EMILIANO COTELO:
En los últimos días, un juez en lo Penal solicitó el desafuero de un senador y un diputado para su juzgamiento por presuntos delitos que habrían cometido en la anterior administración de OSE. A propósito de esta noticia el politólogo Oscar A. Bottinelli, director de Factum, nos propone como tema: “Los fueros parlamentarios, ¿a quién protegen?”

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Oscar, ¿por qué no empezamos ubicando el concepto de fuero parlamentario?

OSCAR A. BOTTINELLI:
Es el concepto por el cual los legisladores no pueden ser responsabilizados judicialmente por las opiniones que vierten en el ejercicio del cargo, ni pueden tampoco ser acusados criminalmente sin que la propia cámara lo separe del cargo o le quite las inmunidades. Es decir que le dé lo que se llama “el desafuero”.

El sentido de los fueros parlamentarios es proteger al Parlamento y a los parlamentarios ante la posibilidad de abuso de los otros dos poderes: el Poder Ejecutivo que tiene la Policía, el Ejército, es decir, la fuerza detrás suyo, y el Poder Judicial que también tiene una forma de fuerza en la medida en que el Poder Ejecutivo ejecute sus decisiones mediante el inicio de procesos, de juzgar. Y acá viene una duda: ¿a quién protegen los fueros parlamentarios?

EC – ¿Qué podrías aclarar tú en ese sentido?

OAB – En primer lugar tenemos que hacer una distinción que es la siguiente: en general la mayoría de las polémicas que tienen que ver con fueros parlamentarios se están ligando a delitos que pueden lindar en el delito de opinión o que pueden llevar a la subjetividad de los magistrados. Es decir: difamación, delitos de prensa, desacato, ofensa a jefe de Estado, abuso innominado de funciones. Este último dice que una persona abusó de funciones que no están determinadas en ningún lado. Es decir que es muy subjetivo decir en qué momento se comete el abuso.

Recordemos que en nuestro Código hay otros delitos como el de promover la lucha de clases, el racismo, la xenofobia, la homofobia, que son temas para discutir en sí mismos. Son figuras que están en el borde entre lo delictivo propiamente dicho y el derecho de las personas a opinar.

También muchas veces se ha planteado el tema en relación a delitos comunes que aparecen conexos a lo político, a los delitos políticos, como ha sido el caso de la guerrilla en los años 60.

Ahora bien, respecto a la duda sobre a quién protege, se puede decir que hay dos grandes tesis y tres posibles protegidos. Uno: el Parlamento como institución, la idea es que acá no se está defendiendo individuos sino una institución. Luego, cuando se baja de este nivel del Parlamento, hay dos tesis. Que protege al individuo, que es general como uno ve que se discute en el Parlamento: se protege a fulano de tal, fulano de tal está bien o mal, y por lo tanto tiene más o menos privilegios que el resto de los ciudadanos. Esa es una forma de ver el tema.

Una segunda forma de ver el tema es decir que se está protegiendo a un electorado que eligió los parlamentarios y a un partido político que dijo “nosotros queremos que en la banca se siente fulano de tal como expresión de nuestra corriente de opinión”.

Al respecto hay algo que cada tanto vale la pena recordar. Nosotros tenemos bastante claro el tamaño descomunal que es el Cilindro Municipal, muy pocos actores políticos se animan a llenarlo.

EC – ¿Por qué mencionas el Cilindro?

OAB – Ahora vamos a ver por qué menciono esto. Todavía voy a mencionar una cosa mucho más grande que es el Estadio Centenario. Hay que llenar el Estadio... Rara vez se llena. Si el Cilindro Municipal se llena de gente que toda vota a una misma lista de candidatos, no alcanza para que un diputado sea elegido. Un diputado representa a más gente que toda la que cabe en el Cilindro Municipal. En la última elección el cociente entero fue exactamente 21.991 votos, es decir personas. Y si se llena el Estadio Centenario no alcanza para elegir un senador. Un senador representa mucho más que un Estadio Centenario lleno.

EC – ¿Y por qué estás planteando estas comparaciones?

OAB – Las comparaciones son para que se vea la magnitud de gente que está representando un parlamentario frente a la tendencia a verlos como individuos sueltos. Entonces la discusión es si efectivamente cuando se protege a una u otra persona, se está protegiendo al individuo común y silvestre con ese nombre y apellido o lo que se está defendiendo y protegiendo es un electorado que quiso estar representado por esa persona. Si se da un desafuero y se quita esa representación, a ese electorado se le cambió la representación titular que quiso tener y ese cambio se produce por voluntad ajena al propio electorado.

Esta es una discusión que se ha dado en el Uruguay hace mucho tiempo, se ha dejado de dar y es un ángulo que no debería perderse cada vez que se habla de forzar una renuncia, suspender o de dar un desafuero a un legislador. No se está hablando de personas físicas que ocupan cargos sentados en el Palacio Legislativo sino que se está hablando además de decenas de miles de personas que han votado a alguien y quieren que ese alguien sea quien los represente.

EC – Si vamos a la historia de la política uruguaya, el desafuero ha sido tradicionalmente resistido justamente por la izquierda, por los partidos que hoy están en el gobierno.

OAB – Exactamente, eso es lo que llama la atención. La izquierda cuando discute estos dos desafueros, se ha olvidado de su propia tradición o considera que el oficialismo tiene derecho a aprobar desafueros y la oposición a resistirlos. Lo que hace es un enroque: “ahora somos oficialistas, somos igual que todo oficialismo, y que la oposición actúe igual que como actuamos nosotros cuando éramos oposición”. Quizás ese sea el razonamiento.

EC – ¿Hasta qué fechas vas a retroceder para analizar las historia de los desafueros?

OAB – Veamos los dos últimos desafueros que dio el Parlamento, no hay que confundir con expulsiones o suspensiones. En julio de 1941 se produjo el desafuero de Alejandro Kayel, un diputado de ideología nazi por el delito de imprenta, es decir que fue desaforado por opiniones. Luego vino el de Washington Leonel Ferrer, en julio de 1972, acusado de connivencia con los tupamaros.

Y recordemos que en el año 49 se pidió el desafuero de Rodney Arismendi, diputado del Partido Comunista, por unos incidentes en el entonces Cine Trocadero en 18 y Yaguarón. Luego tenemos el de Washington Leonel Ferrer que mencioné y el del senador Enrique Erro, cuyo rechazo al desafuero y rechazo al juicio político fue el elemento puntual tomado para dar el golpe de Estado por las Fuerzas Armadas. Ya en la restauración institucional el de Armando Da Silva Tavárez, un diputado electo por el pachequismo, por la Cruzada 94, que fue defendido por la izquierda en el intento de desafuero que tenía que ver con acusaciones sobre maniobras en relación a su actividad de industrial.

Y también está la expulsión del senador José Germán Araújo, en 1986, y la suspensión de Leonardo Nicolini hace dos legislaturas. Ambos casos no tienen que ver con desafueros pero sí con remover legisladores.

La izquierda siempre fue la que no solo votó en contra sino que llevó la voz cantante en contra de todo tipo de desafuero, suspensión o expulsión. Además consideró que era muy peligroso el manejo de delitos de opinión, delitos comunes conexos con lo político o procedimientos que en algún caso la izquierda consideró que se iba contra una sola persona por ser legislador y no contra otras que podrían haber estado exactamente en la misma situación.

EC – A partir de este repaso de antecedentes, de esta ubicación de conceptos, ¿qué conclusiones quedan en el final?

OAB – Primero que el tema de los desafueros ameritaría debates mucho más profundos que analizar puntualmente lo que pasó en la OSE, lo que hizo un senador cuando era director de OSE, lo que hizo un diputado cuando era director de OSE. Hay que analizar muy a fondo sin perder de vista cuál es el sentido histórico del fuero parlamentario, a quién protege, cuál es la representación que inviste cada uno de los legisladores. De paso, un tema que habrá que estudiar también, más adelante, en un momento en que tenemos esta oleada de denuncias judiciales de parte de políticos contra políticos, y es el del riesgo que tiene de jugar a la destrucción de la credibilidad del sistema político y de otra vez más -como ocurrió hace una década- usar el Poder Judicial como la cancha de ping pong para dirimir los diferendos políticos. Esto se ha practicado en otros países y cuando se ha llevado adelante con mucha fuerza, ha terminado en la destrucción de los sistemas políticos.