EMILIANO COTELO:
A raíz del pedido de procesamiento de un grupo de militares por operativos realizados fuera del país durante la dictadura, el politólogo Oscar Bottinelli inició el viernes pasado un análisis de los vaivenes que ha tenido la investigación de las violaciones a los derechos humanos desde la salida del régimen militar hasta nuestros días. Hoy Oscar se propone terminar ese análisis. Esta segunda parte se titula: “Derechos humanos: desde la transición terminada a la transición reabierta”.

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EC - Estamos refrescando la historia.

OSCAR A. BOTTINELLI:
Sí, siempre conviene refrescar la historia, en este caso la historia reciente, para entender el presente, lo que está ocurriendo hoy frente a un hecho que va a durar su tiempo y que es altamente significativo. El viernes hablamos de cómo se empezó a manejar el tema derechos humanos cuando se estaba en el tramo final de la dictadura, tanto de los actos cometidos por las fuerzas del Estado como de los cometidos por grupos guerrilleros, y de las distintas posturas. Como se sabe, esto terminó de un lado con la ley que fue de amnistía excepto para delitos de sangre, para lo que se estableció un cómputo especial, no hubo amnistía, del lado guerrillero, y que después de más de dos años de idas y vueltas se llegó al acuerdo de dictar una ley bajo la peculiar figura de declarar que ha caducado la pretensión punitiva del Estado.

EC - Una ley de caducidad que tuvo desde el inicio dos interpretaciones.

OAB - La interpretación dominante, por lo menos muy clara, del gobierno del Partido Colorado (PC) y de la izquierda es que esto había cerrado el tema, que se daba vuelta la página. Digo que la izquierda lo aceptaba desde el momento en que se promueve un referéndum para derogarla, diciendo “esto consagró la impunidad”. La primera interpretación de la izquierda coincidía con la del gobierno en que esto había cerrado el tema. Y para no cerrarlo había que hacer un referéndum para tratar de voltear la ley, abrogarla. Como se sabe, esto terminó en una confirmación de la ley por vía referendaria, y la confirmación mayor viene después cuando la Suprema Corte de Justicia finalmente se pronuncia por tres a dos declarando la constitucionalidad de la ley por considerar que había sido una ley de amnistía. Esa fue la posición inicial del Poder Judicial, es un debate muy interesante, hay un informe en mayoría de Marabotto y uno en minoría de Balbela de Delgue, que es interesante porque ella coincide, en ese sentido hay unanimidad en la Corte, en que si hay una amnistía la amnistía extingue el delito, por lo tanto nadie puede ser juzgado. Lo que Balbela de Delgue en su informe considera es que esto no fue una amnistía, la minoría de la Suprema Corte cuestiona que la ley, de la forma que fue redactada, sea la ley de amnistía que prevé las competencias del Poder Legislativo y por lo tanto discrepaba con que fuera constitucional.

EC - Hablábamos de dos interpretaciones.

OAB - La confirmación por vía referendaria fue interpretada, Fernández Huidobro dijo “el pueblo dio una orden”; el problema es que no todos consideraron que hubiera habido una orden, quedó gente disconforme, no resignada. Disconforme obviamente quedó todo el que perdió el referéndum, pero no resignado. Inicialmente quedó muy concentrada toda esta disconformidad en forma muy larvada en el tema desaparecidos, en los casos Michelini y Gutiérrez Ruiz, y más tarde llega el caso Gelman. Y dentro de los desaparecidos hay un capítulo aparte, el de los niños desaparecidos, empezó la aparición de figuras y se transforma en emblemático el famoso caso de Simón Riquelo, se había individualizado una persona atribuyéndole esa personalidad que finalmente se aclara, en el sentido de que no era, en el gobierno de Batlle.

Es interesante ver que el tema estuvo ausente de la opinión pública. Claro, si se preguntaba “¿Usted considera que es importante aclarar las desapariciones o lo que pasó en la dictadura?” era abrumador el sí, pero cuando se preguntaba más el ranking, “¿cuáles son los temas más importantes del país?”, este tema no aparecía entre los temas importantes para la opinión pública, era absolutamente marginal.

Desde los sectores disconformes empieza a adquirir fuerza en las llamadas marchas del 20 de mayo, en los aniversarios de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que empiezan a ser cada vez más numerosas, sobre todo cuando nos acercamos a 1999-2000. Ahí aparece la teoría de los resquicios, muchos empiezan a embestir no tanto contra la ley de caducidad –que hubo una embestida hasta este mismo período de gobierno– sino a empezar a encontrar los resquicios a la ley para tratar de decir “por aquí vamos a colarnos” para tratar de desarmar este monolitismo de la ley.

Hubo además sectores que machacaron persistentemente. La familia de Michelini en el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y el Nuevo Espacio, el PVP, que no se resignó nunca a dejar sin indagar toda aquella desaparición masiva de dirigentes que tuvo a partir de Argentina y sobre todo de Automotores Orletti, los Familiares. Son algunos ejemplos de sectores que mantuvieron la lucha en forma persistente en un largo período en que este tema prácticamente había desaparecido de la agenda política significativa y realmente del espacio de opinión pública.

EC - De esa manera termina abriéndose el camino a la investigación de los casos de desaparecidos.

OAB - Se abrieron en realidad dos temas: la investigación de los desaparecidos y la lucha, que recién ahora vemos que podemos llamar contra la no punidad o la impunidad, contra el no haber penado o no haber juzgado nada de esos casos. En el caso de los desaparecidos recordemos que la ley de caducidad en el artículo 4º establecía –y ahí venía de los sectores más opositores un reproche a lo que consideraban una inacción del Poder Ejecutivo– que el Poder Ejecutivo dispondría inmediatamente la investigación de todas las denuncias que se hubieran formulado en la sede judicial relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones. Es decir, la ley de caducidad establecía que la investigación de los desaparecidos debía realizarse, no es que acá era un resquicio en contra de algo que cerraba la ley de caducidad. Aquí los sectores opositores consideraban que esa voluntad de cerrar el tema y de dar vuelta la página que habían exhibido los gobiernos, particularmente del PC, no estaba de acuerdo con la propia ley de caducidad.

En esa lucha aparece ya hacia fines de 1999 el caso Gelman, ya mencioné el caso de Simón Riquelo, en este caso de menores, y viene un vuelco importante que empieza con el presidente Batlle, que hay que recordar que empieza a investigar lo de Gelman, hay una primera investigación sobre qué había ocurrido con su nuera; lo de Simón Riquelo; y la instalación de la Comisión para la Paz, que después de un extenso trabajo que terminó siendo muy polémico, generó avances muy significativos. Claramente lo que no se dio es lo que pretendía Batlle, que era el cierre final del tema, cuando hablaba de la paz definitiva.

Y hoy sí se ven limitaciones muy grandes al trabajo de la Comisión para la Paz, pero parecería que históricamente conviene evaluar lo que implicó, hay que repasar los análisis que hubo hace tres años sobre esto, se habló de avances extraordinarios. Hoy se ven algunas limitaciones importantes, una el caso de las excavaciones ya contradicen algunas de las conclusiones sobre el destino final de desaparecidos. Y una segunda que parece realmente muy importante, que surgió el año pasado con el informe del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, es la aparición del famoso segundo vuelo, que estaría implicando que hay un número de uruguayos detenidos en Argentina, traídos y desaparecidos que casi duplica la lista de desaparecidos que se había contabilizado en Uruguay. La Comisión para la Paz contabiliza 26, y en el segundo vuelo se habla de una veintena.

EC - Uruguayos que en principio figuraban como desaparecidos en Argentina ahora quedaría claro que terminaron muriendo en Uruguay. Es más, que no murieron en la tortura o por excesos, sino que por lo que se sabe fueron directamente ejecutados.

OAB - Esto es un elemento muy significativo del segundo vuelo, porque hasta determinado momento lo que aparecía era que en general en Uruguay no había habido muertes provocadas deliberadamente, salvo algunos casos en los que se sostuvo siempre que había sido deliberadamente provocada, pero que lo dominante había sido que había habido un exceso en la tortura o personas a las que su condición física les impidió resistir nada. Aquí aparece una cosa diferente, si la investigación sigue y va confirmando las sospechas o las teorías que surgen aquí, aparece una conducta diferente, aparece una conducta de traída oficial, porque ya no es que clandestinamente se los traía clandestinos hasta para el conocimiento institucional de las Fuerzas Armadas, sino que era oficialmente un operativo del Ejército mediante un soporte logístico Fuerza Aérea, y además el final es un final decidido, es la muerte deliberada, lo cual es un cambio cualitativo en la apreciación sobre la apreciación habida dentro del país.

EC - En estos cambios que se han producido en los últimos meses en el manejo de las investigaciones de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura ha jugado un papel importante también la forma en que se ha interpretado la ley de caducidad en esta administración.

OAB - Exactamente. Yo diría que el cambio de interpretación de la ley de caducidad empieza por vía judicial en los años pasados, ya con el procesamiento de Juan Carlos Blanco, aunque ahí podría sostenerse, o se sostiene por parte de muchos, que más que un resquicio fue algo medio de tirar de los pelos. Todo parte de un hecho, que es, uno, la ley fue por un camino heterodoxo, el derecho, y está consagrado en nuestra Constitución, admite una serie de formas clásicas sobre las cuales hay mucha teoría y mucha praxis en el mundo, como la amnistía para extinguir los delitos, como el indulto para conmutar penas, como la gracia para sobreseer penas, y resulta que acá se va por algo que es decir que a la pretensión que tiene normalmente el Estado de penar a personas por determinados hechos se la declara caducada. Es realmente una originalidad. Eso ya deja toda una duda qué quiere decir. Lo segundo es que está muy mal redactado, tiene hasta faltas de ortografía la ley. Entonces no es muy claro lo que quiere decir, uno de los párrafos más importantes dice: “Por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”, y lo leí todo de corrido porque no hay ninguna coma de por medio. Parece que los móviles políticos son la equiparación o asimilación de los funcionarios y no del delito, no es nada claro. Tampoco es claro si es móviles políticos y además en ocasión de acciones ordenadas o no.

EC - Tampoco queda claro si los mandos están protegidos por esta caducidad de la pretensión punitiva.

OAB - Todo esto deja un montón de resquicios. ¿Es necesario el móvil político, o basta el cumplimiento de la función sin móvil político? ¿Tiene que ser necesariamente una acción ordenada por los mandos o no? Si no es necesario podrían quedar excluidos los mandos; si tiene que haber una orden de los mandos, los mandos son los que ordenan, entonces no están amparados. Y acá viene en todo este galimatías algo que es muy claro: los delitos que se hubieran cometido con el propósito de lograr para su autor o para un tercero un proyecto económico, no están comprendidos. Es una de las cosas que se han tomado en cuenta en estos casos, se habla de la existencia de chantajes, obtenciones de dinero, etcétera, con relación al conjunto de detenidos del PVP que luego son muertos o desaparecidos; en algunos casos se confirmó la muerte y otros desaparecidos con todos los elementos de que en alguna forma fueron muertos.

Estos resquicios se empiezan a abrir y cuando hay una voluntad política muy fuerte desde el gobierno de abrir estos resquicios pasan a hacerse verdaderos agujeros de la ley. Una ley, además, que es fácilmente agujereable por lo heterodoxo de la figura y la mala redacción. Y además en el Poder Judicial hay un cambio de actitud. Es notorio. Así como cambio la visión política dominante en el país, que no es sólo quien ganó una elección, la sociedad va cambiando. Los jueces y el sistema judicial son parte de esa sociedad y van cambiando con ella.

Siempre los valores que dominan a una sociedad están penetrando las acciones judiciales. Los magistrados, los fiscales no son individuos fríos que actuan al margen de la realidad sino que actúan en medio de una realidad y esa realidad los va condicionando en la forma de interpretar.

Hay otro hecho que es significativo y tiene que ver con el contexto del país. En un análisis histórico es probable que se llegue a la conclusión de que en los primeros años de la posdictadura el caminar hacia un país que fuera hacia el futuro, que estabilizara las instituciones necesitaba un cierre de página, o de repente, visto ya más históricamente, un paréntesis en las páginas respecto del pasado hasta que se produjeran cambios importantes en el país. Y entre otros hechos, es notorio que se ha producido un cambio al interior de las Fuerzas Armadas, que aquella actitud dura de resistencia que podía existir en la alta oficialidad, con distinto énfasis según la fuerza, se ha desmoronado, con un cambio generacional muy importante, los altos oficiales de hoy eran personas apenas egresadas o todavía estudiantes en las escuelas militares en los períodos más duros. Cuando pasa un cuarto de siglo, o treinta años en algunos casos, es mucho más fácil que pueda acceder gente que mire las cosas de otra manera y no se sienta comprometida con lo que ocurrió. Y el cambio político supone también que esa institucionalidad militar cerrada, que tenía un gran soporte político, pierde también el soporte político. Todo esto permitió estos grandes pasos que sin duda empiezan en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Batlle, y que a partir de lo que hace el presidente Batlle tiene un envión decisivo en la administración del presidente Vázquez que, termine esto en lo que termine y más allá de cualquier otro elemento sobre la gestión de gobierno, da la sensación que ya aparece como uno de los grandes logros difíciles de que desaparezcan o se aminoren de la administración del presidente Vázquez.