JOSÉ IRAZÁBAL:
El nuevo gobierno ha seguido políticas diferentes con relación a la evasión en la economía formal y el funcionamiento de la economía informal. A propósito de ello y para seguir analizando el primer año del gobierno frenteamplista el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone hoy el siguiente tema: “La economía formal y la informal”.

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OSCAR A. BOTTINELLI:
Estamos haciendo este ciclo en la culminación del primer año de gobierno frenteamplista, tomando algunos problemas y desafíos para este 2006. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la economía formal y la economía informal.

Claramente lo vimos el viernes pasado hablando de los asalariados. Hubo un avance en la formalización. Por un lado en la formalización laboral, es decir mayor cantidad de gente inscripta en las planillas, en el sistema jubilatorio, en el sistema de contralor del trabajo, menor cantidad de personas cobrando en negro o menor porcentaje del salario cobrado en negro o nada cobrado en negro. Por otro lado, mayor recaudación como consecuencia de esto del Banco de Previsión Social (BPS) y de la Dirección General Impositiva (DGI).

Contra algunos vaticinios de mediados de año, aparentemente, salvo que las consecuencias estén mucho más adelante, ni los consejos de salarios ni los controles de la DGI y del BPS, ni la combinación de todo esto, que ha generado un gran incremento de costos para las empresas en la medida que si se aumentan los salarios, si se paga previsionalmente de lo que se pagaba y si se paga más impuestos de lo que se paga, es decir que hay más costos, aunque ese aumento de costo saliera de dinero que estaba en negro, no ha provocado caída de empresas, de actividades. Muchos decían que esto lleva a un cierre muy importante, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, pero no se ha producido.

Hay un problema que sí genera niveles de insatisfacciones y satisfacciones. A nivel de la economía informal claramente hay una importante satisfacción para el gobierno en la medida que no es una novedad, no es que el gobierno haya cambiado su política sino que continúa la política de gobiernos anteriores de una actitud de permisividad al informalismo, entendido como que es una defensa frente a una economía no inclusiva en todo el mundo que lleva a realizar actividades fuera de la formalidad, sea mediante el artesanado, la venta en ferias, la venta en vía pública, incluso muchos sostienen que ahí puede haber canalización de productos de contrabando, pero ese informalismo no tiene problemas de controles laborales, provisionales ni impositivos, lo cual le da mucha tranquilidad. Y por otro lado este mayor control sobre el formalismo en términos de mercado hace que el informalismo sienta mucho aire para expandirse y aprovechar un crecimiento de la economía con relación a la economía formal.

Del lado de los sectores formalizados, sobre todo a nivel de pequeñas o medianas empresas, se siente que no existe una misma vara, ya que el estar formal, el estar inscripto, ni hablar de tener un local abierto, implica estar sujeto a controles de la DGI muy fuertes y controles crecientes del BPS, a los cuales no están sujetos sus competidores informales, ligado a que les han aumentado los costos salariales, hay una mentalidad crecientemente regulatoria en el Estado, ya sea por vías municipales, ya sea por vías nacionales, que hacen que además se esté controlando cada vez más aspectos de regulaciones de las distintas actividades.

Y esta mayor formalización de trabajadores no sólo ha aumentado los salarios; imaginemos una persona que pagaba un salario de 4.000 pesos y pagaba la mitad en negro, no sólo le vino un 4, 5, 8 o 10 por ciento, según cuál sea la rama de actividad, de aumento de sueldo, sino que además se le duplica el pago al BPS porque tenía la mitad en negro. Por supuesto que eso era ilegal, pero para la empresa desde el punto de vista legal eso era un costo menor que ahora se le incrementó.

Todo esto está generando que a nivel de pequeñas y medianas empresas uno encuentre cierto desencanto con el gobierno, que no ha habido una expansión de la actividad, una protección de la misma, sino más bien una maximización de controles, de regulaciones, de inspecciones, si se está algo formal.

Estamos viendo cómo se van generando encantos y desencantos con relación al gobierno en función del área de actividad, los asalariados privados como un gran sector de satisfacción con el gobierno, desocupados con cierta insatisfacción, pequeñas y medianas empresas con cierta insatisfacción en función de que ni se producen las expectativas que tenían ni se está dando un mejoramiento, sino que están más asfixiadas pese a que todo esto las agarra en un ciclo de crecimiento económico.

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JI – Seguimos viendo cómo se ha parado el gobierno frente a la economía informal en este primer año, qué acciones ha encarado para combatir la evasión en la economía formal.

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OAB – La otra faceta es la siguiente. El gobierno había anunciado, dicho en palabras de un jerarca del equipo económico: “vamos a ponernos de acuerdo en a qué le llamamos combatir el negro y a qué le llamamos el blanco”. No existe una economía en blanco y otra economía en negro, existe desde algo que está casi todo en blanco y puede tener algunos puntitos negros, hasta algo que está todo en negro quizás con algún puntito blanco o de repente todo en negro. De un extremo al otro, ¿dónde se pone el combate a lo negro? ¿Se combate aquel puntito negro que tiene una empresa que está toda en blanco, que es en general a lo que tradicionalmente apuntaban la DGI y el BPS o se va más hacia lo negro oscuro puro? ¿Y qué es lo que se considera un trabajo de un desocupado como changa para sobrevivir y qué es ya una actividad económica informal absolutamente regular, comercial, como cualquier otra? Como decía una economista argentina, de “subsidios autoasignados”, es decir, se exonera de impuestos porque él mismo decide no pagarlos. Pero ya no se puede hablar de las changas de un desocupado sino de una actividad económica “come il fault” pero toda en negro. Este tema, que parecía que a través de las reuniones tripartitas de cámaras empresariales, sindicatos y gobierno iba a tener una resolución y se hizo toda una conferencia de prensa al respecto, parecería que quedó sin resolver y que va a generar en el correr de este año algunas rispideces, algunas crispaciones porque en la medida que no hay reglas claras ni es nada claro hacia dónde se dirige el gobierno esto puede llevar a que haya sectores crecientemente desencantados con el gobierno, desencanto que puede llevarlos a aprobarlo o no porque ahí ya juega otro conjunto de factores, estamos analizando uno solo.

El otro tema que está muy relacionado con esto pero que no se agota en esto es lo que se observa como un crecimiento de la mentalidad regulatoria del Estado. Esto en gran medida es parte de un reclamo de la ciudadanía, mucho del voto al Frente Amplio tuvo que ver con la defensa de un Estado fuerte por hacer por sí mismo o por regular. Lo que empieza a generar áreas importantes de molestia es cuando esa actividad regulatoria se lleva al extremo, por ejemplo, de entrometerse en las habitaciones del hogar, es decir, cuando el BPS empieza a sostener que si a alguien se le ocurre pintar la pared de un cuarto tiene que ir a hacer un trámite al BPS para pagar impuesto porque viene un pintor a pintar una pared o para estar exonerado porque la va a pintar él mismo, se considera que más allá de que las normas existen es un Estado que se mete a fisgonear en el último rincón privado de las personas.

Han sido algunos avances demasiado fuertes –algunos dicen excesos– de una mentalidad regulatoria que por un lado es demandada por los votantes pero que por otro se expande en muchísimas áreas del gobierno en un tema que daría para otro análisis, que es que cuando se aumenta la mentalidad recaudatoria hay que ver si también existe la capacidad del Estado para regular con eficiencia y no solamente con el riesgo de burocratizar sin generar esa eficiencia. Porque si uno crea más trámites y luego no hay cómo hacerlos –por ejemplo Salud Pública salió con una idea de combatir la existencia de casas de salud y otras cosas informales, y resulta que los trámites para meramente cambiar el nombre de un socio en una clínica puede llevar ocho o diez meses y muchísimas idas al ministerio–, la capacidad del Estado para hacer frente a las mayores regulaciones que existen también es un tema que queda planteado como un cuello de botella, el tema de un Estado que quiere formalizar las cosas, que quiere regular frente a un funcionamiento social con muchos aspectos de informalidad.