Judicialización política, originariamente "giudiziazione politica", es el neologismo de dudosa ortodoxia gramatical (tanto en español como en italiano) que define un nuevo fenómeno, o más exactamente la manifestación moderna de un fenómeno viejo: el avance del poder judicial sobre el poder político.

En general, la judicialización política se inicia, o adquiera fuerza, cuando actores del sistema judicial se sienten investidos de la calidad de garantes morales de una sociedad. Los fundamentos del avance político del sistema judicial en esencia no difieren demasiado de los fundamentos dados en sus avances políticos por las fuerzas armadas. En uno y otro caso coinciden la autoatribución de misiones superiores en cuanto a la custodia de valores supremos: moral pública, seguridad nacional, patria, o una mezcla de todos esos elementos. Y sea de origen divino o de origen terreno, se supone que esa misión está más allá o más arriba del derecho positivo. En el caso italiano, la judicialización política, a la que se intenta poner coto en el presente proceso de reforma política, se origina en el protagonismo alcanzado por el sistema judicial en la caída de la Primera República.

La judicialización admite en general dos formas. Una es el lanzamiento a la arena política de figuras prestigiadas en el sistema judicial, como el famoso caso de Antonio Di Pietro, lo que no han ocurrido en el Uruguay, y parece no haber condiciones para ello. El otro es el uso de la función judicial como avances sobre el sistema político, y eso último, primero imperceptiblemente, luego de manera más abierta, comienza a ocurrir.

No es ocioso señalar que en las motivaciones o motores de la judicialización política hay una fuerte responsabilidad del propio sistema político. Desde hace algo más de dos años los actores políticos han tomado las sedes judiciales como canchas donde jugar al ping-pong político, y dirimir allí diferencias que debieron plantearse en el campo estrictamente político. Este es un tema en sí mismo, que merece otro día un comentario.

Pero veamos un breve resumen de algunos actos (y no todos) de avances políticos desde el sistema judicial (sistema y no poder judicial, jueces y fiscales incluidos), ocurridos en los dos últimos años:

Uno. Tres jueces laborales embargan los fondos electorales de una lista del Frente Amplio como consecuencia de un reclamo laboral contra una empresa privada. Las connotaciones son varias: a) se embargan fondos electorales como consecuencia de actos civiles o comerciales ajenos a lo electoral, lo que abre la puerta a que mañana se pretendan afectar los fondos electorales para cumplir sentencias de Juzgados de Familias o el pago de documentos comerciales; b) se embargan los fondos de un lema por deudas contraídas por otro lema que no se presentó a elecciones. Como nota aparte: es alarmante la unánime ignorancia en materia de derecho electoral exhibida por los tres jueces.

Dos. El discurso del juez Balcaldi al asumir la presidencia de la gremial de magistrados.

Tres. El exhorto del juez Balliva a dos senadores, que fuera rechazado unánimemente por el Senado, quien consideró que se agraviaron los fueros legislativos.

Cuatro. El interrogatorio del juez Cardinal al Partido Nacional sobre el manejo de las finanzas partidarias y el financiamiento de las campañas electorales.

Cinco. Las reiteradas y pintorescas declaraciones del fiscal Barrios.

Seis. La autoatribución explícita del papel de custodios morales de la sociedad, emergente de la reciente y polémica sentencia de un tribunal de apelaciones en lo penal. Afirmación que de forma semi-explícita fue contestada por la Suprema Corte de Justicia a través de un heterodoxo procedimiento: mediante la emisión de una especie de proclama pública.

Quedan en el tintero algunos episodios, situados en la frontera de lo político. En esa frontera aparece la figura penal utilizada para el procesamiento de Enrique Braga, algo parecido a cuando la justicia penal militar, en épocas del gobierno militar, a falta de otros elementos condenaba por "ataque a la fuerza moral de las fuerzas armadas".

El heterodoxo manifiesto de la Suprema Corte parece implicar un freno o expresar una discordia con este tipo de actitudes. Lo cierto es que la judicialización política ha aparecido en el país. Y si ocurrió es porque hay debilidades del propio sistema político, entre las cuales, nada menor, el utilizar el poder judicial como terreno para dirimir diferencias; y emplear las resoluciones judiciales como armas en la lucha política. Es interesante observar el desarrollo de esta pulseada y sus manifestaciones posteriores.