Caducidad: el FA camino a tablas

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Este nuevo escenario resulta muy favorable para la izquierda, especialmente porque logra mitigar los costos y los errores de las semanas previas. Y le resultaría más favorable aún si encuentra a los partidos tradicionales abroquelados en una dura posición en contra de la reapertura de los casos. Al menos al Frente Amplio le sirve como un alambrado de contención a su propia gente disconforme (por el no respeto a los plebiscitos, por la forma de conducir el gobierno) que encuentra que pese a todo lo representa más la izquierda que el sistema tradicional.

Cuando el proceso de la ley eliminatoria de la Ley de Caducidad, fundamentalmente en los meses de abril y mayo, el Frente Amplio sufrió un formidable costo político por haber quedado en posición de abandono de su tradicional liderazgo en “que el pueblo decida” y promover lo que se entendió como el desconocimiento de dos decisiones plebiscitario-referendarias concurrentes. Ello fue inequívoco dado que lo actuado por la dirigencia frenteamplista (gobernantes, parlamentarios, dirigentes) obtuvo el desacuerdo del 81% de los uruguayos y del 72% de los propios frenteamplistas. La oposición quedó, por el contrario, como la gran defensora del respeto a las decisiones populares. Así resultó el escenario al amanecer del 20 de mayo, cuando la ley eliminatoria fue rechazada en la Cámara de Representantes.

Cabe recordar que la ley eliminatoria, de aprobarse, iba derecho a su declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado quedaba pendiente el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado uruguayo a que la Ley de Caducidad no sea obstáculo para los juzgamientos.

Concluida esa etapa, al oficialismo y a quienes impulsaban no cerrar definitivamente el tema, quedaban tres etapas dentro de la Constitución y con respeto a la propia Ley de Caducidad: impulsar investigaciones administrativas, reanudar las excavaciones en busca de restos humanos y la “desinclusión” de los casos incluidos en la protección de la Ley de Caducidad, es decir, revocar esas inclusiones. Como se sabe, la Ley de Caducidad declaró no justiciables a los delitos cometidos por policías o militares, con anterioridad al 1° de marzo de 1985, por móviles políticos o en cumplimiento de sus funciones y bajo órdenes de los mandos. La valoración de la inclusión, sustancialmente el evaluar el móvil y la existencia de las órdenes, quedó en manos del Poder Ejecutivo. Con esta base diversos gobiernos incluyeron en la protección de la Ley a entre 80 y 90 casos. Ahora, esta potestad del gobierno cae por inconstitucional y el actual gobierno aprovecha la posibilidad para rever los actos anteriores. Luego vendrán instancias no políticas, de batallas jurídicas, sobre recursos contra este decreto y sobre la existencia o no de cosa juzgada en estos casos, donde los jueces dispusieron el archivo de las actuaciones en virtud del amparo otorgado por el Poder Ejecutivo en base a la Ley de Caducidad.

Siempre hay una batalla político-jurídica en estos temas, donde una buena parte de los juristas actúan como inteligentes abogados de sus propias causas políticas, y unos pocos se sustraen a sus convicciones políticas y a sus deseos personales, y opinan como juristas, vale decir, no como abogados de causas, sino como científicos que buscan determinar una conclusión con la mayor objetividad posible y en base a los más estrictos procedimientos científicos. Quienes han optado por esta posición epistemológica concluyen que la revocación de los actos, la “desinclusión” de los casos, es constitucional. Esto importa en la batalla política. En la judicial importa lo que en última instancia opinen por un lado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por otro la Suprema Corte de Justicia.

La medida gubernamental, que pudo pasar sin controversias, apareció fuertemente cuestionada desde el Partido Nacional y el Partido Colorado, por ahora sin voces discordantes. Esto ha determinado un nuevo eje de batalla, completamente diferente al de los meses anteriores. Ahora no se trata de si respetar o no respetar las decisiones plebiscitarias, tampoco se trata de respetar o no la institucionalidad o la legalidad, sino que vuelve el debate de hace 20-25 años a su vez revivido hace alrededor de una década: qué hacer con el pasado, con los últimos restos del pasado, con el casi un centenar de casos pendientes. Porque de eso se trata. No hay por delante una oleada de millares de juicios, sino algo menos de 90 casos. Eso es lo que está en juego. En los primeros pasos de esta nueva etapa aparece el Frente Amplio, el gobierno, el oficialismo, como el habilitador del juzgamiento de estos últimos casos, y ambos partidos tradicionales en sintonía en oponerse a estos juzgamientos.

¿Qué piensa la gente? La población en general está en una relación de 2 a 1 a favor de estos juzgamientos, de esas exclusiones de la protección de la Ley de Caducidad; y entre los frenteamplistas los partidarios son el 80%. Es interesante observar que mientras el 72% de los frenteamplistas estuvo en desacuxerdo en lo actuado por su dirigencia en la ley eliminatoria de la Ley de Caducidad, el 80% apoya los decretos de exclusión de la protección de la Ley de Caducidad. El mensaje es claro: desconocer los resultados plebiscitarios, no; sin desconocerlos, avanzar en los juzgamientos, sí. Con matices, lo mismo piensa el conjunto de la población.

La política, la vida en general, es una combinación entre el jugar en base a principios y jugar en base a realidades, a pragmatismo. Si los partidos tradicionales, o algunos de sus miembros, consideran que el no juzgamiento es un tema de principios por los que vale la pena asumir los costos que fueren, es obviamente una decisión correcta. Si en cambio el tema no es tan absoluto, sino que admite matices, es momento de mirar bien por donde se camina.

Porque este nuevo escenario resulta muy favorable para la izquierda, especialmente porque logra mitigar los costos y los errores de las semanas previas. Y le resultaría más favorable aún si encuentra a los partidos tradicionales abroquelados en una dura posición en contra de la reapertura de los casos. Al menos al Frente Amplio le sirve como un alambrado de contención a su propia gente disconforme (por el no respeto a los plebiscitos, por la forma de conducir el gobierno) que encuentra que pese a todo lo representa más la izquierda que el sistema tradicional.