A tres meses de las próximas elecciones (de la segunda vuelta del ciclo electoral 1999-2000) la Intendencia Municipal de Montevideo ha iniciado una ofensiva comunicacional tendiente a generar la imagen de que el gobierno nacional discrimina a Montevideo, o que el gobierno discrimina a la Intendencia Municipal de Montevideo. Paralelamente, la comuna capitalina se apresta a fortalecer una línea persecutoria de los vehículos matriculados en el interior que circulan en Montevideo. Independientemente de la intención que tuvieren quienes deciden estas estrategias, el momento en que se desarrollan determina que impacten directamente sobre la contienda electoral. Pasan pues a ser estrategias electorales del Frente Amplio en su confrontación con los otros partidos; no importa si la intención no fue impactar en la contienda ni tampoco importa si la decisión fue tomada por la cúpula municipal; tampoco interesa si la conducción frenteamplista tomó conocimiento o estuvo de acuerdo. Los hechos objetivos afectan la estrategia global del Frente Amplio.

El primer tema, el de la discriminación, tiene a su vez dos aspectos. Uno de ellos es si efectivamente existe esa discriminación o tratamiento diferencial, de ser así cuál es su entidad, si es justa o injusta, y en particular si es una discriminación contra las dos últimas administraciones comunales por ser frenteamplistas, o es una discriminación que afecta diversas administraciones, tanto frenteamplistas como coloradas. En principio cuando se habla de discriminación se refiere a la existencia o inexistencia de subsidios o transferencias del gobierno central hacia una administración municipal; y el asunto es muy complejo, porque se podrá concluir que existe tratamiento diferencial según la regla que se tome para medir los subsidios que deberían otorgarse: si por la población, la superficie o en razón inversa a su producto bruto. Pero el segundo aspecto de este tema parece más relevante políticamente: analizar si el gobierno central discrimina a los pobladores de Montevideo o exclusivamente a la Intendencia Municipal. Lo que no es lo mismo. Existe una tendencia a nivel municipal de asociar Montevideo con la Intendencia, confusión avalada por el uso crecente de la expresión gobierno de Montevideo como sinónimo de administración municipal. Porque en la población la percepción dominante es que cuando se dice gobierno de Montevideo se está diciendo gobierno nacional. Pero, además, todas las intendencias son responsables de un área significativamente reducida de la acción estatal en cada departamento: en la acción del Estado en un departamento es minoritario el impacto de la gestión propiamente municipal. Entre las intendencias de Montevideo e interior hay una diferencia psciológica o sociológica: la población del interior pone en la Intendencia la función de embajadora o representante de los interes departamentales ante el gobierno de Montevideo, el gobierno central, sea o no el tema de incumbencia municipal. En la capital, por el contrario, nadie considera que la Intendencia es quien intermedia entre la población y el gobierno central en asuntos no municipales.

El segundo tema es tan controversial como el primero. En Uruguay rige el principio de múltiple domicilio, la gente puede vivir varios días en un departamento y otros días en otro, o tener su residencia principal en uno y su trab ajo en otro; los vehículos pueden circular más quilómetros en un lugar en menos días, y recorrer menos quilómetros en más días en otro lugar. En fin, la discusión de criterios es tan larga como aldeana, porque en esencia de lo único que se trata es de un juego por la captación de recursos. Lo demás son argumentos retóricos para fundamentar la pretensión de tirios y troyanos por una mayor parte de la torta impositiva.

Ahora bien, sobre los temas de fondo las opiniones pueden ser tan variadas como criterios previos se determinen, o como razones políticas haya para una u otra tesis. Políticamente lo más trascendente es otra cosa: la estrategia municipal tiene por efecto asociar al Frente Amplio con Montevideo y enfrentar al Frente Amplio con el interior. ¿Es esto conveniente para el Frente Amplio, para sus propios intereses de crecimiento? En las elecciones de abril obtuvo dos de cada tres votos en la capital y uno en el interior; su participación en la capital fue de nueve votos de cada veinte y en el resto del país de cuatro votos de cada veinte.. Es bastante claro, y hay evidencia empírica nacional y comparada para demostrarlo, que cuando se llega a un nivel tan alto como el que registra en Montevideo, existe cierta dificultad para el crecimiento, sobre todo porque el margen para el incremento se topa con los pisos, con las pertenencias, con los votos básicos o firmes, de los demás partidos. En el interior, en cambio, la posible volatilidad es mucho mayor, el área de captura es sustancialmente más elevada. Para decirlo llanamente, cada nuevo voto en Montevideo cuesta el doble o el triple de esfuerzo que un voto en el interior. Más aún, en todas las declaraciones públicas, más los hechos subsiguientes, demuestran que los candidatos y dirigentes del Encuentro Progresista-Frente Amplio han privilegiado la captación de votos en el interior. Por ello, la estrategia municipal resulta por demás curiosa.