Esta reforma constitucional en discusión contiene una reforma política de tan profundidad que no parece exagerado calificarla como una verdadera revolución en el sistema electoral y en el sistema de partidos. Sin duda, desde la construcción del Estado moderno, Uruguay ha contado con un sistema electoral estable y un sistema de partidos relativamente estable, que pasó paulatinamente de un formato nítidamente bipartidista a un tripartidismo matemáticamente perfecto.

Es importante señalar que el sistema electoral uruguayo, pese a su complejidad, a ser producto de una vastedad de disposiciones constitucionales, más de medio centenar de leyes, un número mayor aún de actos-regla de la Corte Electoral y a un sinnúmero de actos jurisprudenciales, no es una construcción artificial ni arbitraria. Por el contrario, es el producto de un largo proceso histórico, y un sistema que en sus grandes líneas y en su esencia es comprendido por los votantes. La ingeniosa frase de Juan Vicente Chiarino, "en Uruguay el voto es tan secreto que ni el propio votante sabe a quien vota", queda rebatida en todo trabajo empírico. Un estudio de Factum Opinión Pública, realizado de 1992 a 1994, permite concluir que el votante uruguayo, en porcentajes muy elevados, identifica con claridad las consecuencias de su voto, de forma directa como indirecta (es decir, de no triunfar el candidato de su preferencia, cuál otro se beneficia del mismo). Inclusive, sus elementos más relevantes constituyen parte de la cultura ciudadana: así es como en la elección de autoridades de organizaciones gremiales, cooperativas, comisiones vecinales, clubes deportivos, además de los propios partidos políticos, predominan los elementos centrales del sistema: doble voto simultáneo, uso de lema y sublema, lista cerrada y bloqueada, hoja de votación distinguida por un número, representación proporcional pura, adjudicación de cargos por el método d'Hont.

Y una de las características fundamentales del sistema es el papel central asignado a los partidos políticos, papel crecientemente reforzado en las diversas modificaciones al sistema. Así es como todos las candidaturas se presentan a través de partidos políticos, y el voto se emite un mismo día para todos los cargos electivos, por un mismo partido político. Es a él, además (o a sus agentes componentes) a quien corresponde determinar cuáles y cuántas combinaciones se ofrecen al elector entre fórmula presidencial, lista senatorial y lista parlamentaria baja. En el plano de las autoridades nacionales, este papel partidario se cristalizó en la Constitución de 1934 y ha permanecido invariable (los únicos cambios han estado en relación a la vinculación o desvinculación de las elecciones departamentales).

En cada ciclo electoral, una vez cada cinco años (antes, cada cuatro años) el elector debe realizar una única macro opción política, puede orientar sus preferencias hacia un sólo partido político. Este hecho, ligado a otros elementos que determinan fronteras precisas y rígidas entre los partidos, ayudó a fortalecer las pertenencias. Aclaremos que estamos muy lejos de sobrevalorar al sistema electoral en materia de pertenencias partidarias. En Uruguay las adhesiones políticas son previas a la existencia misma del Estado moderno; la adhesión partidaria es anterior inclusive al sentimiento de pertenencia a un país. Y estas pertenencias se han visto robustecidas por el trasvasamiento generacional. Inclusive la ruptura del bipartidismo, lejos de quebrar las pertenencias, generó el fortalecimiento de las mismas a través del nacimiento de una tercera pertenencia, tan fuerte como las dos tradicionales. Pero tan cierto como ello son dos cosas: que dichas pertenencias están en un lento proceso de debilitamiento, y que el sistema electoral ayuda a su conservación.

El sistema planteado, con tres elecciones en un año, plantea al elector, por primera vez en las últimas seis décadas, la posibilidad de optar por partidos distintos. Porque nada obliga a escoger al mismo partido en las elecciones internas (de abril) que en las elecciones generales (de octubre). Pero buena parte del país, que en los comicios pasados hubiese sido del 36%, estará necesariamente obligado en la tercera elección (noviembre, segunda vuelta presidencial) a optar sí o sí por un partido diferente.

Y esto supone un cambio profundo en el país, que permite avisorar un formidable impacto sobre las adhesiones y las pertenencias partidarias. Si la reforma se implanta, ocurra lo que ocurra, uno de los tres partidos principales quedará excluido de la elección definitoria. Y el que sus seguidores deban votar por otros lemas, por candidatos de otras tiendas, abre sin duda una brecha importante a la fuerte adhesión partidaria de los uruguayos, y a la larga puede contribuir a un cambio fuerte en el sistema de partidos. Esto puede ser visto como deseable por unos y como indeseable por otros (y en particular, nosotros como analistas no nos pronunciamos), pero no puede obviarse tomarlo en cuenta.

También es necesaria destacar que una afectación de las pertenencias no supone necesariamente un debilitamiento del papel central de los partidos. Más aún, otras disposiciones de la reforma precisamente apuntan a fortalecer aún más el papel de los partidos. El efecto potencialmente formidable no es sobre el peso de los partidos, sino sobre la continuidad del actual sistema de partidos, de todos y cada uno de los actuales partidos.