EMILIANO COTELO:
“Los procesamientos con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. ¿Un punto de inflexión en el proceso posdictadura?” Ese es el título del análisis que nos propone el politólogo Oscar A. Bottinelli.

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Oscar, difícil agarrar este tema en caliente y cuando todavía falta tanta información.

OSCAR A. BOTTINELLI:
Es demasiado prematuro para llamarle análisis, son apenas unos bosquejos medio deshilvanados.

EC - Algunos apuntes. Empecemos por el tipo de salida que eligió Uruguay de la dictadura a la democracia.

OAB - Este tema fue objeto de algunos análisis nuestros, sin duda Uruguay logró una salida consensuada –hay que leer muchos libros publicados de uruguayos y de analistas extranjeros–, cerró el pasado y la transición terminó definitivamente el 16 de abril de 1989. Pero hace seis años empezamos a ver que no estaba cerrada, que se empezaba a remover y lo que ocurrió ayer marca un hito. Hay que cuidarse mucho de decir cuál es el hito, porque todos dijimos que había sido cuando procesaron al grupo de militares. Son hitos, y quizás este es mucho más simbólico e importante porque marca una línea diferente de la salida que eligió Uruguay en un tiempo histórico diferente, con generaciones distintas predominando en la vida del país.

Eso es lo primero que tenemos que ver, lo cual abre todo un interrogante, porque las reacciones que ya se venían viendo de antes, y algunas de ahora marcan que hay por un lado un espíritu dominante de cierta alegría, independientemente de que esté bien o mal el fallo, de que haya una pena, por más simbólica que pueda ser, a quien fue el máximo responsable del golpe de Estado, y por otro lado voces que alertan que tienen temores.

EC - Estamos ante un fallo que implica el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco por coautoría de homicidio especialmente agravada con cuatro muertos: Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, los hechos del año 1976. Un parte que hasta ahora es muy breve y sin detalles sobre los argumentos y sobre las razones del juez.

OAB - Todo un tema –no es el mío– es el debate jurídico que se va a abrir a partir de este momento. Para eso se necesita conocer el auto de procesamiento. Recordemos que hay una distinción muy grande entre lo político y lo jurídico, desde el punto de vista jurídico un procesamiento no implica demasiadas cosas más que que hay semiplena prueba para abrir un proceso, pero desde el punto de vista político es recibido como un síntoma de culpabilidad decretada. Tenemos que ser claros en que la reacción política de la sociedad es mucho más fuerte que lo que jurídicamente implica un procesamiento.

EC - Estamos hablando de un procesamiento, no de una condena.

OAB - Después tiene que venir el juicio de primera instancia, una apelación, etcétera, y la condena definitiva. Políticamente las sociedades reaccionan sin esperar las condenas y los juicios están dados generalmente por el auto de procesamiento.

Lo que habría que ver del fallo analizado políticamente es por qué línea incursionó el juez, si estos son procesamientos normales, es decir, se descubrió que hay pruebas de que él fue el autor intelectual y ordenó la muerte, o si se va más a las doctrinas internacionales tipo Nüremberg o los tribunales sobre la ex Yugoslavia, que apuntaban a las responsabilidades objetivas, a las responsabilidades políticas, “creó los hechos para que tal cosa se produjera”.

Esto es políticamente muy importante. Cualquiera de los dos caminos va a dar lugar a una controversia jurídica fenomenal, pero eso es tema de juristas. Desde el punto de vista político el ir por el camino conocido como la doctrina de Nüremberg estaría implicando un cambio muy fuerte en la concepción penal en Uruguay.

EC - ¿Qué pasa de ahora en adelante? ¿Qué implica esta decisión para el futuro?

OAB - Primero, esto como los procesamientos de los militares, como la aparición de los restos totales o fragmentos de algunos considerados desaparecidos, está implicando un éxito muy grande del presidente de la República. Así lo ve un segmento muy importante del país, posiblemente mayoritario, y es un nuevo hecho que fortalece al presidente. Políticamente es un dato bastante nítido.

Segundo, esto plantea qué pasa, si esto es realmente un reabrir el pasado y, como temen algunos, Uruguay de ahora en adelante se agita en un nuevo debate sobre lo que pasó en los años sesenta y setenta, o si es un segundo camino que clausura el tema, una vez establecida una responsabilidad máxima sobre unas muertes que son consideradas simbólicas, que engloban toda la persecución que hubo y cierra el tema. Algunos consideran que esto es el comienzo, que no puede quedar así. Ya lo venían sosteniendo con los militares procesados: hay muchas responsabilidades, muchas muertes, muchos desaparecidos, pero además hay torturados, prisiones arbitrarias o en condiciones violatorias de los derechos humanos, y esto implicaría la necesidad de continuar con muchos más juicios. Es decir que se abre un abanico realmente muy extenso.

EC - Dentro del cual figura incluso la campaña que ahora se va a lanzar para anular la ley de caducidad.

OAB - Efectivamente, yo estaba analizando las reacciones políticas. Obviamente está el tema de los instrumentos jurídicos, que es una discusión muy complicada, si una ley puede ser anulada o no. En general se sostiene que las leyes son derogadas, pero si una ley es derogada no genera efectos retroactivos, por lo tanto la amnistía que vino a generar, la caducidad del delito, ya operó. Son muchos los temas jurídicos que van a estar de por medio. Una de las tesis que sostienen los defensores de la ley de caducidad, sobre todo desde el ángulo político, es que la caducidad ya operó y por lo tanto se está violentando la legalidad. Desde el punto de vista formal, jurídico, la discusión va a ser muy grande, pero desde el ángulo de nuestro análisis Uruguay ahora se apronta a un gran debate en el que se da esta circunstancia: quedan mucho mejor parados los que defienden esto que está ocurriendo, porque a aquellos que cuestionen la reapertura del pasado eso les va a significar que se los vea como solidarios con esos hechos del pasado. Una de las debilidades que tienen quienes sostienen que esto reabre el debate, que el país se divide, que no se mira el futuro, es que mucha gente los va a ver como que están defendiendo la dictadura, cuando efectivamente no implica necesariamente eso, se puede estar totalmente en contra de la dictadura y estar de acuerdo en cerrar. Es un debate que comienza medio desigual.

Por otro lado, los sectores que dicen que esto empieza y no termina crean el riesgo para el gobierno –que ha tenido un gran éxito con todo esto– de no tener forma de poner punto final y verse arrastrado a una continuidad de hechos aunque no lo quiera. A partir de este procesamiento, que pasa a ser uno de los grandes hechos políticos de este año, queda muy abierto el futuro inmediato.