar hacia una democracia plena en la que el poder político no tenga este tipo de condicionamientos.