EMILIANO COTELO: Hoy vamos a analizar el tema del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales, un tema que está arriba de la mesa en este año 1999, que aparece cada tanto en declaraciones y entrevistas cuando la campaña electoral ya se encuentra en marcha.

OSCAR A.BOTTINELLI: Es un tema que ha surgido a partir del monto que gastan algunos candidatos, de las fuentes a que recurren o han recurrido algunos candidatos o partidos en el pasado, sobre el control o no control del gasto. No ha surgido como un debate sino más bien como una acusación sobre el tema, que como toda acusación parte de supuestos, de cosas implícitas que cada uno considera lógicas. Y no siempre lo que uno considera lógico coincide con lo que es lógico para el otro.

EC - Está también el tema de que esta campaña - la previa al 25 de abril- se hace sin que desde el Estado haya un aporte por voto, como ha sido tradicional en los últimos años para las elecciones nacionales, lo que ha colocado a algunos de los partidos y sectores en dificultades para costear el despliegue publicitario y propagandístico necesario.

OAB - Exactamente. Ese fue uno de los distintos temas que se debatió después de la reforma. Hubo un argumento muy poco lógico para no aportar por voto a la campaña: que como ésta era una elección interna no le correspondía al Estado financiarla. Yo siempre hablo de la magia de las palabras: le encomiendan la justicia de la elección a la Corte Electoral, la organiza la Corte Electoral, se vota en locales públicos, el resultado es imperativo desde el punto de vista del Estado porque esta elección es la primera de tres para la elección presidencial cuyo resultado es inexorable, y luego a alguien se le ocurre que es interna y que no se debe intervenir en la vida interna de los partidos con el financiamiento. Se puede financiar o no, pero el argumento no puede ser éste; hay muchos otros, tanto a favor como en contra.

EC - Por citar un elemento más, recordemos expresiones del empresario Sergio Pintos (director ejecutivo de Pintos Risso S.A.), que puntualizaba que su empresa había fijado para esta ocasión un monto parejo para todos quienes vinieran a solicitarle contribuciones. Incluso dio la cifra -3.000 dólares-; dijo que varios dirigentes se habían molestado cuando se habían enterado del número y señaló su preocupación porque no se rendía cuentas después de cómo se utilizaba el dinero que una empresa o un empresario donaba a un partido. Menciono ese caso por citar nada más algunos de los fogonazos que el tema ha tenido en las últimas semanas que lleva a este análisis de hoy.

OAB - Vamos a analizar el tema globalmente. Lo peor que se puede hacer con un tema es analizarlo desde un ángulo exclusivo. Los ángulos son muchos: a un empresario le puede molestar o no -muchos dan muy gustos aportes para financiar partidos o candidaturas-, otros consideran que está bien o mal que aporte el Estado -unos dicen que no puede ser que los candidatos chicos no tengan dinero y otros dicen que no puede ser que se les dé dinero-, cada uno tiene su ángulo.

Vamos a analizar a nivel global del mundo occidental las distintas fuentes de financiamiento de partidos o campañas, luego los argumentos en contra -los a favor casi siempre son obvios: obtener fuentes de financiamiento-. Esto me recuerda cuando muchas veces se discutía el tema de los impuestos; se decía por qué debía ser justo o no justo un impuesto para fundamentarlo. Un viejo profesor decía que los impuestos primero están para financiar el Estado; después se ve si tal impuesto es mejor que otro. La finalidad inicial del impuesto es que hay que pagar un gasto. El fundamento del financiamiento de los partidos es que hay que financiar gastos. En general se apoya todo lo que sea obtener dinero para financiar. Más bien hay que ver las contras que se le ve a cada una de las fuentes de financiamiento. Vamos a ver también cómo ha sido el tema en Uruguay y cuáles son -en teoría- la regulación y control de las finanzas políticas como criterio global.

EC - Vamos al primero de los capítulos que describías: distintas fuentes de financiamiento.

OAB - Vamos a mencionar seis tipos de fuentes de financiamiento en función del origen del dinero. Les vamos a llamar financiamiento estatal, popular, comercial, empresario, corporativo y extranacional.

El financiamiento estatal es uno de los financiamientos modernamente más importantes. En primer lugar tenemos la discusión sobre el aporte pecuniario, en dinero, del Estado, que puede ser para financiar campañas electorales o el funcionamiento permanente de los partidos políticos. El aporte pecuniario estatal está muy extendido en el mundo occidental, en Europa, tiene su extensión también en América Latina, tanto para compensar gastos de campañas electorales -que es el que ha existido tradicionalmente en Uruguay- como para el funcionamiento permanente de los partidos -como es el caso de Costa Rica o de Italia-. Aquí se considera que los partidos políticos son agentes de intermediación del Estado, necesarios de la vida democrática, y por lo tanto es un gasto que le corresponde realizar al Estado. Estamos hablando de fuentes de financiamiento de campañas electorales y de partidos en régimen competitivo; no estamos analizando el caso de los partidos estatales o únicos, que por supuesto están muy ligados al Estado, sino que estamos hablando de los partidos privados en competencia entre sí.

Hay una segunda forma de financiamiento también estatal que es determinado tipo de exoneraciones impositivas. En Uruguay realmente no existe un régimen bien organizado de exoneración impositiva de los partidos políticos como el que existe en otros países, pero por ejemplo el hecho de que los partidos políticos no paguen el impuesto a la propaganda de vía pública que paga la publicidad comercial a nivel municipal es una exoneración impositiva. Pequeña, pero lo es. Puede haber otro tipo de exoneración, por ejemplo que se les devuelva el IVA de lo que compran. En Uruguay los partidos, como organizaciones sin fines de lucro, no pagan aportes patronales al BPS, como las universidades privadas y otras instituciones educativas. Es una exoneración impositiva no exclusiva ni principal de los partidos.

Hay una tercera vía de financiamiento estatal que son franquicias en tarifas estatales, servicios del Estado que pueden ser prestados por empresas estatales o por organismos centrales. Lo más común en el mundo son los servicios postales que los partidos políticos no pagan; en Uruguay no existe y los partidos políticos tienen que pagar el correo. En otros casos hay franquicias telefónicas; aquí hay un servicio que Antel pone para las elecciones. No es permanente, para cada elección dicta la resolución por la cual a un precio bastante módico se colocan teléfonos para el funcionamiento de sedes políticas, generalmente 30 días antes de las elecciones, que luego se retiran.

En cuarto lugar tenemos lo que viene a ser un financiamiento indirecto del Estado, que es cuando se concede tiempos gratuitos en medios de comunicación. Hablo de financiamiento estatal porque los medios de comunicación son concesiones del Estado que, como contraprestación, exige el otorgamiento de espacios -minutos, segundos- en radio y televisión gratuitos para partidos políticos o para candidatos. Cuando los medios son del Estado, el financiamiento es directo, ya que es el propio Estado quien está otorgando los minutos o segundos. En Uruguay recién empieza en esta elección el sistema; existió en las elecciones llamadas internas de 1982. En otros países es muy común y los tiempos que se conceden a los partidos son sensiblemente superiores a los que aparecen en esta experiencia nueva en Uruguay.

A muchos van a sorprender los dos últimos tipos de financiamiento. Están mencionados en un estudio muy interesante sobre los partidos y los modelos de partidos por Angelo Panebianco.

El quinto tipo de financiamiento es el porcentaje de sueldo de cargos políticos y de confianza. Lo pongo como financiamiento estatal porque, si bien sale del bolsillo de la gente, está muy relacionado al cobro de sueldos o gastos de representación desde el Estado. Por supuesto que va en detrimento del que ocupa el cargo público, al que se le disminuye el sueldo.

Por último, como financiamiento indirecto tenemos el uso de bienes oficiales.

EC - ¿Estás hablando del uso legal o del ilegal, del autorizado o del clandestino?

OAB - Yo hablaría del uso tolerado. No olvidemos que siempre existen dos Derechos: el Derecho normativo y el que una sociedad aplica y tolera. No hay ninguna duda de que en Uruguay hay dos Derechos en materia de tránsito. La gente considera que hay unas normas que permiten multar para recaudar y otras que los ciudadanos más respetuosos de todas las normas consideran que se deben cumplir, que tienen otras velocidades y otras preferencias distintas que las que marcan los reglamentos. Sobre esto del uso de bienes oficiales puede haber desde cosas que se consideren francamente excesos hasta cosas normalmente toleradas. Entre las toleradas hay franquicias postales que tienen no los partidos sino determinados funcionarios que ocupan cargos políticos, de las que hacen uso. Hay casos en que no se puede distinguir el uso político partidario y el estatal, porque en la medida en que ocupan cargos políticos todo lo que hacen en definitiva tiene una relación estatal.

En el juzgamiento de esto se puede ir de un extremo al otro. En 1973, en la ola de una serie de denuncias de corrupción contra políticos que estuvo en el andamiaje de lo que terminó luego en un golpe de Estado, un juez -que hoy está en la Suprema Corte- procesó a un edil por haber usado el auto para ir a la sede partidaria con un fundamento que no estaba acorde al concepto de lo que es el partido político como instrumento de intermediación en la democracia liberal. En el otro extremo está el considerar que todo lo que pertenece al Estado puede ser usado abierta y legítimamente en campañas electorales. Sobre esto no hay normas sino ciertos parámetros de tolerancia entre un extremo y otro.

En el financiamiento indirecto incluyo al personal del Estado que pasa en comisión y en ese pase en comisión cumple un conjunto de tareas que va desde lo más estatal y administrativo hasta tareas muy difíciles de distinguir. Para citar un caso que fue muy público: el general Seregni organiza el Instituto Fernando Otorgués y dice que se va a organizar con técnicos, que cada legislador aportará un técnico de cada uno de los pases en comisión a que tiene derecho. Ese instituto funciona fuera del ámbito del Palacio Legislativo pero tiene la finalidad de estudiar los temas que van a desembocar en toda la actuación de una fuerza política, entre en la de los propios legisladores. A veces se concibe la función política y la partidaria como que no tienen nada que ver con el Estado: sin embargo desembocan en el Estado. A veces ese pase en comisión implica tareas exclusivamente partidarias; puede discutirse si el desemboque es directo o no en el Estado. Este tema entra en una discusión más a fondo sobre la relación financiamiento estatal-partidos políticos.

EC - Vamos a las otras fuentes de financiamiento.

OAB - Hay fuentes de financiamiento popular o de individuos de dos naturalezas: el financiamiento de los afiliados o contribuyentes o simpatizantes o adherentes que hacen contribuciones regulares nominativas, que la persona aporta con nombre y apellido. Y están las contribuciones anónimas, que son las que se expresan a través de ventas de bonos, rifas, colectas, etcétera, actividades en que se recoge masivamente dinero. También tenemos el aporte de tiempo que hace la gente, que también es un financiamiento de los partidos. Si un partido tiene un conjunto de personas que dedica su tiempo libre a colocar carteles en las columneras, ese partido se ahorra un montón de dinero al no tener que contratar gente para hacerlo.

Una segunda categoría es la de financiamiento de carácter comercial. No estamos hablando de los aportes empresarios sino de cuando el partido realiza actividades de tipo comercial para su financiamiento. Aquí distinguimos tres categorías. Una es una actividad comercial que se liga a la propia actividad propagandística o proselitista, cuando se vende cosas que a su vez son de propaganda, el "merchandizing", la venta de llaveros, de ceniceros, de cositas que cumplen la finalidad de hacer propaganda y de obtener finanzas.

La tercera categoría es cuando los partidos montan pequeñas empresas más bien para disminuir costos de insumos, no tanto para hacer un servicio de ventas. Tienen sus imprentas, sus periódicos o algún medio de comunicación, su propio staff publicitario, equipos para propaganda en vía pública; buscan reducir sus costos a través de su propio montaje empresario. La tercera categoría es cuando hay actividades empresariales, partidos que montan empresas con la exclusiva finalidad de obtener recursos. Por ejemplo, fue común en Europa Occidental la existencia de empresas vinculadas a partidos comunistas que hacían negocios de comercio exterior con países socialistas y la ganancia de la empresa era un financiamiento de los partidos políticos. Esto se hacía muy claramente, a la luz del día, asumiendo públicamente el partido la propiedad de tal o cual empresa o agencias de turismo, de viajes, de carga. En general, el área servicios era la más usada.

Pasamos ahora a la cuarta categoría, la del aporte empresario. Los que aportan pueden ser individuos, pero hacemos la diferenciación con respecto al aporte popular en cuanto estamos hablando de aportes de fuertes contribuyentes. Ya no es una persona que saca una pequeña suma del bolsillo para comprar un bono o pagar una cuota, sino que hay aportes relativamente sustanciales. Estoy hablando de empresarios, de personas. Otra categoría es cuando se trata del aporte de las empresas. Este lo diferenciamos en aporte en efectivo -la empresa que pone para todos los candidatos, para algunos, para todos igual o para unos más y para otros menos- y aporte en especie -desde un producto que sirve para hacer la pegatina, papel para imprimir afiches, cartones para columneras, hasta la concesión de publicidad a menor precio o gratuita en medios de comunicación electrónicos o impresos-. Todo aquello que disminuya un gasto o permita realizarlo es un financiamiento.

La quinta categoría de financiamiento es la que llamamos corporativa. Diferenciamos por un lado el aporte de sindicatos -que se distingue del de las empresas entre otras cosas por la estructura, la forma de afiliación y representación-, que puede dividirse en dos: cuando los sindicatos aportan financieramente a un partido -esto ha sido muy regular en el caso de sindicatos norteamericanos generalmente al Partido Demócrata- en dinero, como si fuera una empresa, o en situaciones distintas, cuando el sindicato es parte de un partido político -como lo fue la central obrera británica, el Trade Union Congress, que era parte del Partido Laborista- o a la inversa, cuando el partido surge como expresión política del sindicato o de organizaciones de trabajadores. Ese fue el origen de muchos partidos socialdemócratas, sobre todo a fines del siglo pasado y principios de éste.

Otro aporte corporativo es el de iglesias, entidades religiosas, sectas, grupos de concepción filosófica o doctrinaria. En este caso se puede dar las mismas posibilidades que en los sindicatos. En muchos países los partidos han sido expresión orgánica de una religión o de una iglesia, o expresión semioficial, y la entidad religiosa ha corrido con buena parte del financiamiento. Otro es el caso de fundaciones, instituciones, organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales pueden a su vez estar vinculadas a concepciones religiosas, filosóficas o a grupos de interés o de presión.

Finalmente, hay países que tienen dependencias estatales, oficinas públicas, de una fuerte autonomía financiera, que se meten en política. Aquí hay que marcar que hay servicios de inteligencia o entidades más o menos parecidas que cuentan con abundantes fondos reservados, que prácticamente tienen escaso control, lo que les permite poder operar y jugar políticamente.

EC - ¿Te refieres a la incidencia de esas agencias en partidos del propio país o en partidos de otros países?

OAB - Dentro del propio país, a partidos o candidatos dentro del propio país. Esto se ha visto en países desarrollados con alguna frecuencia; ha sido denunciado y hay muchas publicaciones al respecto.

EC - Pasemos ahora al financiamiento extranacional.

OAB - Vamos a dividir al extranacional en los casos en que hay gobiernos, Estados o agencias estatales -aquí sí se puede incluir los Servicios de Inteligencia- que financian partidos de otros países. Otro caso es el de los partidos de un país que financian partidos de otros; no olvidemos que hay muchos partidos que están relacionados internacionalmente. En el mundo hay cuatro grandes organizaciones internacionales: los partidos demócrata cristianos, los socialdemócratas, los liberales y los comunistas. Existe el caso de partidos fuertes que apoyan a partidos débiles; podemos distinguir cuando es el partido propiamente el que apoya o cuando son instituciones paralelas, como fundaciones o institutos vinculados a los partidos, o cuando hay apoyos de fundaciones, instituciones u organizaciones no gubernamentales que no necesariamente están vinculadas a partidos políticos pero apoyan a partidos.

También tenemos empresas de un país que apoyan a partidos de otro. Por último, tenemos el caso más excepcional de organismos internacionales que apoyan a partidos. Esto puede sorprender, pero se ha dado que en programas de formación política, de consolidación de la democracia en países que salen de largos períodos autoritarios y pasan a una transición democrática, en el proceso global de institucionalización o democratización no sólo se financia el educar a la gente y organizar elecciones, sino que también se les da un apoyo financiero internacional a los partidos políticos, más que nada para que nazcan y se desarrollen.

EC - Pasamos a recorrer ahora el capítulo de las críticas, de las oposiciones a algunas de las fuentes de financiamiento.

OAB - En cuanto a la financiación estatal, hay dos tipos de temas. Uno no es una crítica al financiamiento en sí, sino toda la polémica en torno a cuando el Estado exonera, contribuye, aporta. Acá viene la discusión de criterios. Básicamente se pueden dividir en tres. El primer criterio es el aporte en función de reglas fijas, generalmente representación popular, el resultado de la última elección nacional o parlamentaria; así se distribuyó en Uruguay siempre, así se distribuye en Italia -aunque está en discusión en este momento- y así se distribuye en Ecuador y en Costa Rica.

El segundo criterio puede ser un aporte voluntario; está la propuesta de Berlusconi o de Alleanza Nazionale en Italia en la discusión que hay en este momento en el Parlamento para cambiar la fuente de financiamiento. Estiman que no puede ser que en función de un resultado, por cinco años se financien los partidos, sino que hay que hacer como en Alemaniacon las iglesias, donde hay un impuesto eclesiástico que permite que cada uno al hacer la declaración de renta decida a qué iglesia va a parar su impuesto.

Un tercer criterio es el norteamericano, muy peculiar para la mentalidad nuestra o para la europea, que consiste en que por cada dólar que recauda un candidato en determinadas condiciones, circunstancias y reglas, el Estado le aporta otro.

EC - O sea que por cada dólar que recauda el candidato en el sector privado el Estado le aporta otro tanto.

OAB - Para este criterio la recaudación es un síntoma de eficacia y de apoyo.

La polémica sobre la existencia de un financiamiento estatal directo o indirecto tiene que ver con el destino del gasto público y las prioridades de los recursos públicos. El argumento a favor es que las elecciones y los partidos son un elemento esencial para la democracia. Si se quiere democracia, los partidos tienen que funcionar y financiarse. Y sobre todo, si se quiere que los partidos compitan tiene que haber un financiamiento estatal. En contra, se dice que todo país tiene sus problemas, que hay problemas de pobreza, de miseria, de alimentación, de sectores carenciados, que tienen poco acceso a la salud, y que la prioridad del Estado no es financiar campañas electorales ni partidos políticos. Es una discusión muy de fondo en la cual hay una gama muy grande de argumentos a favor y en contra que corresponden a las posiciones que cada cual asuma.

Pasamos a las contribuciones de carácter popular. Diría que no hay oposición a las nominativas ni a que la gente dedique su tiempo libre. Pero sí hay una oposición fuerte en Uruguay al financiamiento a través de colectas, de bonos, de rifas, por entender que podría ser una forma de enmascarar otro tipo de aportes: si prohíbo los aportes empresariales pero vendo bonos, un empresario me puede comprar 100.000 dólares en bonos. Ese era un poco el criterio de combate a estas formas anónimas y colectivas de recolección de fondos.

En cuanto a las contribuciones comerciales, cuando un partido hace una actividad comercial -desde el "merchandizing" a tener una empresa- las críticas tienen que ver con considerar que se desnaturaliza la función del partido político. La función comercial es para comerciantes; el partido político tiene otra tarea en la sociedad, que no es comerciar.

Respecto al financiamiento de empresas o de empresarios, corporativo -sea de sindicatos, iglesias, u otro tipo de entidades- o extranacional -estatal o privado-, existe la misma crítica: que estos financiamientos pueden generar una forma de dependencia. "Yo recibo dinero de estos empresarios y luego tengo que tener una contrapartida". No necesariamente quiere decir que un empresario pone dinero para que su empresa se beneficie; ésa es una posibilidad que luego entra en el terreno de la corrupción. Puede ser que los empresarios ponen porque entienden que apoyando determinadas candidaturas éstas van a sostener una política económica que consideran que es la mejor para el desarrollo empresario o que los va a defender para la penetración de productos uruguayos en Brasil o que tal partido y tal candidato los van a defender mejor.

No hay que verlo solamente en el ángulo del toma y daca de una empresa para ganar una licitación, como un fenómeno de corrupción. Lo más general parece ser lo otro, la apuesta a determinadas macropolíticas. Pero esto puede verse también como una forma de dependencia de esas macropolíticas, es decir que determinados partidos no pueden imponer determinadas formas de impuestos sobre determinadas empresas si han recibido beneficios de ellas. Eso mismo es válido cuando se recibe aportes de iglesias, de sindicatos o de partidos o Estados extranjeros.

EC - Nos queda por ver el tema de la regulación y el control de las finanzas políticas en Uruguay y en el mundo.

OAB - En primer lugar está el debate acerca de si deben regularse y controlarse las finanzas de los partidos. A favor está el argumento de la transparencia. Yo quiero saber quién contribuye a cada partido para ver qué niveles de corrupción, de implicancia o de compromisos político-sociales adquiere un candidato con quienes lo financian.

EC - En este mismo plano de la transparencia está el querer saber qué se hace con el dinero que se recauda.

OAB - Sí; en general esto es lo que menos se discute, porque es raro que alguien recaude en una campaña electoral mucho más de lo que va a gastar y le sobre. Son situaciones excepcionales en el mundo que haya una gran recaudación a pretexto de una campaña electoral y que luego no se gaste en ella.

El argumento en contra de la regulación -una posición que en Uruguay tuvo originariamente la izquierda- señala que esto puede implicar que el Estado tenga un control y un poder sobre los partidos y de esa manera limitarles la libertad de acción, y que puede transformarse en un argumento del Estado o del gobierno o de los sectores de poder de un país para restringir las fuerzas que consideren fuertemente opositoras al sistema. Diferenciemos las oposiciones a un gobierno de las oposiciones a un sistema, cuando son partidos que no están proponiendo que el gobierno sea un poco mejor o peor, que tenga una orientación para acá o para allá, sino que están diciendo que hay que cambiar radicalmente el sistema. Esas son las fuerzas normalmente denominadas revolucionarias. Se considera que esas fuerzas pueden perder capacidad de actuar libremente si hay controles sobre las mismas de cualquier naturaleza; uno de ellos puede ser el control del manejo de sus finanzas.

Se puede decir que la tendencia en el mundo es que cuanto menor es la distancia que hay entre los partidos dominantes, cuando el sistema político está basado en partidos que coinciden básicamente en el sistema social y económico es cuando se admite mayor control y regulación estatales. Cuando los partidos tienen una distancia sistémica, cuando uno defiende un sistema y el otro lo cuestiona y propone otro, es cuando hay mayor resistencia al control, porque se supone que la controversia ya va en términos fundamentales y no coyunturales. Son oposiciones no de tiempo presente sino de carácter histórico.

En general, en el período de la Guerra Fría, del mundo bipolar, hubo una muy fuerte resistencia de los partidos comunistas a este tipo de controles y, por otro lado, un fuerte deseo de los partidos opuestos de querer controlarlos, a veces basados en argumentos como que sus finanzas podían no ser transparentes y otras directamente para poder controlarlos. Siempre existen las dos facetas en todo lo que se hace o se deja de hacer.

Un segundo tema -si se quiere más administrativo- es el ángulo del control de las finanzas políticas. Se puede controlar sólo la recaudación, porque lo que se busca es más que nada ver cómo se recauda y de qué fuentes se recauda, sobre todo cuando se dice que tales fuentes están prohibidas y tales permitidas. Se puede controlar quiénes son los aportantes; más allá de los montos tienen que quedar individualizados los que aportan y eso tiene que ser controlado. Muchos consideran que eso puede ser un atentado a la libertad individual.

En tercer lugar, tenemos el ángulo de control del gasto. Referido a esto vienen las formas de control y limitación. Puede haber un control y limitación del gasto en general, puede haber una limitación de las contribuciones que se obtenga, que es una forma al revés de limitar el gasto. Si limito lo que puede tener le estoy limitando el gasto.

EC - Limitar el total de lo que se puede recaudar.

OAB - En los dos casos estoy poniendo un límite global: en uno controlo lo que gastó y en otro lo que recibió. Generalmente, la opción por uno u otro es la que le resulta más fácil al que establece el sistema de controles. Hay una tercera limitación que no limita el gasto ni el total de contribuciones sino que -fundamentando que las contribuciones fuertes crean dependencia- limita todas y cada una de las contribuciones.

EC - Vamos a lo que ocurre en Uruguay con respecto a esto de limitación y control de las finanzas políticas.

OAB - No hay ningún control o regulación específica del financiamiento de los partidos, no existe ningún sistema de financiamiento estatal permanente. Existe una vieja costumbre: primero fue una ley que establecía que a los grupos políticos se les pagaba el equivalente a la impresión de 100 hojas de votación por cada voto obtenido y luego esto fue transformado en una cantidad por voto a pretexto de la impresión de 100 hojas. Después ya fue directamente una cantidad por voto equivalente más o menos a media unidad reajustable por voto, que es lo que rigió en las últimas tres elecciones. Pero no es un régimen permanente sino que en cada elección se ha votado una ley más o menos parecida.

Esa ley puede dictarse o no, hay incertidumbre en cuanto a si este régimen se va a volver a aplicar; puede haber voluntad política para hacerlo o no. Es distinto a que haya un régimen permanente como lo hay por ejemplo en Costa Rica, que ya se sabe cómo es y tiene normas de aplicación. Tampoco existe un órgano que controle las recaudaciones ni los gastos. En ese sentido se puede decir que el uruguayo es un régimen de absoluta libertad, de ausencia de regulación y de un financiamiento estatal persistente pero "ad hoc", al efecto de cada una de las elecciones, y no permanente por sí mismo.