Si la reforma constitucional creo un sistema que, al menos en su primera puesta en práctica, generó un fuerte electoralismo, el revivir mecanismos anteriores conlleva a acentuar ese electoralismo. Ahora está abierta la posibilidad de entres dos y tres actos electorales a lo largo de 1998, como etapas de la interposición del recurso de referéndum contra la ley regulatoria del marco energético, recurso interpuesto por el sindicato de funcionarios de UTE. Con esto llegaremos que en los cuatro años que van de 1996 al 2000, se realizarán en el país siete u ocho actos electorales: cuatro elecciones (partidarias, nacionales, balotaje y municipales, las tres primeras en el 99 y la última en el 2000), un plebiscito (96) y tres actos referendarios (todos en el 98).

Esta inflación electoral tiene dos causas: una la reforma constitucional, que al trasladar al ciudadano mayores instancias decisorias, necesariamente devino en un incremento de la convocatoria a las urnas. Y esto es producto de un dilema de hierro: mayor participación del ciudadano va de la mano de mayores convocatorias electorales; menor electoralismo supone necesariamente menor participación ciudadana. No puede pedirse a la vez mayor participación y menor electoralismo. Pero la otra gran causa de esta inflación electoral es la ley reglamentaria de los referendos, ley que puede catalogarse como la más desprolija y de menor técnica de nuestra frondosa legislación electoral. Que, además de los defectos técnicos en su concepción, estuvieron enmarcados en los fantasmas generados por la recolección de firmas para promover el referéndum contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Lo cierto es que se llegó a un sistema de grandes paradojas: en Uruguay hay tres tipos de institutos plebiscitario-referendarios promovibles mediante iniciativa ciudadana: el plebiscito constitucional (aprobatorio), el referendo contra leyes nacionales (abrogatorio) y el referendo contra normas departamentales (abrogatorio).

Bien, el primero y el último siguen el viejo camino procesal de expresar la voluntad ciudadana mediante firmas. Pero el segundo creó un mecanismo tan original como complicado: el cinco por mil de los ciudadanos interpone un recurso ante la Corte Electoral dentro de los 120 días de promulgada la ley; la Corte convoca a un acto de adhesión al referéndum entre 60 y 90 días después de validadas las firmas (se requiere que concurra y vote por SI el 25% del padrón); si no se logra el mínimo requerido, se realiza una nueva convocatoria para el año exacto de promulgada la ley; y si se logra el mínimo, luego se convoca a referéndum no más allá de 120 días después. Si nunca se logra el mínimo requerido, hay dos actos en busca de la adhesión mínima requerida constitucionalmente; si inmediatamente se logra ese mínimo, también hay dos actos (el de adhesión y el referéndum propiamente dicho); y si como ocurrió en el 92, el mínimo se logra en la segunda instancia, pues habrá tres actos electorales (la primera convocatoria fallida, la segunda convocatoria exitosa y el referendo propiamente dicho).

Lo curioso es que el camino de las firmas se consideró inadecuado, dudoso y poco seguro pura y exclusivamente para los referendos contra leyes nacionales, y perfectamente seguro, trasparente y adecuado para los plebiscitos constitucionales y los referendos municipales, lo cual constituye una fenomenal incongruencia. Pero lo que los autores de la ley no percibieron es que lejos de entorpecer los referendos (que fue en definitiva la real motivación de la norma), lograron facilitarlos. Veamos: Uno, antes se necesitaba el equivalente al 25% del padrón electoral (a hoy, alrededor de 590 mil firmas), mientras que por el nuevo mecanismo basta el 0.5 por ciento (a hoy, unos 13 mil) para hacer andar el andamiaje. Dos, antes el costo de promover el referéndum recaía sobre los recurrentes, quienes debían afrontar el costo de imprimir millares de cuadernetas y movilizar miles y miles de personas para recoger casi 600 mil firmas; hoy basta juntar 13 mil firmas, lo cual no es mucho para cualquier aparato militante, y a partir de allí el esfuerzo organizativo y el costo recae sobre el Estado.

Hasta ahora los mecanismos de democracia directa en Uruguay han resultado exitosos en cuatro tipos de situaciones (es decir, que los actos electorales se realizaron y los proyectos resultaron aprobados en la mayoría de los casos): las reformas constitucionales propiamente dichas, la aprobación o derogación de normas jubilatorias (por la vía formal de reformas constitucionales), la abrogación de leyes de gran importancia política (violación de derechos humanos durante el régimen de facto, privatización de empresas públicas) y en forma muy singular, el precio del boleto (camino inviable desde que su fijación pasó de ser ley departamental a ser una resolución del intendente). Otros intentos de democracia directa fracasaron en el camino, o por ser derrotados en las urnas (como el 27% para la enseñanza) o por quedar a mitad de camino. Ahora se abre una nueva instancia, ya que es la primera vez que para una ley sectorial se pone en marcha el andamiaje referendario y es muy interesante ver qué pasa, cómo reacciona la ciudadanía. En medio de una ya iniciada campaña electoral, puede resultar muy tentador para los actores políticos utilizar este acto electoral como campo de maniobras.