EMILIANO COTELO:

El fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional el IRPF a las pasividades, la reacción del oficialismo y la controversia política generada son el tema del análisis de hoy del politólogo Oscar A. Bottinelli, director de Factum. El título: "Entre el IRPF, la política y la justicia".

Es un tema inevitable hoy.

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OSCAR A. BOTTINELLI:

Sí, y tiene muchas aristas.

EC - ¿Por dónde empezamos?

OAB - Ante todo, es la primera gran victoria que logran los partidos tradicionales sobre el gobierno. No la primera propiamente dicha, porque hubo otras de menor entidad desde el punto de vista de la opinión pública –no digo desde el punto de vista del país–, como el tema del fiscal de Corte, en el que el gobierno finalmente tuvo que ceder. Y algunas otras que podemos considerar grandes, pero estamos hablando de errores propios del gobierno que le han costado caro a nivel de opinión pública, pero no por acción de la oposición sino autogoles.

En cambio esta fue una derrota armada y preparada por la oposición, que consideramos que ha sido acentuada por el gobierno, porque con más de un mes para prever cómo reaccionar ante el fallo de la Corte, que se veía venir, reaccionó como con sorpresa. Demostró enojo, falta de calma y ha sido muy errático en los anuncios: primero anunció que habría que suprimir un montón de planes, después dijo que no, que los planes se iban a cumplir, pero que no se iba a poder ajustar la franja inferior del IRPF de salarios, aunque después se dijo que eso no se iba a ver afectado.

Incluso, al principio, Tabaré Vázquez manejó la posibilidad de derogar de inmediato el IRPF a las pasividades y sacarse el tema de encima. Después esta línea se abandonó, no se sabe si por voluntad propia o porque fue muy firme, muy dura, muy tajante la posición del ministro de Economía y el equipo económico de mantenerse duros y embestir.

En política hay un consejo que dice que cuando uno ve que se le viene un tema encima que no puede dominar y que le va a costar, tiene que procurar sacárselo de encima cuanto antes. De repente, el gobierno se lo podía haber sacado de encima antes del fallo de la Suprema Corte o podía haber esperado el fallo para tener el motivo formal pero con todo ya anunciado para mandar el proyecto de ley al Parlamento el mismo día.

El gobierno no supo prever esta derrota. Y digo derrota porque los partidos tradicionales actuaron con una acción política sostenida, decidida, para darle un buen golpe al gobierno por este lado.

EC - Ese es un ángulo. ¿Qué otro podemos ver? Por ejemplo, ¿cómo observas la decisión de la Suprema Corte?

OAB - Yo no soy analista de temas jurídicos, no soy jurista, pero desde el punto de vista político y de la opinión pública, es importante analizar que en el régimen uruguayo la Suprema Corte actúa en materia constitucional puntualmente. No es el caso de Estados Unidos, donde las leyes se derogan y caen definitivamente, sino que la Suprema Corte de Justicia es un órgano de cinco miembros, con una integración que cambia permanentemente porque los miembros tienen diez años como tope de ejercicio, pero además a los 70 años de edad se tienen que retirar, lo que hace que muchos no lleguen a los diez años. Entonces, no podemos saber si a fin de mes, dentro de dos meses o de tres meses la composición va a tener el mismo criterio que tiene hoy.

En segundo lugar, Uruguay se maneja con el caso concreto. Una persona pide la inconstitucionalidad por vía de acción o de un juicio y la Suprema Corte emite el fallo sobre ese caso, que no es válido para todos los demás que sean similares o iguales. La jurisprudencia no es obligatoria, es decir que si la Suprema Corte un año resuelve un tema de una manera, 20 años después no está obligada a mantener el criterio. Cada vez falla como si empezara de nuevo.

El problema es que esto, que judicialmente es perfectamente entendible, no es fácil de entender para la sociedad. Se dijo antes que esto era constitucional y ahora es inconstitucional, ¿por qué cambia?.

Cuando el sistema judicial es puesto a dirimir el conflicto político se expone a desgastes ante la opinión pública, en cierto modo sin tener arte ni parte en el juego político.

EC – Ahora, ya hace tiempo que determinados conflictos políticos se llevan a los estrados judiciales.

OAB - Sí, para marcarlo con mucha claridad, aunque ha habido episodios anteriores, se puede decir que hace 12 años comenzó en Uruguay una línea del sistema político de jugar la partida política en la cancha del Poder Judicial, trasladarla al Poder Judicial. El 12 de julio de 1996 hicimos un análisis aquí En Perspectiva que se tituló: "El Poder Judicial, política y ping pong".

EC - Por lo menos estamos hablando de 12 años.

OAB - Es un análisis de hace 12 años sobre hechos que ya venían. Por un lado, estaban los juicios por difamación, algo un poco insólito, que los políticos y los parlamentarios empezaron a acusarse de difamación y el juez tenía que decidir. Pero básicamente en materia penal, en ilícitos se hacían las denuncias ante la justicia. No eran las denuncias que se hacían en los años cuarenta, cincuenta, sesenta, cuando el Parlamento nombraba una comisión investigadora, acumulaba elementos, pruebas, desfilaban testigos y al final hacía un informe que concluía que desde el punto de vista parlamentario había delito y disponía el pasaje a la justicia. Aquí, a la primera de cambio, se tiraba el tema a la justicia. Era un efecto: "Fulano fue acusado de", pero después resultaba absuelto. Entonces se generaban oleadas de ideas de culpabilidad de gente.

Además, cada vez que sube una administración lo primero que hace es ver cuántos expedientes de la administración anterior puede tirar a la justicia. Y ahora se abre este otro camino de juego político en el terreno judicial, el de las inconstitucionalidades.

EC - Después aparece un debate sobre si lo que es constitucional es justo y lo inconstitucional es malo.

OAB - Sí, este tema ha aparecido en las discusiones, en los debates se dice: "esta ley es inconstitucional, qué horror". Que es inconstitucional quiere decir que no se puede hacer, no quiere decir que sea malo. Quizá alguien podría decir: "es inconstitucional, qué barbaridad, tenemos que ver si todos estamos de acuerdo en reformar la Constitución porque así no se puede hacer". O sea, respetar la Constitución es lo básico de nuestro sistema institucional, no respetarla es desestabilizar el sistema, pero no necesariamente algo que sea inconstitucional es negativo. Por algo en Uruguay se han ido modificando las constituciones para incorporar o modificar cosas.

Pero se ha llevado a la opinión pública a pensar que la Suprema Corte, por ejemplo en este caso, no falla sobre si el texto se ajusta exactamente al artículo tal o cual de la Constitución, sino sobre si hizo bien o mal el gobierno en poner un impuesto a los pasivos. El fallo de la Suprema Corte se termina valorando como un tema político.

EC - ¿Qué otras lecturas se pueden hacer de este tema, que es tan amplio?

OAB - Decíamos que la Suprema Corte falla sobre el caso concreto, que no tiene jurisprudencia obligatoria, que cambia la composición. Pero el problema es que para la gente la Suprema Corte es un órgano, un abstracto, "falla la Suprema Corte" se dice, y no el ministro Juan, Pedro o Diego.

Y hay una cosa que ha dejado perplejo a medio país, más allá de que es utilizado políticamente: había un impuesto a las pasividades con otro nombre, el Impuesto a las Retribuciones Personales (que sustantivamente es lo mismo que el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en ese aspecto), que era constitucional en los gobiernos blancos y colorados, pero en el gobierno frenteamplista la Suprema Corte dice que es inconstitucional. Cuidado con esta lectura, porque es muy mala para la Suprema Corte, para el Poder Judicial. Y no porque el Poder Judicial esté actuando bien o mal, porque en lo procedimental está actuando bien. Podrá discutirse si la sentencia está bien o mal hecha –es un tema para juristas–, pero lo cierto es que se expone al Poder Judicial a este tipo de juicios políticos porque a mucha gente le resulta inexplicable que cambie la constitucionalidad de una cosa cuando cambia el gobierno.

En verdad, del otro lado también mucha gente se sorprendió de que hubiera cambiado mucha jurisprudencia de la justicia penal a partir de 2002, cuando empezó a cambiar el viento político en Uruguay. Estas cosas afectan a la justicia.

Además no fue una Suprema Corte que in tótum se movió con absoluta impecabilidad, sino que ya en febrero se publicó cuál iba a ser el fallo, empezó a haber filtraciones de lo que opinaba uno y lo que opinaba el otro, y después hubo declaraciones públicas de uno de los ministros de la Suprema Corte que han sido consideradas muy desprolijas, empezando por que deslizaba críticas a los otros miembros de la propia Suprema Corte.

Estos hechos se inscriben en una línea que tiene tantos años como esto de que el sistema político juega muchos de sus partidos en el sistema judicial, que es la existencia de actores del sistema judicial, sean magistrados judiciales, del Ministerio Público, o sea fiscales, con una creciente exposición mediática. No son los jueces tradicionales que estaban en el silencio de su escritorio y emitían sus dictámenes a través de fallos, de sentencias y hablaban a través de lo que decían sus sentencias, sino que anuncian permanentemente lo que van a hacer e incluso polemizan.

En la medida que la gente ve a los ministros, a los jueces, a los fiscales polemizar, los empieza a considerar actores políticos, que también están en la polémica política. Esto es un cambio en Uruguay, que en general se puede considerar peligroso desde el punto de vista de las instituciones.

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EC - ¿Algunas conclusiones?

OAB - Hay una conclusión importante, que es la siguiente: más allá de que hoy [la oposición] está entusiasmadísima con haber recurrido a la justicia –el oficialismo obviamente no, pero cuando era oposición recurrió en 10 de los 12 años anteriores e hizo más o menos lo mismo–, el sistema político debe pensar que hay un problema con esto que se llama la judicialización de la política y la politización de la justicia.

En todos los países donde el sistema político ha declinado sus potestades de jugar en la cancha política y ha trasladado las decisiones al sistema judicial, donde el sistema político ha llevado a la magistratura a juzgar hechos políticos, la institucionalidad ha sufrido, e incluso hay casos en que se ha quebrantado.

Este es un cuidado que desde hace 12 años hay que advertir permanentemente y no existe la prudencia del caso, ya que el sistema político en cada caso ve las ganancias y las pérdidas que cada uno tiene en ese momento, en vez de ver la larga línea que se está trazando, de un cierto descaecimiento del sistema político y una contaminación del sistema judicial.