EMILIANO
COTELO:
En
el
día
de
hoy
está
llegando
a su
fin
el
ciclo
de
análisis
político
que
semana
a
semana
realiza
En
Perspectiva
el
politólogo
Oscar
A.
Bottinelli.
En
una
decisión
tomada
de
común
acuerdo
entre
El
Espectador
y
Factum,
estamos
cerrando
entonces
una
serie
de
espacios
que
se
ha
extendido
durante
casi
18
años.
Pero
eso
no
implica
que
perderemos
el
contacto
con
Oscar
y
con
Factum.
Vamos
a
tener
la
presencia
del
espacio
“La
opinión
pública”,
que
se
emitirá
el
primer
viernes
de
cada
mes
a
esta
hora,
y en
el
que
se
difundirán
y
analizarán
datos
de
la
Encuesta
Nacional
Factum.
Además,
por
otro
lado,
Espectador.com
publicará
el
tercer
viernes
de
cada
mes
un
análisis
político
especial
de
Bottinelli.
En
este,
el
último
capítulo
del
ciclo
semanal,
Oscar
nos
propone
una
comparación
del
país
de
hace
18
años
con
el
actual.
***
EC –
Empezamos
haciendo
memoria.
OSCAR
A.
BOTTINELLI:
Sí,
porque
es
muy
importante
el
día
que
empezamos
aquí.
Nuestra
actividad
en
El
Espectador
empezó
exactamente
el
1º
de
octubre
de
1992,
cuando
se
realizó
el
pro
referéndum
o
acto
de
adhesión
al
referéndum
sobre
la
Ley
de
Empresas
Públicas,
que
puede
considerarse
la
nave
insignia
del
gobierno
de
Luis
Alberto
Lacalle.
En
ese
momento
estaban
en
auge
en
la
región
los
vientos
de
la
gran
revolución
del
liberalismo
económico,
el
gran
empuje
de
la
doctrina
revivida
del
pleno
libre
mercado.
Los
dos
principales
competidores
presidenciales
habían
centrado
tres
años
antes
sus
respectivas
campañas
en
propuestas
en
esta
línea,
tanto
el
triunfante
presidente
Lacalle
como
el
principal
candidato
colorado,
Jorge
Batlle
Ibáñez.
Este
pro
referéndum
resultó
exitoso,
dio
lugar
a un
referéndum,
y el
13
de
diciembre
el
referéndum
significó
un
categórico
rechazo
a
los
elementos
medulares
de
la
ley,
con
70%
de
votos
por
la
derogación.
EC –
¿Y
ese
hecho
tú
lo
valoras
como
el
fin
de
ese
proceso
de
liberalización
económica?
OAB
–
Esto
es
lo
interesante.
Porque
el
referéndum
marcó
la
fortaleza
de
lo
que
podemos
llamar
los
valores
socialdemócratas
o
estatistas
o
protectivos
predominantes
en
la
sociedad
uruguaya;
lo
que
en
forma
muy
simplificada
y no
del
todo
exacta
se
denomina
“el
Uruguay
batllista”.
Y
frenó
sin
duda
un
proceso
central
de
privatización
de
empresas
públicas.
Se
fue,
en
cambio,
hacia
las
privatizaciones
periféricas,
es
decir
tercerizaciones
de
servicios,
privatización
de
áreas
menores
y
también
de
empresas
de
menor
porte
como
el
caso
de
Pluna;
en
algunos
casos
no
fueron
privatizaciones
sino
desmonopolizaciones,
como
por
ejemplo
el
Banco
de
Seguros
del
Estado
(BSE)
en
materia
de
automotores,
o el
caso
de
los
alcoholes
de
Ancap.
Pero
algunos
elementos
clave
de
las
políticas
impulsadas
en
este
tiempo
–muchas
de
ellas
basadas
en
lo
que
se
ha
llamado
el
Consenso
de
Washington,
que
marcó
las
pautas
de
estos
procesos
liberalizadores–
sobreviven
hoy
como
axiomas
o
como
prácticas
dominantes.
EC -
¿Por
ejemplo?
OAB
–
Uno,
el
concepto
de
apertura
de
la
economía
y el
fin
del
ideario
dominante
del
proteccionismo
económico,
que
a su
vez
se
expresa
en
dos
ítems:
la
liberalización
del
comercio
exterior
y la
libertad
de
la
entrada
de
inversiones
extranjeras
directas.
Dos,
el
papel
dominante
de
la
libre
competencia,
al
punto
que
en
el
pasado
período
de
gobierno
se
aprobó
una
ley,
con
el
voto
completo
del
Frente
Amplio
(FA),
que
establece
como
propósito
fomentar
el
bienestar
de
los
actuales
y
futuros
consumidores
usuales
a
través
de
la
promoción
y
defensa
de
la
competencia,
y
establece
el
principio
de
que
todos
los
mercados
estarán
regidos
por
los
principios
y
reglas
de
la
libre
competencia,
y
obviamente
hace
excepción
a
los
monopolios
establecidos
por
ley.
Tres,
la
liberación
de
las
tasas
de
interés,
que
ya
venían
de
bastante
tiempo
atrás.
Cuatro,
la
disciplina
fiscal;
es
decir,
la
búsqueda
del
menor
déficit
fiscal
posible
o
del
déficit
fiscal
controlado,
axioma
no
necesariamente
cumplido
por
los
diferentes
gobiernos
aunque
siempre
enunciado.
Y lo
que
se
llama
–así
lo
llamó
el
presidente
Mujica–
ortodoxia
fiscal.
Quinto,
el
objetivo
de
contención
de
la
inflación;
la
inflación
como
un
mal
y la
necesidad
de
contenerla.
Eso
fue
proclamado
con
mucha
fuerza
hace
18
años,
hace
20
años,
ya
venía
manejándose
el
tema
un
tiempo
atrás,
y
sin
duda
fue
un
objetivo
central
del
anterior
gobierno
y es
del
actual.
Seis,
la
necesidad
de
la
reforma
del
Estado,
que
en
18
años
ha
avanzado
en
forma
muy
despareja:
muy
fuerte
en
las
empresas
del
Estado
y en
algunos
organismos
como
el
Banco
de
Previsión
Social
(BPS),
muy
lento,
en
general,
en
el
grueso
de
la
administración
central.
Séptimo
elemento
que
ha
sobrevivido
o
reaparecido,
que
fue
recientemente
denunciado
por
las
cámaras
empresariales,
es
lo
que
podemos
llamar
la
sobrevaluación
del
peso
uruguayo
o
atraso
cambiario.
EC –
Ahora,
en
esta
comparación
del
Uruguay
de
1992
con
el
de
hoy,
¿qué
diferencias
sustanciales
marcarías?
OAB
– En
primer
lugar,
la
más
obvia:
los
cambios
en
la
arquitectura
política
y en
la
ingeniería
política.
En
la
arquitectura,
es
decir
en
la
estructura
del
sistema
de
partidos,
en
1992
se
estaba
en
la
etapa
final
del
bipartidismo
histórico
blanco-colorado,
a
punto
de
llegar
al
tripartidismo,
que
ocurrirá
dos
años
después,
en
1994.
Ahora,
en
2010,
se
está
en
lo
que
podemos
llamar
“bibloquismo”;
dos
bloques
o
dos
grandes
áreas
relativamente
equilibradas:
de
un
lado
el
FA y
del
otro
dos
partidos,
que
no
son
lo
mismo
y
nadie
los
confunde
pero
que
representan
una
misma
área,
un
mismo
conjunto
del
país,
y se
observa
que
la
gente
se
mueve
con
mucha
facilidad
de
uno
a
otro
partido,
dentro
de
ese
mismo
bloque,
como
si
fuera
una
sola
cosa.
En
la
ingeniería
política
las
reformas
de
1996,
donde
hay
que
destacar
como
elementos
fundamentales:
el
balotaje,
la
candidatura
única
por
partido,
la
creación
de
las
elecciones
preliminares
–mal
llamadas
internas–,
la
separación
de
las
elecciones
departamentales,
el
largo
ciclo
electoral
de
cuatro
elecciones
en
10
meses.
Una
ingeniería
que
en
parte
hoy
se
comienza
a
cuestionar.
EC –
¿Hay
más
diferencias
para
anotar
en
estos
18
años?
OAB
–
Sí,
hay
algunas
muy
fuertes.
Una
es
producto
del
acceso
del
FA
al
gobierno
y
otra
es
producto
del
actual
gobierno.
De
la
llegada
de
la
izquierda
al
gobierno
cabe
remarcar
algunos
elementos
fuertes.
En
1992,
o en
ese
período
de
gobierno,
se
llegó
a
unos
de
los
momentos
máximos
de
desregulación
laboral
en
el
país;
en
2010
se
verifica
el
haber
llegado
a un
fuerte
retorno
a la
regulación,
e
incluso
algunos
sostienen
que
hay
un
incremento
de
la
regulación
laboral
mayor
que
la
de
medio
siglo
atrás.
En
segundo
lugar,
una
mayor
protección
a la
actividad
sindical,
que
ha
sido
muy
fuerte
en
el
gobierno
anterior.
La
generación,
tanto
en
lo
impositivo
como
en
lo
provisional
y en
lo
laboral,
de
una
cultura
de
la
formalidad
y
del
desestímulo
a la
informalidad,
esto
ha
sido
muy
fuerte,
hay
cifras
muy
contundentes.
Y
después
lo
que
podemos
llamar
la
dicotomía
cantidad-calidad.
Cabe
partir
de
esta
premisa:
a
iguales
recursos,
y en
términos
prácticos
–no
hablando
de
lo
ideal–,
la
apuesta
a la
calidad
necesariamente
implica
aceptar
el
efecto
de
la
desigualdad,
porque
con
los
mismos
recursos
no
puedo
aumentar
la
calidad
en
términos
parejos.
Y la
apuesta
a la
igualdad
genera
necesariamente
un
retaceo
de
la
calidad
en
pos
de
la
cantidad.
En
esta
dicotomía,
en
1992
se
estaba
en
el
auge
de
la
apuesta
a la
calidad,
el
entonces
presidente
Lacalle
lo
llamaba
la
apuesta
a la
excelencia;
en
2010
hay
una
fuerte
apuesta
a la
igualdad,
lo
que
implica
una
fuerte
apuesta
a la
cantidad,
que
se
observa
cuando
el
gobierno
maneja
sus
logros
siempre
en
cuánta
cantidad
de
personas
reciben
este
beneficio
o
reciben
este
otro.
Y
por
último,
con
la
restauración
democrática
se
construyó
un
esquema
de
inclusión
de
la
oposición
en
la
administración
autónoma
y
descentralizada.
En
el
gobierno
de
Lacalle
se
fue
a la
exclusión
de
la
oposición,
que
se
mantuvo
en
el
segundo
gobierno
de
Sanguinetti,
en
el
gobierno
de
Batlle
y en
el
de
Vázquez;
ahora,
desde
este
gobierno
en
particular
se
va
camino
a
culminar
un
cambio
significativo,
que
es
el
retorno
a la
participación
de
la
oposición
en
los
entes
autónomos
y
servicios
descentralizados.
EC –
Supongo
que
este
análisis
comparativo
2010-1992
podría
ser
bastante
más
amplio
y
largo,
¿no?
OAB
–
Podría
llevar
varias
horas.
EC -
¿Cómo
elegiste
realizarlo,
en
qué
cancha
resolviste
moverte?
OAB
–
Fundamentalmente,
primero
los
elementos
claves
del
Uruguay
político
de
1992
y el
Uruguay
político
de
2010.
Pero
además
es
claro
que
es
un
análisis
donde
se
toma
en
espejo
una
punta
y la
otra;
es
decir,
no
incluye
el
análisis
de
lo
ocurrido
en
el
medio
de
las
fluctuaciones
habidas
a lo
largo
de
esos
18
años,
es
marcar
un
momento
y
otro.
Está
centrado
en
lo
político
o en
lo
básico
de
la
conducción
de
gobierno,
por
lo
que
excluye
la
comparación
de
cambios
y
continuidades
significativas
en
otras
áreas.
En
Uruguay
ha
habido
cambios
importantes,
por
ejemplo
en
materia
de
unión
concubinaria,
de
reconocimiento
de
la
diversidad,
de
derechos
de
homosexualidad,
etcétera,
hay
muchos
campos
para
hablar.
Y
para
muy
largo
comparar
las
políticas
sociales
de
aquella
época
–que
las
había,
e
importantes–
y
las
políticas
sociales
de
hoy,
porque
no
nos
olvidemos
que
el
grueso
de
la
caída
en
indigencia
y en
pobreza
ocurre
a
mitad
de
este
período.
Pero
lo
importante
es
también
la
gran
continuidad
de
algunos
elementos
clave.
Y
esa
continuidad
de
elementos
clave,
que
en
aquel
momento
eran
fuertemente
controversiales,
es
lo
que
permite
este
clima
de
consensualidad
que
vive
el
país,
la
no
continuidad
y la
no
continuidad
o
ruptura
en
otros,
que
presenta
la
existencia
también
de
una
línea
divisoria
entre
gobierno
y
oposición.
***
EC –
Oscar,
dejamos
atrás
entonces
el
ciclo
de
análisis
político
semanal
aquí
En
Perspectiva
pero,
como
ya
señalé,
volvemos
a
encontrarnos
contigo
ya
el
próximo
viernes.
Porque
el
próximo
viernes,
como
ocurrirá
todos
los
primeros
viernes
de
cada
mes,
pondremos
en
el
aire
“La
Opinión
Pública”
para
difundir
y
analizar
datos
de
la
Encuesta
Nacional
Factum.
OAB
–
Como
primer
capítulo
de
este
nuevo
espacio,
el
próximo
viernes
Factum
va a
presentar
las
valoraciones
de
la
población
en
materia
de
gestión
presidencial.
***