El domingo se realizó la primera de las dos jornadas previstas para verificar la adhesión al recurso de referéndum contra el artículo 29 de la Ley de Inversiones, impugnación impulsada por un conjunto de sindicatos y un grupo de abogados laboralistas. La adhesión recogida fue la más baja que se ha dado en estas instancias, de menos del 5% en todo el país.

Recordemos lo que estaba en juego y el mecanismo. El artículo 29 de la Ley de Inversiones estableció un nuevo sistema de regulación de la caducidad de los plazos para efectuar demandas laborales, que en una época había sido de un año, a partir de la restauración democrática se extendió a 10 años atrás, y la nueva norma redujo el plazo a dos años hacia atrás, agregando un plazo de prescripción: sólo se puede iniciar la demanda hasta un año después de concluida la relación laboral. Lo que está en juego es si se mantiene o se deroga este artículo: si un referéndum lo derogara, no quedaría ninguna norma laboral específica en la materia y, según los especialistas, quedaría vigente el sistema previsto por el Código Civil, que establece la caducidad de cuatro años para las demandas. En cuanto a la mecánica para esta consulta, se requiere un número de firmas que equivale al 0,5% del total del padrón para ponerlo en marcha. Una vez verificadas las firmas por la Corte Electoral, se convoca a una primera instancia de adhesión, que es la que se cumplió este domingo, y de no alcanzarse el voto del 25% del padrón, se realiza una segunda instancia al año exacto de la aprobación de la ley, que se va a cumplir el 7 de enero de 1999.

Lo que importa para este análisis es cómo se gestó políticamente. A diferencia de las otras instancias, exitosas o fracasadas, en esta oportunidad no hubo ningún tipo de apoyatura política explícita, clara, inequívoca, sino que esta fue una iniciativa de un conjunto de abogados laboralistas y de un conjunto de sindicatos (más bien vinculados a los que algunos denominan sectores "radicales" o "combativos", incluso se los ha denominado como "los que combaten el inmovilismo político y sindical"). Estos sindicatos no obtuvieron inicialmente el apoyo del PIT-CNT ni del Frente Amplio, una negativa que se dio con mucho énfasis a partir del frustrado esfuerzo del 17 de junio, en el cual tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT se comprometieron, Tabaré Vázquez se comprometió personalmente en la campaña y cumplió un rol protagónico el mismo día, pese a lo cual no se alcanzó el 25% requerido (se llegó al 22,5%). No logrado ese objetivo, el Frente Amplio y el PIT-CNT parecen haber concluido que había que evitar el riesgo de un fracaso en el plano electoral y de convocatoria popular, que por un lado desgastara la imagen de un Frente Amplio que ha ido acumulando el crecimiento de adhesiones y de la intención de voto, y al que un fracaso en las urnas podía poner en duda; y por otro lado, en el caso del PIT-CNT, es un movimiento sindical que se ha ido achicando en los últimos 15 años, ha ido retrocediendo cuantitativamente en cuanto al número de afiliados, de adhesiones e incluso en su imagen popular, por lo que tampoco podría enfrentar nuevos desgastes.

Sin embargo, poco antes de esta jornada, en el mes de agosto, los promotores logran que el PIT-CNT oficialice su apoyo, y que a fin de agosto lo haga también el Frente Amplio. Pero ni el Frente Amplio ni el PIT-CNT fueron más allá de una declaración de tipo verbal. El interés previo demostrado por los actores políticos y sindicales fue muy claro. En materia de encuestas, por ejemplo, nosotros no sentimos ningún interés de nadie en que se hiciera un estudio al respecto. Porque no es simple: no se trata sólo de una pregunta sobre cuánta gente va a ir tal día. Las veces que lo hemos hecho han sido estudios muy complicados, de muchas preguntas, con muchos cruces, porque es muy difícil determinar cuál puede ser la predisposición real de la gente a concurrir en un acto de carácter voluntario. Esta vez no existió este interés. Por otro lado, el Frente Amplio se embarcó en los 20 días previos a esta consulta en una controversia interna muy fuerte sobre el tema de las candidaturas, de los acuerdos políticos entre el Frente y el Encuentro Progresista y de la definición del lema. Al punto de que el día previo a esta consulta el Frente estuvo centrado en esa controversia. Y el mismo domingo un relevamiento periodístico comprobó que la sede del Frente Amplio, del Encuentro Progresista, de Asamblea Uruguay, de la Vertiente Artiguista, del Partido Socialista, estaban cerradas. Es decir que el apoyo no fue más allá de lo verbal, y la adhesión obtenida representa el margen máximo al que pudieron llegar propiamente los impulsores.

Veamos ahora qué representan esas 110 mil adhesiones registradas el domingo. Obviamente, desde el punto de vista de una consulta que requiere 600 mil adhesiones, se logró prácticamente la sexta parte y no puede calificarse sino como extraordinariamente poco en cuanto al objetivo perseguido. Ahora bien: ¿qué representa esto? Para nosotros, esto muestra una vez más que existe en el Uruguay una cifra que va entre un piso de 100 - 110 mil y un techo de 150 -160 mil personas que representa lo que podemos denominar un espacio militante en el país. Un espacio que se mueve con cierta automaticidad en cualquier tipo de convocatoria que se formule desde la izquierda, sea desde la izquierda política, sea desde la izquierda sindical (las elecciones internas del Frente Amplio, por ejemplo, estuvieron en 140 mil, esta convocatoria en 110 mil). Es una cifra en la que se da una respuesta relativamente rápida a cualquier tipo de convocatoria. No es el "círculo de hierro", el que está más dispuesto a actuar en actividades muy internas, que hemos ubicado entre 40 mil y 50 mil, que son los que participan en las elecciones internas de los comités de base del Frente, en las movilizaciones sindicales, en las elecciones de Concejos vecinales de la Intendencia (más allá de que ahí se amplía el espectro de votantes a bastante más que la propia izquierda).

Importa analizar cómo difieren estas cifras de otras. Por ejemplo, el 8 de marzo, el total de convocatoria a adherir al referéndum contra la ley de Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico fue de 360 mil, y el 17 de junio fue de 525 mil. La votación del Encuentro Progresista y Frente Amplio en 1994 fue de 620 mil, y la votación que tendría hoy, en función de la intención de voto que registran las encuestas, es de 770 mil. Importan estas cifras, porque dan una relación prácticamente de seis a uno entre lo que puede ser el mayor espacio de captación electoral presente, y el este espacio militante que se verificó el domingo, pero que se verificó también hace un año en las elecciones internas del Frente Amplio, y que se verifica con mucha claridad en las encuestas, en una serie de automatismos de adhesión.

Es muy importante esta elasticidad porque, aunque no tengamos cifras claras, contundentes, podemos inferir que 30 años atrás estas cifras en la izquierda estaban mucho más próximas: el máximo espacio de captación electoral y su espacio militante quizá no llegaran a una relación de dos a uno. Lo que la izquierda era capaz de movilizar y lo que era capaz de captar para votar estaba muy próximo. Hoy la relación de lo que moviliza no es fija: depende del tema, depende de quiénes convoquen. Con alguna lógica, con algún fundamento, con elementos sostenibles por un perfil de izquierda muy claro, cualquiera puede convocar a los primeros 110 mil a 140 - 150 mil, pero de allí en adelante son escalones que dependen del cómo, del cuándo, del quién de la convocatoria, de la representatividad de las personas, instituciones u órganos que convoquen, y en tal caso se podrá llegar a más de 300 mil o más de 500 mil. Y aún así, todavía, hay hacia la izquierda un espacio electoral muchísimo mayor. Nos parece importante tener presente este degradé, que está marcando que esas condicionantes de la convocatoria son un dato clave en la respuesta que se pueda obtener. Esto marca con muchísima claridad lo que es hoy un matizamiento muy fuerte en las actitudes de la izquierda en relación a lo que es militancia y convocatoria.