El Estado y la democracia en cuestión.
América Latina después de la transición (sexta nota)
Juan Rial
 

Quinta nota

6. El impacto de los cambios sociales recientes.

Si bien hay un número muy alto de escritos sobre el impacto político de los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas en la región, algunos temas casi no tienen consideración pública. Muchos de ellos aunque muy conocidos quedan restringios a los informes técnicos opara especialistas, pero no son parte de la agenda pública de debate.

El primero y más relevante es el cambio en la distribución de la población. La población rural dispersa ha bajado dramáticamente en los ultimos veinte años en buena parte de los países de la región. La densificación de los centros urbanos ha sido el resultado del abandono del agro. Especialmente las capitales. La totalidad de los países de América Latina (incluyendo a Cuba, Dominicana y Haiti) alcanzaban en la década del noventa a tener una población total de unos 427 millones de habitantes, de acuerdo con los diversos censos nacionales de la década. El 73% vivía en centros habitados de más de 2000 habitantes, totalizando 312 millones. Las capitales sumadas a las ciudades de más de un millón de habitantes de los veinte países considerados, cuarenta y cuatro centros urbanos concentraban el 54% del total de los habitantes urbanos de la región (un 40% del total de la población de América Latina), alcanzando a 170 millones de personas. Los países de América Central todavía son predominantemente países de campesinos, incluyendo a Costa Rica. Guatemala es el caso extremo, donde sólo unos tres millones, de un total de 8 millones largos de población, viven en habitats urbanos.

América del Sur esta fuertemente urbanizada. En Brasil hay trece ciudades de más de un millón de habitantes, concentrando unos 67 millones de habitantes, incluyendo los treinta del Gran São Paulo y los casi trece del Gran Rio de Janeiro. De un total de 157 millones de habitantes, 123 millones viven en habitats de más de 2000 habitantes en el país más grande de América del Sur. El país menos urbanizado es Bolivia, con el 56% de sus habitantes viviendo en centros más de 2000 habitantes. México tiene un 74% de su población de 81 millones de personas viviendo en zonas urbanas, de los cuales treinta millones en cuatro centros urbanos de más de un millón de habitantes, comenzando por el Gran México metropolitano de casi 24 millones.

El Caribe está también cambiando llegando a los casi doce millones de habitantes viviendo en centros de más de 2000 personas sobre un total de casi 22 millones.

Los nuevos habitantes de las ciudades y centros urbanos, sin embargo, pasan a engrosar las filas de la pobreza, la marginalidad, desempeñándose en el mercado subterráneo, informal. De acuerdo con la CEPAL, hacia 1997 un 47% de la población de dieciocho países de la región (no incluye a Cuba ni a Haiti) está bajo la línea de pobreza. En el ámbito urbano es el 37%, en el rural el 63%. Estas cifras indican el porque los factores de atracción urbanos y expulsión rurales con tan altos. La indigencia, la pobreza extrema, alcanzaba al 19% de los pobladores de 18 países, afectando al 38% de los pobladores rurales y al 12% de la población urbana .

Una buena parte de quienes emigran, de hecho, son refugiados de la indigencia o la pobreza rural a los que les cuesta mucho ser absorbidos por el tejido social citadino. En el pasado había presumiblemente, mejores oportunidades de ingresar en la cultura y la economía urbana, o mejor dicho la brecha era más baja entre la forma de vida rural y la urbana. Obviamente la pobreza rural es más dura, pero menos visible. La concentración urbana muestra rapidamente el modo de vida de la población en pobreza extrema que vive a escasos kilómetros de donde residen los sectores de mejor nivel económico.

Desarrollar una cultura ciudadana de apoyo a instituciones democráticas cuyo sentido escapa a pobladores afectados por la pobreza no es tarea sencilla. Por el contrario, puede llegar a verse al Estado como una institución poco amigable, que no provee servicios y que a su vez reprime, al enviar policías o cercar por la fuerza de seguridad sus precarios habitats, dado que se supone que una buena parte de la delincuencia vive en los nuevos barrios creados por la migración reciente.

La institución de integración por excelencia, la escuela pública, por lo general no está en el centro de las nuevas zonas de residencias, sin fuera de ellas. La escuela es vista en forma ambivalente. Para algunos sigue siendo el lugar donde sus hijos quizas consigan alguna herramienta para el ascenso social, pero también el lugar para disputar y presentar los pequeños odios y resentimientos de la estrecha vida de esas comunidades. Algunos de los docentes tratan de acercarse y superar problemas, pero la mayoría trata de eludirlos, de volverse "invisibles", tratando de evitar contactos, responsabilidades, y concentrándose en atender, tradicionalmente, sus clases, como si sus alumnos fueran chicos de la clase media o los hijos de los migrantes del pasado, y algunos llegan más lejos refugiándose en actividades internas, puramente administrativas. La segregación espacial creciente, que implica una clara diferenciación entre zonas residenciales y aquellas donde habitan los excluídos, aunada a una fragmentación educativa, también creciente, que supone una notoria diferencia entre la educación pública a la que pueden acceder los sectores situados más abajo de la escala social frente a la que reciben las clases medias y altas es un fenómeno claramente percibido por los sectores de bajos ingresos y en situación de pobreza que, de este modo, comprueban que el estado los ha casi abandonado.

La medida de integración es el mercado y como normalmente no puede accederse a él en el circuito formal, se hace en sus márgenes, a traves del "otro sendero", de un circuito que abarca desde la escala marginal más baja, que es el reciclado de basura, a la "alta" del sector, el comercio informal en "ferias" en las calles de las ciudades, o en ventas casa por casa o por lugares de trabajo. Esta útima forma de economía subterránea se liga con la economía formal al punto que es común observar el uso de tarjetas de crédito para pagar los bienes provistos por el mercado informal. Los estudios disponibles no permiten llegar más que a estimaciones gruesas acerca de cuanto puede ser el grado de informalidad en el mercado laboral de la región. Pero no hay duda que es alta, y seguirá incrementándose. Además hay que contar la alternativa de la delincuencia, una forma perversa de acceder al mercado que implica una vida riesgosa, pero para muchos más interesante que la mera subrevivencia diaria.

La intersección entre acción legal e ilegal, entre formalidad e informalidad, entre cultura "rurbana" que pervive en ámbitos densificados por el aporte de poblaciones de cultural rural que tiene en en su inmediata vecindad culturas urbanas, conforma la nueva base social de la acción política. Los partidos políticos y el propio estado no están estructurados para lidiar con esta nueva situación.

Las respuestas pasan por proyectos focalizados, no por propuestas universales, considerando que se trata de una situación de emergencia, puramente transitoria, que desaparecería si los proyectos de asistencia que tienen como objetivo actores especificos, tienen éxito. Pero, precisamente, no se trata de actores "precarios" en referencia a temporalidad. Los problemas, sea falta de empleo, informalidad en el mercado laboral, pobreza, carencias en ámbito de salud, educación pública y vivienda tienen permanencia y, para enfrentarlos, las medidas deben ser "universales", abarcando a todos los sectores sociales que tienen demandas en esas áreas y con una perspectiva de tiempo larga.

La resistencia ante el estado y sus ineficiencias asume varias formas. Para los sectores altos y medios altos se trata de "evitarlo". Consideran que el estado es una "molestia", que sólo debe atender lo referido a ciertos aspectos de la seguridad y estabilidad política general. Como no confían en las fuerzas policiales estatales se apoyan en fuerzas privadas de seguridad. Con ello se refuerza la tendencia a tener una fuerza pública de mala calidad y el círculo vicioso de un estado que pierde el monopolio de la fuerza pública se acentúa. Los sectores altos también tratan de llegar a arreglos extrajudiciales toda vez que es posible, evitando recurrir a la Justicia. El consumismo y la posibilidad de eludir el pago de impuestos es parte de la cultura política de esos sectores. Sólo grupos de élite son conscientes que ese camino no puede mantenerse y tratan de alentar la acción de grupos de técnicos para que manejen el aparato estatal.

En el otro extremo de la escala social las respuestas en lugar de ser organizadas, como en el pasado, cuando se acusaba al estado de ser el defensor de los sectores altos y el statu quo, pasan a tener un caracter anárquico, y en más de una oportunidad asumen formas violentas. En ese caldo de cultivo se obtiene "mano de obra" por parte de grupos de agitadores que buscan "coordinar", de modo de "organizar" la protesta.
Cuando ocurre esto último aparecen explosiones sociales o pueden conformarse, poco a poco nuevos movimientos sociales, como ejemplo puede ser citado los diversos movimientos "Sin" en el Brasil (el más exitoso los Sin tierra) o el llamado de los "piqueteros" de Argentina .

Pero, la masa de la población sigue mirando hacia un estado al que concibe como una entidad con "la suma del poder", pues tiene funcionarios, recursos en dinero, presencia constante, aunque no puede ver su ineficiencia, su incapacidad, la pérdida de monopolios de decisión, que no sólo se dan en el campo económico y financiero, sino en el de las politicas sociales y hasta en las funciones primarias de seguridad.

En un estado preeminente también sufre las crisis instituciones sociales que han tenido una estrecha relación con él, a veces conflictiva, como las Universidades públicas. Las mismas, proveedoras de la élite superior, de la aplicación de conocimiento y tecnología en la gerencia de la maquinaria estatal, han visto recudido su quasi monopolio en el ámbito de la educación superior, por lo general compartido por instituciones católicas, al aparecer nuevas "universidades de garage", pequeñas instituciones motivadas fundamentalmente por el lucro, aunque jurídicamente se presenten como ONGs.
Las universidades, antiguo campo de acción de un movimiento estudiantil contestatario, hoy también se han "despolitizado". El movimiento estudiantil de principios del siglo XXI tiene pocos adherentes. Una buena parte de los alumnos de la educación superior adoptan una posición puramente pragmática. El curso universitario es un requerimiento para integrarse al mercado, por medio de la obtención de una "cartón", que por argumento de autoridad hace suponer la adquisición de conocimientos y habilidades superiores, de modo de ubicarlos mejor para la obtención de un empleo. Los hechos suelen desmentir esa presunción y sólo en las profesiones protegidas, tradicionales, que requieren un título habilitantes para ejercerlas, la misma es totalmente cierta.
El joven contestatario suele actuar en movimientos de estudiantes secundarios o en los nuevos movimientos de protesta de los sectores marginales.

Los abusos a los derechos humanos en las dictaduras hicieron surgir en los períodos de transición a los defensores de los derechos humanos. Producido el retorno a la democracia esas instituciones trataron de mantenerse permanentemente ampliando el campo de su acción. Precisamente, la falta de atención estatal a las demandas de los individuos que deben confrontar al estado y la administración fue el motivo encontrado para persistir en su acción, trasformándose en Defensorías del Pueblo.

Creadas como organizaciones autónomas, a cuyo frente suele actuar una personaliad independiente elegida por el parlamento por una mayoría especial, sin embargo, prontamente se han burocratizado y para la población no han significado demasiado, sin el auxilio de la prensa. Carentes de capacidades de investigación, su relevancia está en la denuncia, no en la acción. De algún modo contribuye a desacreditar el estado, del que no se siente parte, pese a que sus funcionarios y su presupuesto es parte de esa estructura, al criticar sus errores, ineficiencias y abusos. Pero no tiene capacidad para resolver los problemas, incrementando la fustración de quienes recurren a la institución. Sólo la capacidad de descrédito que puede llevar adelante una denuncia frente a un medio de comunicación puede motivar correcciones en la acción estatal. Las defensorías, sólo suelen agregar un estrato muy especializado de burócratas para presentar "casos". Como, finalmente, los defensores del Pueblo y sus funcionarios deben dirigirse a los aparatos estatales, no representa en más de un caso, más que una instancia adicional, no siempre muy eficiente, en la búsqueda de respuestas y atención de demandas. En los hechos se acepta la ineficiencia o la falta de acción del estado. La consecuencia es una sobreburocratización, y cierto desprestigio y refuerza a las instancias privadas de denuncia y promoción que ya actúan en le mismo campo: los medios de comunicación y las Iglesias. Las Defensorías del Pueblo sin el auxilio de los medios de comunicación tienen un papel muy limitado y su poder queda muy recortado.
 

Séptima nota