Los episodios de las dos últimas semanas en relación a la coalición de gobierno confirmar un hecho: va a pasar mucha agua bajo los puentes antes que las dirigencias políticas tradicionales comiencen a caminar en la misma dirección que la reforma constitucional. La nueva Carta Magna apunta aun fortalecimiento de la institución partidos políticos y en particular a un privilegiamiento del papel de los partidos en relación al papel de los grupos, fracciones o sectores. Los hechos políticos ocurridos en estos ocho meses de nueva Constitución van en sentido opuesto: la inercia de tres cuartos de siglo de vida moderna, y más de siglo y medio de existencia general, implican que la dirección del movimiento siga siendo hacia la política de fracción. No sólo no ha cambiado el rumbo, sino que siquiera se ha reducido la velocidad.

Es posible que el cambio de rumbo empiece a operar, en forma más pacífica o más traumática, a partir de las elecciones internas y de los reacomodos necesarios entre abril y octubre.

De estos días hay algunos episodios que conviene remarcar:

Uno. El diputado Pacheco Klein señala en un reportaje, al despuntar el problema, no estar representado en la coalición de gobierno. El razonamiento es interesante a partir de dos datos: el presidente de Ancap es casualmente el candidato vicepresidencial de su sector y la cabeza de lista senatorial de su sub-sector; pero además (salvo información en contrario) el presidente es Sanguinetti, no sólo electo por el lema Partido Colorado (al igual que Pacheco Klein), sino con los votos decisivos de la Unión Colorada y Batllista.

Dos. Los diputados García Pintos y Rodino fueron electos no sólo por el lema Partido Colorado, sino además por el sublema Acuerdo y por la lista de la agrupación Cruzada 94. Y actuaron al margen de las tres entidades.

Tres. En un procedimiento muy original el Partido Nacional declara que tres diputados de su socio han dejan de integrar la coalición de gobierno. El Partido Colorado nada dice, de hecho avala el planteo nacionalista, pero no excluye de sus cuadros a los tres legisladores, los cuales continúan habilitados para ser candidatos por el coloradismo en el próximo ciclo electoral.

Cuatro. En medio de estos episodios, el presidente Sanguinetti no sólo conversa con el presidente del Partido Nacional, sino también con el líder del herrerismo. Algo así como si en las tratativas del Mercosur, el presidente negociara con el presidente argentino y con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Cinco. El sector mayoritario del Partido Nacional y su propio presidente actúan alternativamente en dos roles: uno como Partido, otro como fracción.

Seis. El Partido Colorado sufre el problema que el diez por ciento de su representación parlamentaria interpela a un ministro del presidente de su partido. Y la máxima autoridad partidaria cotidiana, el Comité Ejecutivo Nacional, virtualmente no toma cartas en el asunto.

Ante esta enumeración se podrá decir algo muy obvio: qué tiene de novedad. La respuesta es que nada ha cambiado, que subyace la falta de cultura de partido. Y el problema es de cultura, no de derecho. De nada vale una reforma constitucional, ni una ley de partidos, si no existe una cultura de partido, una búsqueda de prevalencia del partido sobre los sectores; y también despunta un problema de disciplina (porque los dos diputados de la 94 ni siquiera actuaron acorde a su fracción).

Otros episodios recientes avalan esta tesis. Gonzalo Aguirre renuncia al Directorio en base a no tener incidencia en el mismo y considerar las reuniones del Honorable una especie de pérdida de tiempo. Tiempo atrás por razones algo parecidas se fue Carlos Julio Pereyra. Aunque su incidencia fuese nula, el nivel de sus colegas resultase espantoso, y el órgano fuese inoperante, a ninguno se le pasa por la cabeza renunciar al Senado o, de no integrarlo, no postularse al mismo.

Está claro que una cosa es estar en el Senado y otro en el Directorio o en el Comité Ejecutivo Nacional. Nadie deslegitima al Parlamento por renunciar al mismo, por el contrario, el que se va puede llegar a perder peso político. En cambio, sí es posible deslegitimar una autoridad partidaria por bajar la representación (en cuanto al nivel de la misma) o reducir su representatividad (en cuanto a los sectores presentes). En el PSOE, los guerristas pelearon hasta último momento, sin éxito, por evitar la exclusión de su líder de la máxima autoridad partidaria. En Uruguay, los grupos ajenos a Volonte y el herrerismo apuntan con su ausencia a rebajar el peso de la autoridad partidaria. Otra vez lo obvio: las conductas apuntan a la lógica fraccional subsistente.