El tema de la corrupción se ha instalado en la política uruguaya y en la campaña electoral y constituye uno de los ítems de la agenda electoral, lo que Budge y Farley llamarían puntos conflictivos, es decir, de estos asuntos que influyen en la decisión del voto; por tanto, todo hecho, natural o provocado, puede incidir o contribuir a incidir en la opción electoral del ciudadano. Todo ello en un contexto caracterizado por: a) disminución del prestigio o de la credibilidad de los actores políticos, seguramente en uno de los niveles más bajos de la vida moderna del país (aunque es difícil saber si es mayor o menor que los bajo niveles de credibilidad o prestigio que se infiere hubo en el decenio previo al quiebre institucional); b) percepción por parte de la población que la corrupción es un fenómeno fuerte y creciente, aunque menor que en los países vecinos.

Debe añadirse que en la opinión pública existen parámetros confusos sobre qué se entiende por corrupción. En los extremos: para uno corrupción es solo cuando alguien perciba dinero directamente a cambio de un acto público (vulgo: coima); para otros, corrupción implica sueldos altos, uso de autos oficiales y hasta el uso de la fotocopiadora estatal para fotocopiar un documento privado. Y para un sector nada menor de la opinión pública, los sueldos de los legisladores o de los directores de entes son escandalosamente altos, pese a que se sitúan por debajo de la tercera parte de lo que percibe promedialmente el gerente general de un empresa de primera línea.

Otro elemento que debe agregarse es cuándo opera la credibilidad de algunos ataques (o denuncias) contra dirigentes políticos. Parece ser que hay formas o momentos que debilitan la credibilidad. En cuanto al tiempo, cuanto más lejos se está de elecciones, más credibilidad pueden revestir las acusaciones; cuanto más cerca se está de los comicios, baja la credibilidad de las denncias. En cuanto a la forma, si se producen de manera cuidadosa precisa, en cierto sentida con el cuidado de una acusación judicial, la credibilidad aumenta; si en cambio es en medio de una ristra de denuncias, unas con ciertos elementos, otras más dudodas, y otras francamente de nula credibilidad, el conjunto acusatorio comienza a debilitarse, aún la parte más prolija de las acusaciones. Por otro lado, la gente tiende a percibir la veracidad de la existencia de corrupción, cuando puede materializ la idea en un mejoramiento económico del acusado en alguna cosa tangible, visible y traducible moneriamente para todos: or ejemplo, la adquisición de una vivienda de mayor costo que la que tuvo anteriormente, o inclusive, algo hoy tan frecuente como el cambio de automóvil. Un ingrediente más es la actuación del Poder Judicial al respecto. Las percepciones de la opinión pública son variadas en cuanto a formarse un juicio definitivo sobre la culpabiliad: en unos casos basta la mera denuncia, sin actuación judicial alguna; en otros la existencia de un dictámen fiscal, en otros el procesamiento, y rara avis es el que espera al fallo definitivo. Todo esto lleva, a nuestro juicio, que la opinión de la gente sobre el tema en general y sobre los actores en particular, acusados, acusadores y acusados-acusadores, resulte de combinar elementos de credibilidad e impactos dispares como los señalados, que juegan muchas veces en sentidos opuestos.

Y también parece que de aquí en adelante el tiempo electoral está lo suficientemente adelantado como para pensar que cualquier nuevo ingrediente sobre este tema sólo sirva para reforzar las opiniones ya existentes, a favor o en contra, sin que afecten mayormente esos juicios ya formados.