El proyecto de reforma constitucional a estudio del Parlamento presenta una innovación trascendente en materia de integración de entes autónomos: sus directorios pasan a tener una composición inequívocamente política, íntimamente vinculada al espectro político gobernante.

El tema de la dirección de las empresas del Estado ha tenido desde la creación de las mismas tres etapas:

Una. Inicial, sin diferenciación entre la naturaleza de la conducción gubernativa y administrativa central con la conducción administrativa descentralizada. En consecuencia, esta última quedó en las mismas manos que el ejercicio del gobierno.

Dos. Coparticipación. Supuso establecer una participación de mayoría y minoría en la conducción de los entes y servicios. Esta coparticipación quedó consagrada constitucionalmente en el texto de 1952, que dispuso que tres de los cinco cargos fuesen designados por la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno y los dos restantes, por la minoría del ejecutivo colegiado. Esto fue complementado con la inamovilidad de los directores, salvo causas graves y previa venia del Senado.

Tres. Régimen actual (Constitución de 1967). Designación discrecional por el Poder Ejecutivo, con venia senatorial otorgada, en los hechos, por mayoría absoluta del cuerpo. Se desconstitucionalizó la representación de las minorías y se mantuvo la inamovilidad de los directores.

¿Cómo ha funcionado hasta el régimen, en los dieciocho años de vida de esta sexta constitución?

Primero. Bajo la presidencia de Gestido y comienzos de la de Pacheco, los directorios se integraron sin participación de la minoría (los diez directores nacionalistas fueron designados a título personal, sin respaldo orgánico de ningún sector partidario).

Segundo. Bajo el resto de la administración Pacheco y en la controvertida interpretación dada por dicho gobierno al instituto de las medidas prontas de seguridad. los directorios se integraron en su totalidad con personas de confianza del gobierno, sin representación opositora y con amovilidad de los cargos.

Tercero. En la primera administración Sanguinetti, producto del espíritu de concertación, los Directorios se integraron con: a) tres de los cinco miembros, con figuras de confianza del Partido Colorado (y en algún caso, de la Unión Cívica); b) los dos miembros restantes, con figuras del Partido Nacional y, en seis, casos, del Frente Amplio. Fue la integración políticamente más abarcativa en la historia del país (100% del espectro parlamentario).

Cuarto. En la administración Lacalle y en la actual, pasó a integrarse con figuras de confianza de los sectores políticos que al iniciarse el período de gobierno participan de apoyo al mismo, fuere bajo la forma de gobernabilidad, fuere bajo la forma de coalición.

Ahora bien ¿cuáles son los distintos ejes de debate que han posibilitado formas jurídicas y fácticas tan diferentes? Conviene remarcar que el debate no es un sólo y cada vez que se ha pasado de un mecanismo a otro, de una lógica a otra, se ha realizado siempre desde la unilateralidad de la argumentación. Hoy no es la excepción.

Bien, los ejes de debate son:

Uno. Cuál es el carácter con que debe ejercerse la conducción de las empresas estatales. Donde surgen cuatro grandes criterios: a) el estrictamente técnico-.empresarial; b) el que preconiza un énfasis técnico pero sin descartar la impronta política; c) el que enfatiza el carácter político con exigencia de aptitud técnica; d) y el netamente político.

Dos. En cualquier caso, si los cargos deben ser a término pero inamovibles, para asegurar la independencia de los directores en el ejercicio de sus funciones, o si por el contrario deben ser amovibles, para asegurar que dicha conducción se articule en la política global de conducción del gobierno. Dicho en otros términos, y para tomar un ejemplo, administrar Antel: ¿es dirigir una empresa telefónica con el objetivo de maximizar resultados propio de una empresa, o es parte de la política de comunicaciones del gobierno?

Tres. En caso de que los cargos fueren de confianza política ¿juegan o no los principios de representación, propios del sistema político central?. Y esto se conecta con otro tema: el de asegurar o no a todos los grupos (los que apoyan al gobierno o los que integran el sistema político, ya que definir esto es otro tema) participación acorde a su representatividad ciudadana, es decir, a su respaldo electoral (este tema es harto complejo, porque desde una óptica puede verse como la continuidad de la lógica de la democracia representativa, y desde otro como un tema de reparto y cuotificación de cargos).

Cuatro. Y de ser de confianza política, con o sin reparto o proporcionalidad ¿qué criterios predominan para la selección de las personas: su nivel político, su representatividad electoral, su calidad técnico.administrativa?

Quinto. En cualquier caso: ¿la conducción de las empresas del Estado es asunto exclusivo del gobierno (de los grupos políticos que conforman o apoyan al gobierno), con un lejano contralor de las minorías desde el Parlamento; o es una asunto de conducción gubernativa pero con contralor inmediato de las minorías desde el propio directorio?