EMILIANO COTELO:
El primer hallazgo que sería de un detenido-desaparecido durante la dictadura. Este es el hecho que elige el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, para su análisis de hoy, ubicándolo en el proceso de evolución del tema violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. El título: “Del no pasó nada al muerto-desaparecido”.

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Oscar, ¿por dónde empezamos?

OSCAR A. BOTTINELLI:
Empezamos por una precisión: hasta ahora estamos partiendo de la presunción de que este es el cuerpo de un desaparecido que fue muerto, porque todavía está faltando la comprobación judicial. Pero por todos los elementos que hay en juego en general todos nos estamos moviendo con la presunción de que esto es así.

Sobre esta base los hallazgos en la chacra de Pando suponen un hecho, un cambio cualitativo, que es la comprobación de una categoría de víctimas de la represión estatal: personas muertas, cuyo cuerpo se ocultó y su muerte también. Aparece lo que podríamos denominar los muertos desaparecidos, porque hasta ahora lo que existía era una convicción generalizada de que todos los detenidos desaparecidos estaban muertos. Era una convicción de todo el mundo, está en el informe de la Comisión para la Paz que firmaron monseñor Cotugno, el actual secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, el anterior asesor presidencial, Carlos Ramela. Pero cuando uno veía los intentos de que hubiera una acción judicial penal e investigaciones judiciales penales usando como resquicio el delito continuado, que supone que los desaparecidos siguen estando secuestrados, lo veía como un artilugio jurídico, como algo que de alguna manera forzaba la convicción generalizada de que aquí no tiene que salir la Policía a hacer operativos, a buscar dónde siguen estando ocultos, secuestrados, los desaparecidos. Pero una cosa es tener la convicción generalizada y otra es que aparezca una comprobación, aquí hay un cuerpo que demuestra ese hecho del que todo el mundo estaba convencido. Esto no es “apareció al fin el cuerpo” sino “hay una comprobación”, es un cambio de tipo cualitativo muy fuerte en todo este proceso.

EC – Tú decías que ibas a ubicar este caso, esta noticia, en la evolución del tema Derechos Humanos durante la dictadura. Vayamos a eso. Hace 20 años los militares lisa y llanamente negaban que hubiese habido violaciones a los Derechos Humanos. ¿Cómo siguió después eso?

OAB – Para ser más exactos vamos a decir 21 años, para ubicarnos. En el año de las negociaciones hacia la salida institucional había una negación de las violaciones a los Derechos Humanos, pero más importante que la negación en sí es ver por qué en Uruguay no se salió con una amnistía general que comprendiera todo lo que había ocurrido sino con una amnistía para los delitos cometidos por grupos guerrilleros y para los perseguidos por ideas. Los militares consideraban que no necesitaban ser amnistiados, ellos habían actuado en función de las reglas de la guerra, en función de esas reglas consideraban absolutamente lícito lo que había ocurrido y no pedían ni necesitaban nada, esa era su convicción.

Esto cambia muy rápidamente, el segundo paso aparece el 18 de mayo de 1986, cuando en el Día del Ejército el teniente general Hugo Medina, comandante en jefe del Ejército, habla de si no habría sido desequilibrada, injusta, la ley de amnistía que no comprendió otras situaciones, se empieza a insinuar la necesidad de una amnistía para los militares y policías que actuaron en nombre del Estado en la represión.

El paso siguiente es muy importante, yo he visto que se está mencionando poco, nosotros lo mencionamos en un análisis que hicimos hace tres meses. El 1 de diciembre de 1986 –ayer hizo 19 años–, en la Casa de Gobierno de la Plaza Independencia, como paso previo a ambientar lo que en definitiva fue la Ley de Caducidad –el gobierno todavía seguía caminando con la idea de una Ley de Amnistía–, los comandantes en jefe reconocen ante los líderes políticos –estaban Wilson Ferreira Aldunate, Liber Seregni, Humberto Ciganda, Enrique Tarigo, por cada uno de los cuatro partidos, más el presidente de la República– haber “perdido los puntos de referencia”. Es la primera admisión desde el ángulo militar de que algo hubo –no se utilizaron palabras más duras–, se perdieron los puntos de referencia, aparece un cuestionamiento a formas de haber actuado.

El paso siguiente, ya no desde el ángulo militar sino desde el Estado, en el informe de la Comisión para la Paz –que hay que entender como un informe oficial del Estado– aparece por primera vez la comprobación oficial, el reconocimiento estatal de que hubo torturas, de que hubo muertes como consecuencia de esas torturas o quizás en forma deliberada, y en el caso de las muertes ubica 26 casos –ahora hay dudas respecto de este número– de desaparición de los cuerpos.

Y lo último antes de este hallazgo son los informes de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas al presidente Vázquez el 8 de agosto. Informes en que se avanza y aparece la información sobre la chacra de Pando y sobre el segundo vuelo; el de la Fuerza Aérea aparece como el informe más abierto.

EC – Sí, allí tenemos una fuerza, la Fuerza Aérea, que reconoce muertes por malos tratos –en la mejor de las hipótesis– en dependencias de la Base Boisso Lanza, y además reconoce la mentira en la información a los familiares, “ocurrido el hecho, la intención fue entregar el cuerpo a los familiares, pero al no poder presentar un certificado de defunción se procedió a montar un operativo simulando su fuga y sepultando con cal el cadáver en una chacra”, etcétera.

OAB – Exacto. Es el reconocimiento de la desaparición como una acción oficial, de los mandos, deliberada.

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EC – Tú repasabas la evolución que tuvo el reconocimiento de las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas en los últimos 20 años. Mientras tanto, ¿cómo fueron las posturas de los gobiernos en esta materia?

OAB – Como es obvio, estamos tomando este episodio para trazar toda una perspectiva, para ubicarnos en cómo ha sido esto. Hay que hacer una advertencia: cuando uno hace un inventario luego cada cual saca las conclusiones y hace los juicios correspondientes, pero siempre hay que tener cuidado de los juicios históricamente desajustados, vale decir, de juzgar las actitudes que se tuvieron hace 10, 15, 20 años con relación al estado del país, de la sociedad, de las Fuerzas Armadas y la opinión pública al día de hoy, cada momento tiene un contexto diferente.

En primer lugar está el momento de borrón y cuenta nueva, que es la tesis dominante del Partido Colorado, muy fuerte en 1984, que busca cerrar el pasado. No acepta una idea de amnistía total y abarcativa –que en la izquierda también era una idea muy difícil de aceptar, salvo para muy poca gente–, se decía que hubo delitos de sangre que no podían ser amnistiados, sí amnistiar a los demás que cometieron delitos, a los que fueron procesados por los que no fueron delitos en época constitucional sino que fueron perseguidos por ideas. Y después viene una segunda etapa de amnistía para los delitos cometidos por funcionarios militares y policiales en cumplimiento de órdenes de los mandos. Esta amnistía no pudo devenir en tal, no hubo mayoría parlamentaria para ello y se habilita esta solución –sobre la cual ya hemos hablado en otras oportunidades, muy exótica– de hacer caducar la pretensión punitiva del Estado, que luego la Suprema Corte de Justicia en dos oportunidades interpretó como una amnistía. La idea era: aquí se cerró el pasado.

En realidad el pasado se dio por cerrado por todos los académicos, estuve repasando libros, ponencias de cinco años para atrás, y siempre se decía que el 16 de abril de 1989 –que fue el día del referéndum amarillo y verde– Uruguay cerró la transición, que el tema estaba definitivamente concluido.

Esa convicción que hubo en los niveles académicos y políticos llevó a que se cerrara en silencio todo el período de Lacalle y buena parte del segundo período de Sanguinetti. Ahí empieza algún tipo de reclamo, siempre más bien sobre la suerte de los detenidos desaparecidos, pero el tema se reabre con fuerza a partir de la elección de Batlle como presidente y su llamado a la búsqueda de la paz definitiva, entendiendo el presidente Batlle que ésta se lograba con una investigación sobre qué había pasado con los desaparecidos y un informe oficial. Esa fue la intención de la Comisión para la Paz que contó con el apoyo de Vázquez. De alguna manera esto está enmarcado en dos nombres simbólicos, el de Carlos Ramela como hombre del presidente y Gonzalo Fernández el hombre del líder de la oposición y ahora el hombre del actual presidente.

Y llegamos a la Presidencia de Vázquez. Vázquez no entró en la idea de dar por un cierre el informe de la Comisión para la Paz, y al llegar al gobierno da este nuevo impulso, que sobre todo estuvo centrado en la entrada a los cuarteles; en verdad esto no es un cuartel, es una chacra, pero simbólicamente tiene el mismo sentido, entrar a aquellos lugares donde pudo haber enterramientos clandestinos en busca de restos o enterramientos y desenterramientos, es decir, la llamada “Operación Zanahoria”.

Este fue el último cambio cualitativo. Ahora está en duda el tema de la ley interpretativa que para muchos es una ley modificatoria y ampliatoria de la Ley de Caducidad, el tema de la reapertura de los juicios, cuál es la posición del gobierno. En algunas declaraciones últimas Vázquez ha dicho que no es un tema de gobierno sino una iniciativa de legisladores, aunque sean del oficialismo. Y lo que es claro, más allá de ese aspecto, es que esto da todo un nuevo impulso –el nuevo impulso del impulso– a seguir removiendo tierras, a alargar todos los plazos en la búsqueda de más cuerpos o por lo menos de elementos comprobatorios de las muertes, porque puede no encontrarse necesariamente cuerpos, pero sí algunos elementos que sigan certificando muertes, o por lo menos se podría comprobar la existencia de la “Operación Zanahoria”, es decir que hubo enterramientos –lo que implica comprobación de muerte– y desenterramientos de cuerpos, movimientos de tierra que tuvieron que ver con restos humanos.

EC – Después de estos dos repasos de los últimos 20 años, del lado de las Fuerzas Armadas uno y del lado de los gobiernos el otro, ¿qué conclusiones dejamos en el final?

OAB – Digamos que lo planteamos a título de repaso y de inventario para seguir analizando hacia el futuro. Por eso, más que conclusiones podríamos hablar de inconclusiones, porque quedan dos temas planteados. Por un lado el tema de la memoria histórica, siempre se dice que cuando pasa este tipo de hechos en la vida de una sociedad es muy importante, por encima de todo, qué memoria queda para y en esa sociedad de lo ocurrido. La construcción de la memoria histórica es un tema que queda para abordar en algún momento.

El otro tema es qué pesa más, si la construcción de la memoria o lo que podemos llamar la punidad, es decir, lograr que haya un funcionamiento judicial que penalice personas. Este segundo ángulo de análisis y de reflexión sobre este tema que ha tenido este nuevo impulso también queda pendiente.