La reforma constitucional dejó muchas cosas en el tintero, unas por desprolijidades y errores de redacción, pero otras sencillamente porque los acuerdos políticos o las decisiones posibles sólo permitieron avanzar en su momento hasta determinado límite. Uno de los temas en que quedaron cosas pendientes, o sin definiciones del todo precisas, es el para qué de las elecciones internas; y esas indefiniciones fueron producto de apostar a lo posible, de no avanzar más allá hacia terrenos resbaladizos que pudieren poner en riesgo la viabilidad misma de la ley constitucional.

Las elecciones internas tienen tres objetivos concretos: a) la votación entre los precandidatos presidenciales de los respectivos partidos hacia la definición de la candidatura única presidencial; b) la elección de convenciones nacionales u órganos equivalentes con funciones electorales; y c) la elección de convencionales departamentales u órganos equivalentes también con funciones electorales.

De acuerdo con el texto constitución (más precisamente con sus disposiciones transitorias, los únicos objetivos claros de las convenciones son: a) en el caso de las nacionales, actuar en forma supletoria en la designación del candidato único presidencial, para el caso que el candidato más votado no alcanzase ninguno de los dos requisitos exigidos para su elección (mayoría absoluta o un piso del 40% más una ventaja de diez puntos sobre el segundo); b) el caso de las convenciones departamentales, elegir el candidato único o los dos candidatos posibles a la respectiva intendencia municipal.

Ahora bien, del texto constitucional surgen dos posibilidades. Una, que las referidas convenciones fueren exclusivamente órganos electorales, es decir, cumpliesen las funciones a texto expresos establecidas en las disposiciones transitorias y algunas otras, como por ejemplo, aprobar la plataforma electoral, elegir el candidato único vicepresidencial, elaborar el plan de gobierno, autorizar el uso del lema para la presentación de candidaturas parlamentarias. Segunda posibilidad, que las convenciones electas en abril fueren las convenciones partidarias (en el caso del Frente Amplio, el Plenario Nacional), las autoridad partidarias para todo el quinquenio siguiente, con todas las atribuciones conferidas por las respectivas cartas orgánicas

También caben otras dos posibilidades de otro tipo: Uno, que la definición de la naturaleza de las elecciones internas fuese estipulado por ley, de forma obligatoria para todos los partidos. Dos, que la definición fuese dejada al libre arbitrio de cada partido, a su leal saber y entender, es decir, que unos partidos optasen por darle a las convenciones electas en abril el carácter de autoridades partidarias, y otros partidos siguiesen el camino de atribuirles la función exclusiva de órganos electorales y electorales.

La definición de cuando se eligen las autoridades partidarias, entendidas no como meros órganos definitorios de candidaturas, sino como cuerpos representativos responsables de la conducción política partidaria, admite tres posibilidades: Uno, su elección en las llamadas elecciones internas. Dos, su elección como producto derivado de las elecciones generales de octubre (como invariablemente lo aplica desde los años treinta el Partido Nacional y desde los años ochenta el Partido Colorado). Tres, la elección en fechas diferentes y por cuerpos electorales distintos (como lo hace actualmente el Frente Amplio).

Cada uno de ellos plantea bases de soberanía diferentes: en las elecciones generales, la soberanía partidaria radica en todos los electores que ocasionalmente sufragan por el partido; en las elecciones llamadas internas, la soberanía radica en todos quienes decidieron votar por dicho partido en esa instancia voluntaria; en la tercera opción, la soberanía radica en los afiliados. Lo tercero es muy claro y fuertemente diferenciado; la distinción entre afiliado y mero votante es nítida, son dos grados de pertenencia y de compromiso con un agente político, al punto que lo predominante en el mundo occidental es que la soberanía partidaria radique en los afiliados, que son quienes se sienten comprometidos con el partido en las buenas y en la malas.

En Uruguay, particularmente en los partidos tradicionales y en la cultura por ellos generada (que se extiende a buena parte del electorado frenteamplista), la soberanía partidaria aparece asociada a la soberanía general. En otras palabras, la correlación de fuerzas entre sectores, resultante de las elecciones nacionales, aparece como legitimante para la conformación de autoridades. Y ello genera ahora, en el nuevo esquema, un dilema: si las autoridades para todo el quinquenio se definen en abril, en función de una determinada correlación de fuerzas internas ¿esas autoridades no quedarán deslegitimadas si surge una correlación de fuerzas diferente en las elecciones de octubre? ¿qué pasa si el sector mayoritario dentro de un partido en abril, pasa a ser un sector fuertemente minoritario en octubre, la gente consideraría igualmente legítimo que mantuviese la mayoría de la convención y del directorio o comité ejecutivo? El tema es de prudente reflexión, máxime si se parte de la histórica debilidad que presentan las autoridades de los partidos, particularmente en los dos lemas tradicionales.