EMILIANO COTELO:
Hoy el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone como título de su análisis "El pasado redivivo". Tomamos como punto de partida el discurso del presidente Jorge Batlle el 1º de marzo.

OSCAR A. BOTTINELLI:
El hecho de que los análisis políticos estén algo abandonados tiene que ver con esta situación muy especial del país, en que el comienzo de un gobierno, con toda la agitación que supone, que siempre genera hechos fuertes -normalmente en el plano económico pero esta vez ha sido en otros planos más políticos o societales- se ve mezclado con una elección.

EC - Esa era una de las cosas que llamaba la atención de la reforma constitucional.

OAB - Nuestra percepción es que la ciudadanía está mucho más pendiente de estos temas que de la elección municipal, aunque hay departamentos donde la elección es muy reñida y además los candidatos están ahí, a la vista.
El 1º de marzo el presidente de la República oficializa el planteo de un tema. En el momento de asumir, en uno de los puntos centrales de su discurso, ubica el "sellar la paz definitiva". Queda una duda sobre qué quiso decir con "sellar la paz definitiva": si despejar diciendo que acá queda un único tema pendiente -qué pasó con los desaparecidos, tanto adultos como niños- y una vez que avancemos en el esclarecimiento se sella la paz, una paz que no se firma, que es del espíritu; o si pretendió reabrir la discusión de todo el pasado. No importa mucho qué es lo que intentó hacer el presidente de la República. Lo que importa es que el pasado empieza a reabrirse. De la discusión sobre qué se hace, qué se puede llegar a hacer, qué voluntades hay o no sobre el esclarecimiento del destino final de los desaparecidos, y en el caso particular de los niños, quiénes son y dónde están, ya se empezó a discutir -quizás la manifestación del general Fernández fue un detonante del tema-, a abrir el pasado y analizar los temas del perdón o no perdón. Y además, hay que analizar qué quiere decir perdón; el otro día hubo unas muy interesantes reflexiones del ex senador Ignacio de Posadas a propósito del tema perdón. Lo cierto es que se está reabriendo el pasado, que hay que hablar de qué pasó con Uruguay y cómo se encara este pasado inmediato.
EC - O no tan inmediato. ¿De qué pasado estamos hablando?
OAB - En principio, de los 12 años del régimen militar. Pero los procesos políticos no nacen de un repollo sino de procesos históricos y sociales, y el pasado va un poco más allá. Cuando se reabre la institucionalidad, a fines de 1984 y comienzos de 1985, parece que Uruguay opta por lo que podemos llamar "el tiempo detenido".
EC - ¿Qué es eso?
OAB - Hubo un intervalo autoritario; un país democrático, civilizado, pacífico, tolerante, un buen día abre un paréntesis autoritario que dura 12 años, que termina. Y se restaura ese pasado: la misma Constitución, los mismos sistemas políticos, el mismo sistema electoral, los mismos partidos, los mismos liderazgos. Apenas un cambio de peso, de rol, de los actores principales. Está esa idea de que el tiempo continuó al segundo siguiente de la interrupción institucional, como en esas películas que congelan una imagen que luego continúa.
EC - Hubo algunos ejemplos hasta extremos en ese sentido, ¿no?
OAB - El ejemplo extremo fue la Universidad de la República. Uno se imagina esas escenas de los mismos personajes, los mismos decanos -todos menos uno-, el mismo rector, sentados en sus mismos despachos -quizás con algo menos de pelo y más canas-: 12 años después continuaba la marcha del reloj, no había habido más que un profundo silencio.
El debate de ese pasado estuvo básicamente centrado en un solo tema -muy importante, muy doloroso para el país-: la violación de los derechos humanos, que se debate muchísimo en los años 1984-1985 y continúa, mezclado con debates laterales que hacen al tema, hasta el mismo referéndum del amarillo y el verde, sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, el 16 de abril de 1989. Luego el tema queda cerrado, tapado, oculto, silenciado.
EC - No desaparece del todo.
OAB - Queda como un tema presionado, a veces por actores políticos o más bien por organizaciones sociales, directamente vinculadas a las víctimas, que mueven el tema, pero como un tema más, no como un tema central. Hasta este año el tema no había tenido la centralidad que tiene hoy.
EC - Quizás un destello de debate a propósito del pasado se dio a propósito de los 25 años del golpe de Estado, en el año 1998.
OAB - Se dio algo que yo calificaría como muy leve. Estos días hemos estado repasando lo que hubo en el año 1998 -nosotros hicimos aquí un análisis-; fue algo fugaz, no se caló hondo. En el fondo hay un gran "debe" de todas las investigaciones sociales, y lo decíamos en aquel momento: la investigación histórica, la sociológica, la politológica, primero para saber qué pasó durante el golpe, de lo que se ha escrito bastante, todavía sobre todo más en el área testimonial que en la de investigación profunda, aunque hay algunos trabajos más o menos puntuales de algún aspecto del período. Sobre todo importa saber cómo se llegó a esa situación, cómo se llegó a que un buen día se interrumpieran las instituciones. En especial, cuando analizamos determinados hechos. Algunos pueden haber ocurrido después del 27 de junio de 1973, cuando formalmente se dio el golpe de Estado. En otros casos el Estado actuó en forma represiva, acusada de violar los derechos humanos, en el período constitucional, o al menos antes de la interrupción institucional. Y hubo otros actos que provinieron de un ángulo no estatal y afectaron vidas, que ocurrieron también en ese período.
Es decir que no ocurrió que, de repente, alguien mesiánico salió, sorprendió a todo el mundo e instauró un golpe de Estado. Hubo un proceso hacia ese golpe de Estado. Eso es también lo que Uruguay ha enterrado: cómo fue que el país fue perdiendo la tolerancia, la convivencia civilizada, el funcionamiento político. Ningún golpe de Estado se da con toda la opinión pública en contra; algo va ocurriendo para llegar a esa situación.
EC - Tú decías que hay un debe en las investigaciones sociales acerca del pasado.
OAB - Incluso hay un debe en la reflexión política, no sólo en las investigaciones. Hay que ir bastante atrás. Tampoco hay estudios de opinión pública de la época que sean serios, confiables y consistentes, entonces hay que referirse a percepciones, algunas de ellas del recuerdo o de actores que vivieron la época de determinada manera.
EC - El primer problema es a qué fecha nos remontamos para buscar esas percepciones.
OAB - El tema es cuándo se puede empezar a estudiar que Uruguay pierde fe en ese destino o esas formas de vida. Uno rastrea que entre 1955 y 1958 Uruguay empieza a generar insatisfacción. Uno mira la prensa de la época y encuentra un país conflictuado, en el que el debate político sube a un tono extremadamente duro y que tiene como efecto que, por primera vez en un Estado moderno, en elecciones libres y competitivas, pierda el gobierno el Partido Colorado y lo gane el Partido Nacional, que gobernará los dos períodos siguientes (que en aquel momento eran más cortos y totalizan ocho años). En ese período, en el comienzo de los años 60, empieza a percibirse que en el país los valores de la democracia pluralista, del sistema democrático-liberal, empiezan a perder lentamente adhesiones desde muchos lados. Si observamos prensa de la época vemos que es entonces cuando se empieza a hablar de que alguien acusa a otro de un intento de un golpe de Estado. En la década anterior no se hablaba de eso.
Empieza la búsqueda de militares en la política. El primer caso es en 1962, cuando el sector anti-Luis Batlle, minoritario en el Partido Colorado, busca refortalecerse con Oscar Gestido, un general muy civilista. Pero no era un hombre político típico y no había habido en ese nivel de candidaturas ningún militar desde Alfredo Baldomir; estamos hablando de opciones de primera línea, no de candidaturas marginales. Este es uno de esos pequeños síntomas. Alguno podrá decir que fue un caso excepcional. Sí: fue excepcional Gestido, fue excepcional Seregni, fue excepcional Aguerrondo, pero cuando quisimos acordar, en la década que fue de 1962 a 1971, tuvimos varias candidaturas militares, incluyendo la de la izquierda, o esa centroizquierda-izquierda que busca romper el bipartidismo tradicional y opta por un general que la represente.
EC - Que además no venía solo: estaba acompañado por un grupo de militares de izquierda.
OAB - Por supuesto, vino acompañado por un grupo de militares. Del otro lado también encontramos -sobre todo a partir de lo que implicó la Revolución Cubana como gran fenómeno removedor desde el punto de vista ideológico- la relativización que va teniendo el concepto de democracia liberal, de democracia política, a la que se comenzó a ver como una forma de democracia limitada, que permitía determinadas libertades pero que suponía determinadas formas de acotamiento de democracias más plenas, más puras o más auténticas. Más bien era un ejercicio de elecciones que no representaba realmente la voluntad de pueblo. Esto no fue común a toda la izquierda, pero fue un discurso asumido por algunos plenamente y por otros en forma parcial en algún momento.
En ese período también tuvimos un descaecimiento -que no podemos probar, no hay estudios de opinión, pero hubo una percepción dominante en los años 60 al respecto- del sistema político, que fue perdiendo cada vez más peso y prestigio. Quizás esto estuvo asociado -habría que investigarlo- a que el país cada vez daba menos soluciones a las inquietudes de la gente, había terminado la prosperidad de los años 40 y primera mitad de los 50 y se percibía que se vivía cada vez peor. Hay que ver cuánto era esa percepción. A veces uno ve cifras de esa época que no aparecen tan dramáticas como la visión que se tiene de lo que ocurrió -lo que importa es la visión que tiene la gente, no si las cifras coinciden o no; un país puede estar cayendo poco y la gente puede no admitir esa pequeña caída, o al revés, que la caída sea mucho mayor en indicadores no medibles-; lo cierto es que había una percepción de caída del nivel de vida.
Debido al sistema político por un lado y al régimen institucional por otro, a la existencia del colegiado, Uruguay fue quedando fotografiado cada vez más como un país sin autoridad. No había un presidente de la República visible; había un presidente del Consejo que cambiaba todos los años, mayorías en el Consejo de Gobierno que a veces no actuaban sólidamente... El segundo colegiado blanco -el último de los cuatro colegiados- tuvo sin duda muchos problemas internos; muchas veces la mayoría aparecía dividida, con algunos rumbos oscilantes. Y a todo esto se sumó la idea de una dirigencia política que no se calificaba de corrompida sino de privilegiada.
Había dos grandes elementos que se señalaban como el símbolo del privilegio. Uno era una ley que rigió desde febrero de 1955 hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1967, la ley 12.183, conocida como la "ley de autos baratos" -en una época en Uruguay los autos eran extraordinariamente caros, un auto estadounidense cero kilómetro equivalía al precio de un apartamento de tres dormitorios en Pocitos; es como si hoy un auto de los que hoy valen 20 mil dólares valiera 100 mil o 120 mil dólares-, por la que los legisladores tenían derecho a importar autos en las mismas condiciones que los diplomáticos, a un precio que equivalía a la tercera o cuarta parte del valor de mercado. No se hablaba de los sueldos, que en general eran bastante malos, sobre todo porque en un período de inflación los sueldos se fijaban altos, quedaban congelados y ya a mitad del período eran bastante insuficientes.
El segundo elemento paradigmático fue lo que se llamó el 383, un artículo de una ley presupuestal que establecía un régimen de ajuste automático de las pasividades de los legisladores en relación al sueldo en actividad.
Estos dos elementos fueron los que quedaron más centrados. Luego comenzaron ideas acerca de algún tipo de actitudes que podían suponer actos de corruptela o corrupción.
Pero por otro lado los años 60 podrían llegar a ser vistos como los años en que el clientelismo llegó a su máximo nivel: hubo un aumento muy grande del número de funcionarios públicos, una distribución política cuotificada de los cargos de función pública a nivel nacional, municipal y de entes autónomos, en un Estado muy ineficiente; la legislación relativa a las jubilaciones era muy generosa para concederlas y muy estricta en su práctica, había un gran embudo que sólo se podía atravesar mediante el favor político, el llamado "pronto despacho", que permitía jubilarse. Se tardaba años para obtener un teléfono y la gran mayoría lo obtenía a través de un favor político; luego había cosas menores, como por ejemplo la concesión de las agencias de quinielas.
EC - ¿Qué pasaba, en ese contexto, con el comportamiento electoral de los uruguayos?
OAB - Pasaron dos cosas. Primero, se canalizó contra una institución y se promovió una reforma para terminar con el régimen colegiado, si no había Presidencia el país iba al caos. Así vino la reforma de 1966, que apuntó a eliminar privilegios -la ley de autos baratos fue indirectamente derogada por una disposición constitucional-, a eliminar el tres y dos en los entes autónomos -tres miembros por la mayoría y dos por la minoría, que simbolizaba la cuotificación de los empleos- y a otorgar una Presidencia relativamente fuerte, como lo fue la de la Constitución de 1967 en relación a los regímenes anteriores. Pero lo importante es que los partidos tradicionales seguían en el entorno del 90% y por lo menos hasta 1966-1971 no se produjo cambios significativos a su interior.
Inicialmente, el operativo Gestido fracasó, no tuvo un resultado electoral diferente al de las fuerzas que lo apoyaban; cambió cuatro años después, cuando la reforma constitucional. Inicialmente también en el Partido Nacional la situación apareció congelada y cambió realmente en 1971, con la irrupción de Wilson Ferreira Aldunate. Hubo un cambio menor en 1966, pero el cambio real se produjo en 1971. Es decir que tardó mucho en producirse algún cambio que sí apareció en 1971, con el auge del pachequismo en el Partido Colorado, la irrupción del wilsonismo en el Partido Nacional y la emergencia del Frente Amplio, que al obtener el 18% rompió ese bipartidismo tradicional. Por primera vez las colectividades tradicionales en Uruguay bajan del 90% y se sitúan apenas por encima del 80%.
EC - ¿Tú estás introduciendo esas explicaciones para ir en busca de las explicaciones para el surgimiento de la guerrilla?
OAB - No, las daba para mostrar cómo a veces un país puede ir generando insatisfacciones sin que se encuentre elementos objetivos claros, con respecto a los que se pueda decir "acá está la insatisfacción". La gente está cambiando el voto; cambian los partidos, cambian los liderazgos, cambian las fracciones. La insatisfacción puede ir por lugares que no se manifiestan.
Observamos que empieza a haber fracasos de experiencias alternativas como aperturas de nuevos caminos. La vieja Unión Cívica deviene en Partido Demócrata Cristiano y en los años 1962 y 1966 obtiene exactamente el mismo nivel de respaldo electoral y de representación política; incluso se podría decir que ese nivel disminuyó hacia 1966 al perder la representación en el Senado. Fracasa la experiencia de la Unión Popular y el Fidel (Frente Izquierda de Liberación) sumadas. Es decir, el Fidel es exitoso -es el surgimiento de la 1001- en la medida en que crece, pero absorbe buena parte del electorado que antes apoyaba al Partido Socialista y que no se expresó en la Unión Popular, pero la suma de las izquierdas en la votación de 1962 es la misma que en 1958 y 1966. Es decir que tampoco esas experiencias dan resultado inmediatamente.
Acá aparece, todavía durante el régimen colegiado, la guerrilla, la concepción de que hay un sistema que debe ser desmontado, que ese sistema no tiene que ver con estructuras o ingenierías constitucionales ni electorales, sino que es un sistema dominante que sólo puede ser cambiado a través de las armas por una organización que está representando los intereses del pueblo. Desde esa visión comienza la acción guerrillera que también, desde el punto de vista fáctico, es el primer desafío a la persistencia de ese sistema político liberal o poliárquico, para definirlo en términos más politológicos.
Lo cierto es que desde los distintos ángulos la democracia política -o la democracia liberal o institucional- en Uruguay va creciendo la idea de las elecciones -muy fuerte desde algunas visiones intelectuales y de izquierda, pero también desde otros ángulos- vistas como una mera máquina de captación de votos de actores políticos y no como un ejercicio de representación. Hay una película de aquella época que presenta las elecciones de la forma más caricaturesca, como es una murga -recordemos la presentación de una murga haciendo propaganda por la 1001-, o de la captación clientelística a través de personajes como "Nano" Pérez de Cerro Largo y Amanda Huertas Font, una dirigente política colorada -de bajo nivel político, en la medida en que mucho después de la película recién ingresó durante un período a la Cámara de Diputados-, que fueron tomados como elementos paradigmáticos: "esto son las elecciones".
EC - Tú estás apuntando los temas, las cuestiones, cuya discusión está pendiente, de ese pasado que ahora ha vuelto sobre la mesa a partir de la iniciativa del presidente Batlle de sellar definitivamente la paz entre los uruguayos.
OAB - Estaba reflexionando, tratando de ver el pasado en su dimensión. Lo primero es recordar cómo el país fue perdiendo fe en muchas cosas. Uno puede preguntar cómo se puede decir que se perdió la fe en la democracia. Si antes de mencionar la democracia uno se para, pone la mano en el corazón y la dice con mayúscula, uno está acusando a alguien de un pecado capital, pero la realidad es que por distintas razones se fue perdiendo fe en cosas que, al perder la fe, dejan de ser sagradas. Si uno dice que no confía más en los políticos, que esto no es una democracia, que no confía más en los partidos, que las elecciones son una farsa, y otros dicen que lo que importa es el sistema, que es el pueblo el que tiene que acceder porque está dominado, desde los distintos ángulos se va llegando a que el nombre de esa institución ya no tenga prestigio, ese sistema tiene poca gente que lo termine sosteniendo. Esto lleva a distintas prácticas. Por un lado, a considerar que las vías institucionales son una de las vías posibles, y no la única, para obtener determinados fines, tesis que tuvo mucha fuerza, sobre todo en la izquierda. Y por otro lado está la idea de que los sistemas democráticos son muy buenos pero que necesitan quien los corrija, los tutele, los cure de enfermedades, teoría ésta que avaló buena parte del golpe militar, fue la teoría que dominó durante todo el período autoritario.
Recordemos que hubo otra teoría, la que encarnó el presidente Bordaberry y le costó el cargo, que no tenía una concepción correctiva de la democracia sino una concepción de cambio radical del sistema, de tipo más corporativo. Es también la teoría de que la Constitución puede interpretarse flexiblemente en la medida en que se vive situaciones extraordinarias que conllevan la restricción de las libertades a niveles muy altos a los efectos del mantenimiento del orden. Esto llevó, primero, a que Uruguay empezara a ensayar las medidas prontas de seguridad, que se habían aplicado una vez en el año 1951 -me estoy refiriendo al último medio siglo; también habían sido aplicadas en 1904-, luego fueron utilizadas al término del primer gobierno blanco, el segundo gobierno blanco las aplicó en varias oportunidades, durante períodos más largos.
Uruguay empezó un estatuto de excepción -no estoy juzgando si estuvo bien o mal, estoy diciendo cómo lo que es un estatuto de excepción se aplica cada vez con más frecuencia y por más tiempo- hasta que llegamos al 13 de junio de 1968, cuando Pacheco instauró un sistema de medidas prontas de seguridad del que en realidad no se salió nunca hasta el golpe de Estado, oportunidad en que se salió de todo el sistema constitucional. Hubo pequeñas salidas de las medidas prontas de seguridad, se salía de unas y se entraba en otras, en algún período fueron sustituidas por Ley de Seguridad del Estado, pero en gran medida la excepcionalidad no tuvo más interrupciones. Eso también implicó una visión para quienes lo aplicaron que tuvo su justificativo -cada parte tuvo justificativos coherentes para su posición, que respondían a una visión del país, de la historia, del mundo y de las sociedades- y llevó a que también ese esquema institucional liberal tampoco funcionara. Es decir que la forma de aplicar las medidas institucionales también implicó interpretaciones extremas de la Constitución desde el punto de vista restrictivo.
Entonces llegamos a un país donde empiezan a ocurrir muchas cosas: muertes, secuestros, torturas, prisiones, persecuciones por razones políticas e ideológicas, amenazas de secuestros y atentados. De ese período tenemos muchas visiones distintas. Una es la que ha sido llamada la visión de los demonios: un país entre las fuerzas armadas de un lado y una guerrilla de otro, que protagonizaron una guerra con todos los efectos de una situación bélica y según la cual todo lo que Uruguay tiene que ver de su pasado son los efectos de una guerra. Esta visión centra mucho el tema en qué hacen los militares y qué hacen los tupamaros; éste pide perdón, este otro pide o no perdón...
Hay otra visión más abarcativa -sin duda es la que está en las declaraciones del general Fernández-, que también considera que hubo una guerra, pero ya en términos ideológicos: de un lado las Fuerzas Armadas y del otro una conspiración universal, más o menos ubicada en el marxismo, pero que en algún momento abarca mucho más allá del marxismo, es una especie de guerra permanente que subsiste hasta hoy. Por los hechos posteriores parecería que ésta es una visión muy restringida, muy poco representativa, pero es una visión del pasado cuya existencia no se puede desdeñar.
Luego están las distintas visiones sobre las deudas pendientes -si se llama así todo lo que implica las violaciones de derechos humanos-, hay quienes consideran que hubo dos bandos y ambos sufrieron, y quienes dicen que no es tan así, que hubo gente que estuvo presa por realizar actos que eran delitos en régimen constitucional y otra que no cometió ningún tipo de delito sino que sus actos fueron considerados tales por el régimen autoritario y entran dentro de los llamados delitos de opinión y separan las aguas entre unos y otros.
Luego tenemos el tema de que por qué en Uruguay en determinado momento empieza a haber gente detenida y muerta, y por qué luego hay desaparecidos. Cuando digo muertos me refiero a gente que muere y cuyo cuerpo es entregado. ¿Por qué se produce ese hecho? ¿Se produce acá o no, dónde se produce? Quedan todas las dudas y denuncias que hay de un lado y otro.
Luego está el tema final referido a qué amnistió el país y qué no amnistió. No olvidemos que la amnistía es algo diferente al perdón; viene de "amnesis", que significa olvidar. Jurídicamente, amnistiar es extinguir. En cuanto a los presos políticos, la gente que estuvo detenida bajo el régimen militar, que haya o no cometido delitos desde el punto de vista de la institucionalidad anterior al 27 de junio de 1973, fue toda amnistiada, excepto los que fueron considerados culpables -o fueron acusados y después refrendados por un Tribunal de Apelaciones no militar-, que no fueron amnistiados, sino que se por cada día que estuvieron presos se les computó tres y quedaron todos con penas cumplidas. Ahí no hubo amnistía.
Luego viene una discusión acerca de qué pasó con los responsables de violaciones de derechos humanos, militares o funcionarios policiales, amparados por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. ¿Fue una amnistía? ¿Hubo un olvido desde ese punto de vista o -ésta es la tesis del wilsonismo- es caducidad, o sea que el Estado no ejerce la pretensión punitiva, de penar, sin generar la amnistía en tanto olvido? Estas cosas pueden parecer exquisiteces jurídicas, pero quizás no lo sean. Quizás haya que entrar a analizar si se puede decir que las tres situaciones son equiparables en términos sociales y políticos o si no lo son y por qué se hizo esta distinción entre estas tres situaciones.
En otra oportunidad vamos a ir al período autoritario, sus efectos y las distintas visiones sobre ello.