EMILIANO COTELO:
En estos días estalló una polémica dura a propósito del secreto profesional entre el director general de Rentas, el contador Eduardo Zaidensztat, y el Colegio de Abogados del Uruguay. Es el tema que nos propone hoy el politólogo Oscar A. Bottinelli, director de Factum, el título: “Dos visiones enfrentadas: jacobinismo y liberalismo”.

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Oscar, vamos a recordar por dónde empieza esto, cuál fue la iniciativa del Poder Ejecutivo que dio pie a este debate.

OSCAR A. BOTTINELLI:
El origen es un proyecto de artículo en el presupuesto que dice: “Todas las personas físicas o jurídicas, las entidades de derecho privado sin personería jurídica, las personas públicas no estatales, las empresas públicas, los gobiernos departamentales, la Administración Central, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y demás organismos públicos están obligados a aportar, sin contraprestación alguna, los datos que no se encuentren amparados por el secreto bancario o estadístico y que les sean requeridos por la Dirección General Impositiva para el control de los tributos, en la forma, condiciones y plazo que se establezcan”.

EC – Un artículo que está incluido en el proyecto de ley de presupuesto.

OAB – Sí, a esta altura está cayendo del presupuesto.

EC – No terminó votándose cuando se sancionó el proyecto en la Cámara de Representantes.

OAB – Exacto, esta norma está excluida de la media sanción de la Cámara de Diputados.

EC – De todos modos, pese a que fue excluida por la bancada oficialista a raíz de las reacciones contrarias que había precipitado, la discusión ocurrió después.

OAB – Aparentemente la Dirección General Impositiva (DGI) reaccionó cuando vio este artículo eliminado. El objetivo perseguido por la DGI es bastante claro y tiene que ver con la impronta personal de su director. El contador Zaidensztat está en este momento en una línea de cruzado en defensa de la recaudación fiscal y en contra de la defraudación y la evasión fiscal, en una línea muy fuerte en dos sentidos, comunicacionalmente muy fuerte y con acciones muy fuertes.

EC – Es un funcionario con una presencia importante en los medios, por ejemplo.

OAB – Muy importante, y además uno lo ve muy imbuido del rol. Hay varios funcionarios en este gobierno imbuidos del rol “ahora yo soy el que emprende una cruzada para hacer lo que antes no se hizo”. Pero Zaidensztat empezó en el gobierno anterior, es un político colorado que ocupó la DGI a título de cargo de confianza, y luego continuó en este gobierno a título de técnico. Creo que también las razones político-personales están operando, es un hombre que no ha sido bien recibido por la totalidad de la fuerza de gobierno, es notoriamente un hombre de confianza de Alejandro Atchugarry, que fue un hombre que tuvo a Astori como un elemento de consulta durante su ministerio y a quien hoy Astori consulta mucho. Todos estos hechos generan en parte de la izquierda desconfianza hacia Zaidensztat, lo que lo fuerza a redoblar ese papel de hombre que obtiene resultados y que combate implacablemente la evasión y la defraudación.

EC – Volvamos al artículo cuestionado. ¿Cuáles eran los efectos? ¿Qué era lo que se buscaba?

OAB – Buscaba establecer algo así como: aquí no hay secreto para nada, salvo el secreto bancario y el estadístico. Aclaremos que el secreto estadístico queda referido estrictamente a la recopilación estadística del gobierno nacional, no a la recopilación privada, lo cual crea un problema en la recolección de información con fines estadísticos privados. Además, como está redactada la norma, un contador o un abogado puede ser obligado a aportar elementos contra su propio cliente, lo que no ocurre en materia penal, donde el abogado dice: “dígame cómo son las cosas y yo voy a ver cómo lo defiendo”. Lo mismo puede pasar en cualquier tipo de juicio, el abogado puede ser obligado a decir “mi cliente me dijo que en tal caso había defraudado o había evadido”. Como está redactado, incluso un sacerdote puede ser obligado a revelar los datos que hubiere recibido bajo secreto de confesión.

EC – Supongo que también los periodistas quedan abarcados.

OAB – Exacto, un periodista o un medio de comunicación pueden ser obligados a revelar las fuentes. Desde este punto de vista era una disposición en la cual el fin estaba por encima de todo otro conjunto de derechos que equilibra el funcionamiento de una sociedad liberal.

El contexto constitucional es importante, porque este artículo parecía pretender ser una ley de interés general que estableciera la violabilidad de los papeles de los particulares. El artículo 28 de la Constitución establece la inviolabilidad de los papeles de los particulares, de su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie. Para la DGI no existe el artículo 28 de la Constitución. La ley general establece que en una circunstancia específica o en un caso estrictamente determinado y en forma excepcional ese derecho a la inviolabilidad de papeles, de correspondencia, etcétera, puede quedar transitoriamente suspendido o aminorado, pero en la norma de la DGI quedaba por siempre, hablaba de toda persona física o jurídica, no había límite a los hogares de los individuos, a la relación, el padre tenía que entregar los papeles del hijo, atestiguar contra el hijo.

Los derechos agredidos son derechos fundamentales con relación a los derechos tutelados por la norma, que son los que permiten obtener una buena recaudación fiscal y combatir la evasión y la defraudación. Las armas para combatir se priorizan sobre los derechos, es lo que en general se considera una concepción jacobina que se ve cuando en general hay alarma contra toda cosa y se dice “en aras de la defensa contra el terrorismo todos los demás derechos desaparecen”, “en aras de la lucha contra la subversión todos los demás derechos desaparecen”, “en aras de la defensa de la revolución todos los demás derechos desaparecen”, y aquí “en aras de la recaudación fiscal los demás derechos desaparecen”, sobre todo este tipo de derechos que son imprescindibles. Si el abogado no tiene la posibilidad de recibir bajo secreto y de guardar ese secreto no puede ejercer una defensa adecuada, el derecho a defensa se debilita. Si un periodista no puede preservar la fuente su libertad de comunicación está afectada, si un encuestador no puede guardar el secreto de a quién encuestó puede estar impedido de realizar la encuesta. Son muchos los derechos tutelados.

EC – A partir de ese contexto, de esa introducción, ¿cómo viste el debate en sí mismo, la postura del Colegio de Abogados y la respuesta de Zaidensztat?

OAB – El Colegio de Abogados salió en forma dura a la defensa de ese tipo de principio que hace a la esencia misma de la profesión. Zaidensztat cuestiona sobre una base real, porque es real que basándose en esto hay protección, hay abogados corruptos y contadores corruptos, no hay duda, que se especializan en decir cuáles son todas las trampas posibles para evadir la ley. Corruptos o no corruptos, porque poner todos los conocimientos a favor de que alguien sin cometer ningún delito ni irregularidad trate de eludir determinados pagos es una conducta considerada normal en el mundo, con ese criterio también se consideraría corrupto al abogado que busca que su defendido no sea penado en un juicio penal.

EC – Pero también es cierto y está claro que hay profesionales que asesoran cómo evadir. Eso es lo que estaba de telón de fondo.

OAB – Exacto, cómo perfeccionar la evasión. Esto está en el mundo entero, es muy difícil evitar que un profesional diga cómo evadir porque está en la base de la norma. Pongo un ejemplo: después del crack de la bolsa de Nueva York, que es el símbolo de la gran crisis económica mundial de los años treinta, había un gran problema con el funcionamiento de la bolsa, ¿y qué hace Franklin Roosevelt? Nombra a Joseph Kennedy, padre del que fue presidente, del senador y de los otros, que había sido un gran manipulador de la bolsa, conocido como un individuo que había hecho todas las operaciones habidas y por haber, y lo puso al frente de la comisión para crearle nuevas reglas a la bolsa con el criterio de que el que ha sabido manipular sabe cómo tapar los agujeros para que la gente no especule o especule lo menos posible. Lo que se hace no es tratar de reprimir abusivamente sino tratar de tapar todo tipo de agujeros que permitan la evasión o la defraudación. En este sentido este gobierno ha avanzado muchísimo con la reforma de la DGI, con los cruces de datos, porque muchas veces la evasión se producía porque la Aduana no conocía los datos de la DGI, la DGI no conocía los del BPS ni los de la intendencia, los datos los tenía el Estado. Con esto se ha avanzado muchísimo.

El tema es que Zaidensztat ha avanzado en su ataque al Colegio de Abogados, creo que no ha percibido la visión jurídico-política que está expresando en ese ataque. De alguna manera ha sostenido que la defensa de los secretos profesionales no debe estar por encima del derecho del Estado a cobrar los impuestos. Esto ha sido lo complicado de la discusión, que el director de la DGI no percibió el paso que estaba dando como concepción de funcionamiento de un Estado de derecho. ¿Que hay abogados corruptos? Perfecto. ¿Que hay contadores corruptos? Perfecto. Y hay periodistas corruptos, encuestadores corruptos, sacerdotes corruptos, todo lo que quieras. El tema es que hay mecanismos, y si no los hay en general el derecho liberal hace que se creen o se perfeccionen, para combatir esa corrupción. Si alguien puede asesorar cómo evadir es porque existen agujeros en la normativa que permiten hacerlo, la función es evitar que esos agujeros existan.

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EC - ¿Alguna conclusión sobre este tema?

OAB – La conclusión final es el cuidado que hay que tener en la sociedad y en el gobierno, por supuesto, o por parte de actores principales, de que el tratamiento de un tema puntual no se unilateralice de tal manera que deje de verse el conjunto de reglas y de principios sobre los cuales se asienta una sociedad. De alguna manera de esa forma estuvo planteado este debate.

Lo otro es que en la medida que el director de la DGI ocupa un cargo, prácticamente deja al ministro de Economía en el borde de tener que respaldarlo, lo cual afectaría mucho el prestigio del contador Astori en cuanto a sus valores sobre los equilibrios en una sociedad o dejar como que fue un error del director de la DGI que el ministerio o el Poder Ejecutivo no comparten.