EMILIANO COTELO:

En los últimos días se sucedió un conjunto de hechos que pusieron en primer plano los temas de los delitos, las penas, la Justicia Penal y la función de las cárceles. La Suprema Corte de Justicia otorgó la gracia en un principio a 18 procesados que recuperaron la libertad, y uno ellos a los cuatro días de salir cometió una rapiña y fue nuevamente apresado. Desde diferentes ámbitos periodísticos y políticos surgió una crítica fuerte contra la Justicia por las libertades concedidas y de inmediato replicó el ministro de la Suprema Corte Gervasio Guillot, quien responsabilizó de la situación al "deficiente sistema carcelario", según dijo, mientras que el Ministerio del Interior, responsable de las cárceles, se defendió apelando a la falta de recursos.

A propósito de estos hechos, el politólogo Oscar A. Bottinelli, director de Factum, nos propone como tema para el análisis político de hoy: "Entre cárceles, gracias, procesos y rapiñas".

Oscar, comencemos ubicándonos en cuáles son los regímenes de libertad.

OSCAR A. BOTTINELLI:

Regímenes de libertad hablando del que ha sido privado de la misma. El primero y obvio es el cumplimiento de una pena. Veamos cuáles son las otras formas de obtener la libertad, salvo la normal, que una persona detenida, sentenciada a "x" período, lo cumpla.

En principio hay dos formas de obtener la libertad, muy usuales: la libertad provisional y la libertad anticipada. La libertad provisional puede ser decretada incluso el primer día de prisión para los procesados a penas de prisión, es decir a delitos de los cuales puede resultar pena de prisión. La pena de prisión tiene un tope de 24 meses y la de penitenciaría, que es la siguiente, tiene un mínimo de dos años. Es decir que para una pena de hasta 24 meses se puede dar una libertad provisional, estando procesado. En cambio, la libertad anticipada requiere sentencia condenatoria y cumplimiento de la mitad de la pena. Recordemos que hay una diferencia muy fuerte entre ser procesado y ser sentenciado o condenado. El proceso es una etapa previa, en Uruguay se confunde mucho a veces en las versiones periodísticas. Cuando alguien es procesado no quiere decir que haya sido encontrado culpable, sino que un juez encontró elementos suficientes de convicción como para iniciar un proceso, un juicio. Desde el punto de vista sustantivo todavía no es culpable; un procesado es un individuo sobre el que hay una presunción muy fuerte de culpabilidad desde el momento en que se toma medidas de privación de libertad -un procesado no necesariamente tiene que ser privado de libertad- y está sometido a juicio. La culpabilidad solamente surge de la sentencia condenatoria. Esta es una diferencia entre el procesado y el sentenciado.

EC - Hablábamos de la libertad provisional por un lado y de la libertad anticipada por otro. ¿Qué más?

OAB - Luego están los institutos especiales, que son tres: la amnistía, el indulto y la gracia. La amnistía es, en forma casi universal, un instituto que se dicta por ley y extingue el delito, no se amnistía personas sino situaciones y todas las personas comprendidas en esas situaciones quedan libres de delito. De hecho, en Uruguay fue una ley de amnistía la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y hubo anteriormente una ley de amnistía para delitos comunes en el año 1985.

El indulto, que normalmente en el mundo es potestad del gobierno o del jefe de Estado, en Uruguay -que es uno de los casos raros- es potestad del Parlamento. Algunos recordarán que en 1985 Sanguinetti se quejaba de no tener la capacidad de indulto que tenían otros jefes de Estado para resolver el problema que luego resolvió la Ley de Caducidad, por supuesto desde el punto de vista de Sanguinetti. El indulto es personal, no extingue el delito sino la pena, entonces Fulano queda indultado, se termina su sentencia.

La gracia es una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Esta, por su decisión, sin atenerse más que a su criterio, puede extinguir la situación procesal de una persona. Normalmente, en Uruguay existe anualmente lo que se llama la visita o vista de cárceles, que ha tenido distintas formas a lo largo de los años. Ultimamente supone que la Suprema Corte de Justicia se constituye en minicortes, en mesas de dos ministros. (Recordemos que la Suprema Corte está integrada por cinco ministros jueces con un presidente rotativo anualmente; este año es el doctor Milton Cairoli y el año que viene será el doctor Gervasio Guillot). De estos cinco miembros, dos y dos constituyen mesas que escuchan los alegatos de los presos propiamente dichos o de sus defensores, y en función de la gravedad del delito, de las circunstancias en que fue cometido, de la eventual peligrosidad que supone la liberación y de lo que escuchan del alegato, determinan la gracia o no. No hay, como en el caso de la libertad anticipada, un estudio criminológico previo profundo, que es lo que de alguna manera excusa al doctor Guillot, las gracias se pueden determinar faltando algunos elementos de juicio. En la libertad anticipada está todo el Instituto de Criminología del Poder Judicial, que hace los estudios. Recordemos que el artículo 85 de la Constitución establece la competencia de la Asamblea General, es decir del Parlamento, para conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes y acordar amnistías en casos extraordinarios por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara. La gracia es competencia de la Suprema Corte.

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EC - Estábamos viendo los distintos regímenes para la concesión de libertad para alguien que está preso. Vamos a los comentarios de lo que ocurrió en estos días.

OAB - En estos días se ha ido produciendo una sucesión de visitas y decisiones graciosas de la Suprema Corte de Justicia, que en una primera tanda -la que dio objeto a toda esta situación- liberó a 18 procesados. Luego duplicó esa cifra con las decisiones posteriores. Es interesante ver que de esos 18 liberados el que tenía menos antigüedad en situación de privación de libertad tenía ocho meses y 10 días y el que tenía más tenía cinco años, tres meses y cuatro días; había dos con más de cinco años. El promedio de esos 18 era de dos años y ocho meses y medio, más de 32 meses. El liberado que fue objeto de la polémica, que enseguida volvió a cometer una rapiña, había cumplido 20 meses, es decir un año, ocho meses y algunos días. Ninguno de los 18 procesados tenía sentencia, eran procesados. De los 18, dos habían tenido un antecedente, dos habían tenido dos antecedentes, uno tenía seis antecedentes y otro tenía siete antecedentes.

Se puede hacer varios comentarios. El primero de ellos tiene que ver con el sistema judicial, algo que no surgió en la polémica. Estamos hablando de que hubo dos casos de personas que no han sido calificadas como inequívocamente culpables en un proceso penal, para las cuales no ha habido sentencia condenatoria, cuyo proceso no ha terminado y llevaban cinco años en prisión. Con esto no estoy diciendo que no sean culpables de verdad, estoy hablando del manejo del sistema judicial. Cinco años en incertidumbre, a la espera de una decisión. Esa lentitud de procesos penales deja en duda la salvaguarda de los derechos individuales. Por supuesto que no puede haber una sentencia en seis o 24 horas, porque se iría al otro extremo de violación del derecho individual, que es la falta de un debido proceso. Hay un tiempo mínimo, razonable, para considerar que un juicio es justo; de otro modo se habla de un juicio sumario, donde no hay posibilidad de evaluar las pruebas, de estudiar las situaciones y decantar una decisión con objetividad judicial. Cinco años es el otro extremo. El tiempo del proceso es más del doble de las penas de prisión.

EC - Es uno de los factores de irritación que cada tanto está propiciando inquietudes, movilizaciones, huelgas de hambre en los penales uruguayos.

OAB - Exactamente. Hay organizaciones en Uruguay que sostienen que este solo hecho, independientemente del tema carcelario, es un incumplimiento de las obligaciones del país en materia de derechos humanos. No estamos hablando de beneficiar a quienes cometen delitos sino de que, precisamente, quien comete delitos y la sociedad en su conjunto tengan la certeza de una decisión judicial en tiempo razonable para que luego, si el sujeto es efectivamente sentenciado y encontrado culpable, cumpla con la condena correspondiente y no haya personas durante años en una situación en que son más o menos culpables pero todavía no son culpables, lo que determina que no recae sobre esas personas tranquilidad sobre su status jurídico. Lo mismo pasa con muchas personas que están en libertad y han sido procesadas sin prisión o con libertad a los 30 o 60 días, pero que están en una situación de incertidumbre en la medida en que los juicios penales duran años. Esas personas están procesadas y de repente a los dos años se determina que no hay sentencia condenatoria, estuvieron dos años en una situación de incertidumbre y después se les dice que no eran culpables. En este caso estamos hablando de alguien que está libre; ni hablar del que está preso. Este tema no ha surgido pero realmente está implicando un sistema judicial que no está dando las garantías que Uruguay se compromete a tener en materia de libertades, garantías procesales y derechos individuales.

Por otro lado, Gervasio Guillot, el ministro de la Suprema Corte que salió a la palestra, critica muy duramente el tenor de las penas. Este tema ha estado generando mucha polémica en Uruguay en los últimos años: cuánto sirve y cuánto no sirve, a los efectos de corregir o combatir la seguridad ciudadana, el incremento de las penas, sobre todo para delitos que en general se consideran menores. Según Guillot, en ningún país del mundo el delito de rapiña se castiga con una pena mínima de cuatro años de penitenciaría "como la barbarie draconiana de nuestro Código Penal".

Con respecto a estos temas hay una polémica interminable. Se diría que la población uruguaya y la opinión pública están divididas en dos grandes bandos. Un bando considera que Uruguay tiene un sistema judicial muy benigno, producto de penas leves y jueces con una actitud muy predispuesta a no procesar, no sentenciar o liberar rápidamente a los delincuentes. La otra mitad de la población considera en general que el tema de la inseguridad no tiene una raíz judicial o jurídica, que no es un problema de penas o de jueces sino que tiene raíces sociales, que las penas pueden ser más blandas o más duras pero no afectan la situación. Esta gente tiende a considerar que la Justicia en general no es benigna, que su funcionamiento es irrelevante o menor en relación al resultado obtenido. Son dos puntos de vista muy contrapuestos. En general, en el plano político se observa que en la órbita de los partidos tradicionales, del Partido Colorado y el Partido Nacional, hay una actitud -sobre todo en el Partido Colorado- de mucha crítica al funcionamiento de la Justicia Penal y de considerar que hay una relación bastante directa entre penas, funcionamientos judiciales y seguridad pública, mientras que en el Frente Amplio hay una tendencia a lo que podríamos llamar una visión social del problema y una actitud de defensa automática, muy fuerte, del funcionamiento judicial.

EC - El comentario del doctor Guillot se refería al caso concreto del joven que fue liberado por la Suprema Corte y a los pocos días volvió a delinquir. El ministro señalaba que este hombre estaba preso por haber robado una campera usada sin haber utilizado un arma. De alguna manera estaba diciendo que el hombre había sido procesado por un delito con una pena excesivamente alta, ya había pasado 20 meses en la cárcel, si no estaría allí quizás la causa de que saliera y reincidiera, unido todo eso a cómo funciona la cárcel.

OAB - Se estaba ubicando en una de las dos posturas respecto a si las penas en Uruguay son benignas o no. Hay dos posturas claramente enfrentadas, casi no hay términos medios. Guillot puso el dedo en el ventilador en el otro tema, el que genera la polémica con el ministro del Interior: las cárceles.

EC - El doctor Guillot dijo que en las cárceles uruguayas los presos salen peor de lo que entran. Vamos a ese punto.

OAB - Guillot hace referencia al artículo 26 de la Constitución, que dice que "a nadie se le aplicará la pena de muerte" y que "en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí para asegurar a procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito". La situación carcelaria en Uruguay es un tema muy largo, que ha sido tratado En Perspectiva en varias oportunidades. Notoriamente, el sistema carcelario uruguayo es muy deficiente. Tanto es así que organizaciones de derechos humanos han calificado la situación carcelaria como una violación de los derechos humanos por parte de nuestro país y de nuestro Estado. Tanto organizaciones nacionales como internacionales de derechos humanos consideran que Uruguay, como otros países, está atrasado en esta materia. Desde ese punto de vista, el ministro del Interior se defiende diciendo que hay falta de capacidad en las cárceles, que éstas están sobrepobladas, que hay falta de locales adecuados, que las cárceles que tenemos son las que nos han dado los recursos que tenemos.

Como pasa siempre, el problema tiene muchas aristas. Desde determinadas posiciones ideológicas se critica a las organizaciones de derechos humanos diciendo que en un país que vive una importante inseguridad pública se está defendiendo a los delincuentes. Desde el otro punto de vista hay dos reacciones distintas; a veces las mismas personas sostienen las dos tesis, a veces unos una y otros la otra. Una es decir que los derechos humanos no importan en favor de quién son, son derechos en sí mismos. La otra tesis es la de los que afirman que no están defendiendo delincuentes sino que quieren que ese individuo que en algún momento puede haber delinquido no siga por la vía de la delincuencia, que las cárceles sirvan para que el individuo entre por haber delinquido y salga sin delinquir más. Quienes defienden esta posición dicen que los otros sí están defendiendo a los delincuentes al ponerlos de por vida en la vía del delito. A veces no es sólo el ángulo de defensa de los derechos humanos sino también una visión de cuál es la función carcelaria, si es un depósito de delincuentes o un lugar donde se busca que quienes cometieron delitos puedan reencauzarse. En general aclaremos que éste es un tema mundial, el fracaso del sistema carcelario no es un problema de Uruguay ni de países subdesarrollados, las estadísticas a nivel mundial sobre niveles de reincidencia o de perfeccionamiento o agravamiento de las personas que pasan por el sistema carcelario muestran un drama universal. La cárcel como sistema educativo está muy cuestionada en el mundo en cuanto a sus resultados.

En el caso uruguayo hay una serie de críticas al funcionamiento de las cárceles que no necesariamente están relacionadas al tema de los recursos. Una crítica es la falta de personal adecuado. Este no es necesariamente un tema de mayor retribución, porque los maestros de escuela no son tales porque ganen muchísimo dinero sino que son personas con una formación para cumplir determinada función. El personal que custodia a los presos, que atiende las cárceles, no está preparado para una función educativa, sino que son personas educadas en la represión, es muy escaso el personal de cárceles que tiene una formación acorde con las funciones que tiene que cumplir.

EC - A eso se agrega la posibilidad de corrupción, sobre la que se habla con insistencia y se ha comprobado casos.

OAB - Hay denuncias muy claras, todas muy creíbles; yo diría que ha habido pocas investigaciones, de parte del Ministerio del Interior no ha habido todas las investigaciones que corresponde a todo el cúmulo de situaciones que se conoce sobre el manejo de dinero en las cárceles, la existencia de fuegos, la compra y venta de drogas, la entrada y salida de drogas de las cárceles y la existencia de toda una red entre personas que tienen funciones de mando entre los presos, presos que mandan a los demás y guardacárceles que están en conmixtión en ese tipo de funciones.

EC - En conmixtión o en una actitud pasiva.

OAB - Hay dos cosas, una es la conmixtión que parecería que existe en los negocios; para estos se necesita entrar y salir, por lo tanto no es sólo la mera pasividad. La pasividad en un negocio también es participación, como el caso del vista aduanero que cobra por no abrir. La pasividad es una forma de intervención. Si la forma de intervención es "pase la droga que yo no me voy a fijar en que es droga", es intervención, no necesita que la lleve él personalmente.

Lo otro es el sistema de las cárceles, que no es un tema de recursos. La falta de recursos puede llevar a que haya mucha gente hacinada, pero no a que un individuo primario esté mezclado y sometido a las leyes duras y bárbaras de la gente que está acostumbrada a una vida extremadamente dura como lo es la del delito y las cárceles, que está sujeta a vejaciones, muchas veces a violaciones, que se hacen con la pasividad de los guardias. Esto es conocido, ha sido denunciado muchas veces. No estamos hablando de algo que haya ocurrido este año; es algo denunciado por décadas en este país, cabe a todos los gobiernos habidos y por haber, a todo tipo de situaciones, no es una discusión coyuntural sobre qué está haciendo un ministro o un gobierno, habría que preguntar qué hace un sistema o una sociedad sobre el tema. 

El hecho de que un individuo que entró primario salga como alguien canalizado hacia la vida del delito tiene muchas causas. En esa persona se puede acentuar toda la marginación y el resentimiento dentro de la cárcel, el trato que recibe lo lleva a una actitud muy feroz de resentimiento, con serias dificultades psicológicas y emocionales para insertarse en la sociedad de otro modo; incluso puede haber formas de aprendizaje al convivir en escalas de valores donde se empieza a exaltar determinado tipo de cosas.

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EC - Vamos a las conclusiones.

OAB - La conclusión básica es que lo importante de esto es que se puso en el tapete un conjunto de temas que el sistema político y la sociedad no están debatiendo: el tema de las cárceles más allá de los recursos. Hasta ahora se discute las cárceles como una especie de plan de obras públicas: cuánto dinero hay para construir tantos ladrillos para cárceles. El problema del sistema carcelario es mucho más grande y sin duda hay muchas cosas que se puede hacer con los recursos actuales, siempre se puede mejorar y administrar mejor o peor los recursos, hay medidas que no tienen nada que ver con los recursos. Aparentemente, el hecho de que haya permisividad en cuanto a determinados tratos o entrada y salida de drogas o de lo que sea dentro de las cárceles no tiene nada que ver con los recursos.

En segundo lugar, el tema es el sistema judicial. ¿Qué ocurre? ¿Es un tema de procesos, de recursos, de que los jueces se toman demasiado tiempo? Una persona puede estar cinco años sin haber sido condenada y eventualmente no serlo, con lo cual termina siendo responsabilidad del Estado una prisión indebida en términos de derechos humanos. Si una persona está presa y después se dice que no era culpable, toda esa prisión fue indebida, se estuvo violando claramente un derecho individual.

Es todo un tema: el judicial, el de las penas, la lentitud del proceso, el tema trato en y función de las cárceles, que ha sido puesto en el tapete a raíz de esta liberación que llevó a una reincidencia a los cuatro días y a la polémica que vino a generarse entre un ministro de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior y algunos actores políticos y periodísticos.