Las relaciones gobierno oposición

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Conviene analizar el tema en un amplio contexto. Las relaciones gobierno-oposición desde 1985 se mueven en un plano relativamente consocional, donde los actores se autoimponen reglas de comportamiento (y la sociedad lo valora positivamente) en que predomina la actitud amigable y comprensible, la disidencia razonada a su vez expresada en términos moderados, y en lo posible que todos tiendan a la búsqueda de acuerdos o, si no, que exhiban la voluntad de ir en esa dirección aunque no fuere cierto. En general en el cuarto de siglo transcurrido ha dominado este tipo de comportamiento, a veces con momentos de mayor confrontación y otros con ausencia de ella. Pero no ha existido una confrontación sostenida y sobre todos los temas a lo largo de todo un periodo de gobierno. De los cinco gobiernos anteriores, la primera administración Sanguinetti fue la que concitó el mayor grado de entendimientos y de consocionalidad, producto en gran medida de consolidar la democracia reconquistada. La administración Lacalle marcó el fin de la consocionalidad, al disponer unilateralmente (en contra del pedido expreso del Frente Amplio, guiado por Seregni) la exclusión de la oposición de los entes autónomos y afines, así como de las delegaciones gubernamentales al exterior. La segunda administración Sanguinetti y la administración Vázquez son las que exhibieron el menor nivel de diálogo y entendimiento gobierno-oposición, entre el bloque colorado-blanco y el frenteamplismo.

Contra lo que dan a entender muchos uruguayos (políticos, periodistas, analistas) el modelo uruguayo no es el modelo único en el mundo, y quizás no el dominante, en el reducido club de democracias plenas y semiplenas de larga duración. Se encuentran modelos similares en la mayoría de los últimos 60 años en los países escandinavos, Alemania y Suiza (quizás también Austria, Brasil y Países Bajos). En cambio el modelo es opuesto en Argentina, Australia, Chile, Colombia, ahora Costa Rica, España, Estados Unidos (en la medida en que pueda considerarse que los partidos nacionales actúan como tales), Francia, Grecia, India, Irlanda, Israel, Italia (ahora en la Segunda República), Japón, Nueva Zelandia, Portugal, Reino Unido, quizás Bélgica (con un eje étnico lingüístico de división). En esta otra categoría de países el gobierno gobierna por sí solo y la oposición se opone, grita, denuncia y obstruye.

Cabe recordar una anécdota. En la primera administración Sanguinetti viaja a Israel el presidente acompañado de parlamentarios colorados, blancos, frenteamplistas y cívicos. El primer ministro Shimon Peres comenta asombrado: en toda mi vida política, cuando estuve en la oposición, el gobierno jamás me invitó ni a visitar un ministerio. Para el actual presidente de Israel, lo normal era lo opuesto a lo que los uruguayos consideran normal o deseable.

 El gobierno Mujica apunta al más alto nivel de entendimiento gobierno oposición, marcado en los cuatro acuerdos programáticos, la participación de la oposición en los entes autónomos y similares (por primera vez desde 1990) y la consulta habitual. Del lado de la oposición, la búsqueda de lo constructivo (más fuerte en Larrañaga, menos en Bordaberry) al punto que la primera interpelación (al ministro de Economía) se saldó con un apoyo unánime del Senado. En general el gobierno ha respetado la disidencia de la oposición y ha tratado de no insistir por caminos en que ésta manifestase reparos, como en la creación de los delegados presidenciales en los departamentos. Uno de los temas de mayor disonancia es sin duda la intención oficialista de impulsar una ley que dejaría sin efecto, o sin aplicabilidad, o algo por el estilo no claro jurídicamente, a la Ley de Caducidad.

La acción opositora más desestabilizadora hacia el gobierno surgió desde Unidad Nacional con la denuncia sobre los cómputos de horas de vuelo en la Fuerza Aérea, cuyo efecto principal es la afectación de la imagen de Uruguay en las misiones de paz de Naciones Unidas. Sin duda fue el único gesto de guerra opositora (al gobierno, a la Fuerza Aérea y a la participación en las misiones de paz) en que se evidenció un no compromiso con el concepto de responsabilidad de Estado. Ocurre que en realidad Unidad Nacional no fue culpable sino víctima, porque el suceso es consecuencia de un sector en el que no hay unidad ni actuación en comunidad, donde danzan al menos ocho o nueve nombres para la carrera presidencial y, consecuentemente, está a la orden del día la búsqueda de protagonismo personal.

Es extremadamente confuso todo el episodio y los diferentes capítulos del “video militar” que parece que no existe como video, que se podría ver en internet, y que existiría una grabación que origina la divulgación periodística. Se conoce solo esa versión y las salidas desde el propio entorno gubernamental, todas ellas contradictorias. Fue el gobierno el que puso el tema sobre la mesa y a la luz pública. La existencia del video apareció confirmada por el propio presidente de la República, en esas frecuentes y apuradas declaraciones a la salida de una comida rápida (y hora desmentida en su audición radial). Lo revelado por el presidente a los cuatro líderes opositores fue mucho menos de lo aparecido en los medios. En otras palabras, los líderes habrán o no honrado el secreto, parece que sí, pero en el caso de que no lo hubiesen hecho, no estaban en su conocimiento por vía del presidente los presuntos o reales contenidos del presunto video. Por ello, la reacción del presidente al acusar a los líderes opositores de hacerle la guerra no tiene explicaciones claras y amerita otras lecturas: o es una actitud de rabia frente a un episodio mal manejado o es una cortina de humo para salir de la controversia provocada por su visita al general procesado Dalmao. Como fuere, esta reacción radial del presidente es un episodio menor que no cambia  la sustancia de la relación gobierno-oposición.