Con el dejar sin efecto la Ley de Caducidad, en medio del dramatismo y la importancia del tema, el oficialismo vive una verdadera comedia de enredos. Que no es ni nueva ni particular de este tema, sino que en forma más silenciosa se observa desde apenas estrenado el nuevo gobierno. Se caracteriza en gran medida porque las palabras apuntan hacia un lado y los hechos apuntan hacia el otro; eso, además, cuando en realidad los hechos se concretan, porque otro problema que tiene esta administración es la dificultad en aterrizar planes y medidas.

Pero además el proceso del dejar sin efecto la Ley de Caducidad exhibe cómo sin hacer ninguna discusión ni exposición de las causas, el Frente Amplio en forma mayoritaria procesa un giro de 180 grados en cuanto a su histórica posición a favor de “que el pueblo decida”, de la apelación a la democracia directa

Un hecho quizás sin precedentes ocurrió en los últimos días y semanas que desemboca en una dramática comedia de enredos en el gobierno. Cuya conclusión es que según el presidente de la República, cuando el canciller de la República plantea una iniciativa legislativa y participa en su redacción, en un tema de su cartera, lo que hace es una “colaboración militante y personal”. Cuando habla el secretario de la Presidencia de la República parecería que lo hace también a título personal, dado que según el comunicado presidencial “otras manifestaciones públicas sobre este asunto, son interpretaciones válidas o no, pero que no incluyen al Presidente” (la original puntuación surge del comunicado oficial); no solo habla a título personal, sino que de incógnito, porque el comunicado que sí menciona al canciller, no menciona al secretario. Crípticamente se afirma que “El Presidente de la República, reafirma enfáticamente su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome la mayoría expresa de la fuerza política que, por la vía de procesos electorales inobjetables, lo responsabilizaron de la conducción del Gobierno”. Es decir, parece que el “lo” va referido al presidente (porque si fuese a la fuerza política, sería “La” y no “Lo), de donde el responsabilizado sería el presidente. Pero no queda quién es el que responsabilizó al presidente de la conducción del Gobierno, si la fuerza política o alguien no nombrado (el electorado, la ciudadanía). Y queda más confuso si es que fue responsabilizado de la conducción  o el responsable de la conducción es la fuerza política, ante la que manifiesta acatamiento.

Todos los actores parlamentarios estuvieron varias semanas convencidos que cuando el canciller Almagro impulsó dejar sin efecto la Ley de Caducidad mediante otra ley, lo hizo en nombre y representación del Poder Ejecutivo. En general, los ministros en temas de su cartera actúan sin necesidad de que se les otorgue un poder explícito ante escribano público. Va de suyo que actúan en nombre del gobierno, salvo aclaración previa y expresa. El propio canciller se enteró en las últimas horas que hablaba a título personal. El secretario Breccia ¿salió públicamente por las suyas, o fue una misión que se le encomendó? (de las tantas que hacen los representantes políticas, de hacer el mandado y quedar obligado a dar la cara, para salvar al representado).

Conviene dejar de lado el tema de fondo, ley de Caducidad, porque las posturas fuertes que este asunto provoca, tanto a favor como en contra, impide ver el otro punto, el de los enredos. Lo que ocurre no es nada nuevo, pueden rastrearse hechos desde el origen del nuevo gobierno y corresponden a tres tipos de conductas. Una es la de marras, la de un gobierno que da señales en un sentido y luego ese camino se interrumpe, o se va por el contrario. Un antecedentes lo revela el semanario “Búsqueda”: durante meses hubo negociaciones del gobierno con las tabacaleras Philip Morris y Monte Paz; una vez arribados a un acuerdo y anunciado por el ministro de Salud Pública, ante la fuerte reacción adversa de Vázquez, el gobierno decidió dejar sin efecto lo convenido e ir por otro camino. Pero más fuerte fue el caso de los anuncios de los entonces presidente y vicepresidente electos en la conferencia en el Conrad ante un par de millares de empresarios (en febrero), donde se comprometieron a no tocar ni el régimen impositivo ni el secreto bancario. Como se sabe, ambas cosas están en proceso de cambio.

Un segundo tipo de conductas tiene que ver con el permanente razonamiento en voz alta del presidente de la República, especialmente en su programa semanal radial, pero otras veces ante consultas de los periodistas, que hace pensar que esas expresiones constituyen anuncios presidenciales. Luego se descubre todo lo contrario, no solo son anuncios, sino que muchas veces las medidas gubernamentales van por un lado diferente y hasta opuesto. Esta contradicción el presidente la ha salvado siempre en base a que una cosa es el querer y otra cosa es el poder; cuando habla el presidente expresa el mundo de los deseos, de los ideales; cuando hace, en cambio, expresa el mundo de lo posible, de lo realizable. Pero este juego lleva a una gran limitante, pues conduce a que no existan anuncios presidenciales que marquen el derrotero, pues sus palabras no son anuncios sino expresiones de deseos.

Y un tercer tipo de problemas está relacionado con la enorme dificultad de traducir las palabras en hechos, en planes concretos y realizables, lo que ocurre en muchas áreas, aunque no en todas. Sin duda hay sectores del gobierno con alto nivel de realización. Pero lo que predomina es lo otro, la dificultad de aterrizar ideas, como también las dificultades de interlocución con los actores privados, especialmente los inversores en actividades productivas y no financieras, que se quejan de lo difícil que es lograr hablar con altos niveles del gobierno, y cuando esto ocurre, lo difícil de proseguir las actuaciones. En todo caso, siempre hay muchos meses de pérdida de tiempo.

Pero además el proceso del dejar sin efecto la Ley de Caducidad exhibe cómo sin hacer ninguna discusión ni exposición de las causas, el Frente Amplio en forma mayoritaria procesa un giro de 180 grados en cuanto a su histórica posición a favor de “que el pueblo decida”, de la apelación a la democracia directa. Y procesa ese cambio de una forma muy fuerte, ya que el 25 de octubre la ciudadanía rechazó por plebiscito dejar sin efecto esa Ley (es decir, confirmó la vigencia de la Ley de Caducidad) y simultáneamente eligió un Parlamento. Ahora, este nuevo Parlamento está en proceso de dejar sin efecto lo que el plebiscito dejó con efecto, es decir, de contradecir el resultado plebiscitario. Hay dos temas en juego: uno la contraposición de decisiones electorales, si un Parlamento tiene o no la potestad política de dejar sin efecto lo resuelto por la ciudadanía en forma directa y sincrónica. El otro es cuáles son las razones de ese viraje, que sin duda puede ser absolutamente legítimo; son muchos en el mundo y en el Uruguay que se oponen o desconfían de la democracia directa, pero un viraje de 180 grados requiere un debate público y una explicación de fondo, que no los ha habido.