Cuando el quinto centenario de la llegada de Colón a América se puso en boga un concepto: "por primera vez en toda América hay regímenes democráticos, con la sola excepción de Cuba". La frase, como toda oración altisonante, pecaba entonces de un poco de exageración, otra pizca de optimismo y una buena dosis de ideologismo triunfalista en términos de guerra fría. El primer problema que surge es cómo se define una palabra tan llevada y traída como democracia. La frase altisonante parece que reduce el concepto de democracia a exigencias bastante mínimas y parciales; parece que la definición sería: hay democracia cuando en un país el gobierno resulta más o menos elegido en unas votaciones, con padrones que pueden ser algo confiables, en que participan algunos partidos y en que hay algún tipo de libertad o de competencia. Y todo ello juzgado con bastante indulgencia, como quien dice, entre mano y mano de truco. El politólogo Robert Dahl, quien prefiere hablar de poliarquía y no de democracia, en su célebre obra titulada precisamente "La poliarquía", establece exigencias mucho más fuertes en materia de libertades, derechos, garantías y competencias, tanto para el acceso a la cosa pública, como durante el ejercicio del poder. Dahl es tan exigente que en una tabla confeccionada en 1969 sólo reconoce veintiséis poliarquías plenas en todo el mundo, pequeño círculo al que en América pertenecían Canadá, Costa Rica, Jamaica, Trinidad-Tobago y Uruguay, y al que no pertenecían por diversas Chile y Estados Unidos (por diversas restricciones al voto) (en la exigente clasificación de Dahl tampoco ingresaba Suiza, por su exclusión de las mujeres en la participación electoral).

El otro elemento de confusión es que con el tiempo cambian las técnicas de golpe de Estado, o para decirlo más exactamente, los métodos para cambiar la titularidad del gobierno o el contexto de poder en forma no admitida por el derecho público interno y por los requisitos que pudieren considerarse como esenciales a una poliarquía o a una democracia. En las últimas décadas se asimiló golpe de Estado al derrocamiento del presidente de la República o del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas, y en una visión un poco más amplia, a la disolución del Parlamento o Congreso por métodos no admitidos por la constitución nacional. Además de estos golpes clásicos, que cuentan con sus miles de años, la historia reconoce otros tipos de golpe de Estado, siendo dos de los preferidos el asesinato del poderoso (durante varios siglos el gusto se inclinó por el envenenamiento) o la declaración médica de insanía (como ocurrió por ejemplo con Luis de Baviera, víctima de un golpe de Palacio); a lo que hay que añadir más modernamente un refinamiento jurídico mayor: la deposición presidencial por el Parlamento, cuyo origen puede ubicarse en el fracaso intento en Estados Unidos de deponer al presidente Andrew Johnson. Pero el fin del milenio ha potenciado el refinamiento golpístico. Para concentrarnos en Sudamérica, en esta década observamos el empleo de algunos mecanismos formales propios de un régimen constitucional democrático, para crear situaciones de cambio en las reglas de juego, técnicamente pues, algo así como golpes de Estado. Uno de esos mecanismos lleva tres casos en estos diez años: destitución presidencial por el Congreso con una finalidad específicamente política y sin que en general se den los requisitos sustanciales para el juicio político: así se operó la destitución de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Bucaram en Ecuador y recientemente Cubas en Paraguay (destitución o renuncia forzada es una distinción de preciosismo formal). Otros métodos suponen elecciones de por medio, con arrasamiento del sistema existente de partidos, la conformación de partidos oficiales y una apelación a formas de democracia plebiscitaria; por allí ha transitado Fujimori y más o menos, con algunas formas diferentes, lo empieza a hacer Hugo Cháves. Uno no puede ponerse demasiado exigente, porque ya la realidad se complica con un Chile que no termina de hacer su transición plena, Argentina donde son muy elásticos los límites de la Constitución y las atribuciones del Poder Ejecutivo, un Ecuador jaqueado entre estallidos militares y estridencias militares. Si al menos como definición de trabajo entendemos por democracia los conceptos de poliarquía o las definiciones más exigentes que emanan del liberalismo político, el balance para la región sudamericana no es demasiado halagüeño, y está a una distancia considerable de las entusiastas frases de comienzos de la década.