EMILIANO COTELO:
En los últimos días funcionarios judiciales y magistrados iniciaron una ronda de contactos para plantear un grave problema: el vertiginoso crecimiento de las demandas judiciales. Ése es el tema que toma el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, para su análisis político de hoy. El título: “La judicialización de la sociedad”.

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EC - ¿Qué entendemos por judicialización?

OSCAR A. BOTTINELLI:
Por judicialización podemos entender lo que es llevar los temas de una sociedad o de la política, o donde fuere, al ámbito judicial, o el poner el sistema judicial como el centro de la resolución de las controversias, o que los conflictos pasen como elemento central de forma de resolución por las instancias judiciales, es decir cuando lo judicial pasa a tener un papel creciente y central.

EC - No es la primera vez que se plantea esta discusión en el pasado reciente.

OAB - Claro, en el pasado reciente se fue planteando la discusión más de lo que se llamó la judicialización política, sobre ese tema hicimos varios análisis en 1996 y 1998. Ahora le damos una mayor jerarquización. ¿Qué es lo que hacen funcionarios y magistrados en esta ronda de contactos, sobre todo al más alto nivel político? Plantear el drama que le supone al Poder Judicial desde el punto de vista del funcionamiento, desde el punto de vista locativo, desde el punto de vista de sus recursos el hecho de que sus demandas hayan aumentado en algunas materias 140 por ciento, en otras 100 por ciento, otras casi se han triplicado, en una sociedad que permanece estable el número de habitantes, que crece casi de forma insignificante. Por lo tanto todo crecimiento de algo en este país es crecimiento real, crecimiento neto.

EC - Esos porcentajes de crecimiento que manejabas, ¿a qué período corresponden?

OAB - A los últimos años; depende de las materias, no fue bastante uniforme. Marca una tendencia creciente, es decir que no sólo ha habido un crecimiento, sino que año a año en general crecen las demandas. Esto está centrado fundamentalmente por parte de los funcionarios judiciales en una demanda presupuestal, que no es el tema que vamos a tratar aquí. En definitiva frente a eso también hay un planteo de si el presupuesto es inadecuado o si el sistema judicial en sí mismo no tiene también áreas muy fuertes de ineficiencia; ineficiencia por organización o por las propias normas procesales.

Además acá viene un planteo que puede ser de tipo ideológico, que no es menor: ¿es bueno o es malo para una sociedad judicializarse? No hay una respuesta de si es bueno o malo, porque bueno o malo tiene que ver con otros elementos, como la visión que le damos al papel de la justicia y al papel de la intermediación política y social en la sociedad.

EC - Avancemos por ese lado.

OAB - En general hay una teoría que es una visión muy fuerte en el sistema norteamericano, que tiene que ver con la visión del Estado lo más prescindente posible. Se atan todas estas visiones en decir que el gran papel del Estado es el gran papel de juez, la vieja definición liberal del Estado es el Estado como juez y gendarme, cumpliendo las funciones básicas de árbitro y seguridad. Por lo tanto ver la justicia como el ámbito donde van los ciudadanos a dirimir todas sus controversias y eso hace funcionar en libertad al sistema, sin que el Estado se entrometa demasiado.

Del otro lado está la visión que considera que la justicia debe cumplir roles para arbitrar los problemas individuales entre ciudadanos cuando han fallado los otros recursos, además. Es decir que las estructuras políticas, las estructuras de intermediación social, como las gremiales, por ejemplo, son aquellas que deben dirimir y resolver las controversias colectivas, plurales y aun a veces crear mecanismos de atenuación de controversias individuales, donde el sistema judicial ya es o para determinados casos extremos, por ejemplo lo típicamente penal, o para cuando ya fallan las instancias de intermediación.

La judicialización social se ve en el crecimiento fuerte que han tenido las demandas de familia, demandas laborales, demandas de responsabilidad médica, toda la actividad penal; los juicios por difamación.

Acá viene toda una discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de la judicialización. Por un lado hay quien dice que el incremento de las demandas está suponiendo que la gente recurre más al arbitraje judicial, a la decisión judicial, y esto es bueno porque implica el imperio del derecho. Hay quien dice cuidado con esto, puede haber industrias laborales detrás de esto, la industria de crear juicios para generar trabajo para estudios jurídicos, lo que se da, sobre todo en materia laboral, en juicios de responsabilidad profesional, básicamente responsabilidad médica. Puede ser que estén faltando a nivel de familia elementos que contengan los conflictos o que puedan dirimirlos más amigable y razonablemente, y la gente va a la demanda judicial no tanto para resolver un problema concreto sino para canalizar toda su frustración, su rabia, sus problemas que no son resueltos en otros ámbitos. A veces la judicialización es la forma de canalizar conflictos sin que en sí mismo se esté buscando necesariamente la resolución de un tema, sino obtener una victoria o una derrota con un sentido moral, con un sentido de ganar frente a otro.

EC - Un caso particular es la judicialización política.

OAB - El caso más fuerte es el de la judicialización política y la judicialización sindical. Hoy quisimos no reducir este tema a esto, que desde nuestro ángulo de análisis es el que más nos importa –no digo que sea el más importante–. La judicialización política tiene un capítulo que es la judicialización sindical.

La judicialización sindical es un fenómeno nuevo. Los sindicatos rara vez recurrían antes al Poder Judicial, entendían que recurrir al Poder Judicial los sindicatos era un síntoma de debilidad, quería decir que el sindicato no tenía, por sí solo, la fuerza para poder imponer la decisión o para poder llegar a una mesa de negociaciones en forma exitosa. Se lo veía como una señal de debilidad.

Ha ido creciendo, los sindicatos recurriendo al Poder Judicial, haciendo denuncias, planteando juicios y hay quien plantea si no es precisamente porque hoy el sindicalismo no tiene la fuerza que tuvo 20 o 40 años atrás.

A nivel político hay distintas formas de judicialización. La primera es algo creciente que tiene que ver con las demandas por difamación, justamente estos días tenemos una en danza o en anuncio del ministro de Obras Públicas contra el presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio.

EC - Ése es el episodio más nuevo.

OAB - Es el más nuevo, pero no se puede centrar en este episodio. Hay un reguero donde dos dirigentes políticos tienen una controversia y uno demanda por difamación al otro. Esto se ha dado de blancos contra colorados y frenteamplistas, de colorados contra blancos y frenteamplistas, de frenteamplistas contra blancos y colorados, pero también se ha dado colorados contra colorados, blancos contra blancos y frenteamplistas contra frenteamplistas, lo cual está hablando de un tema que ya no pertenece a una sola concepción política y que se ha generalizado en el sistema. Es un tema creciente y relativamente nuevo, que con esta fuerza no tiene mucho más allá de 10 años. Antes se dirimían de otra manera, podían dirimirlo a insultos, a las trompadas o incluso mediante el mecanismo del duelo, que tampoco era tan común. Lo cierto es que el dirigente político no vivía buscando en el Poder Judicial quien arbitrara en el medio político en definitiva; aunque sea una difamación, lo que está haciendo es poner al Poder Judicial como árbitro de una contienda política, porque las difamaciones son políticas, no se está hablando de lo personal, no se está hablando de un problema de su vida íntima, no se está hablando de su vida familiar, se está hablando siempre de cosas que tienen que ver con el manejo de la cosa pública, con el manejo de la acción política o con el manejo de cosas privadas pero relacionadas con el papel político del individuo. Por lo tanto son controversias políticas.

Otra área tiene que ver con este ámbito muy grande y muy genérico de lo que se ha llamado la corrupción. Es decir, todo lo que se considere desvío de un individuo de una conducta que se estime que debería tener y que ese desvío se considere antiético, empieza de muchas maneras. A veces empieza con investigaciones parlamentarias, con investigaciones periodísticas o con controversias públicas; y termina casi indefectiblemente en un pase a la justicia, cuando en definitiva no se está viendo solamente si alguien cometió un delito, sino aspectos de manejo político y de tipo político, o como que la política no tiene otro mecanismo de control sobre los propios cuerpos políticos que no sea la acción del Poder Judicial. A veces empieza en lo judicial.

Acá hay otra faceta, que es tema para otro análisis, cuando la judicialización política no son los políticos tomando el Poder Judicial como cancha de ping-pong para dirimir sus diferencias, sino desde el ámbito judicial viene la intromisión en los temas políticos, por ejemplo mediante la acción penal sobre personas que ocupan o han ocupado cargos públicos. Ése es todo otro tema.

Lo que es importante y significativo es que en Uruguay se está produciendo un creciente avance del papel social y político del Poder Judicial, en forma creciente. Este avance no tiene el nivel de discusión ideológica detrás sobre si es bueno o malo, sobre si corresponde a las concepciones de uno o de otro y, por supuesto, los actores del Poder Judicial se quejan de que los están poniendo cada vez más de árbitros de la política y la sociedad sin tener los medios para poder cumplir esa función o ese fin.