Cuando los valores descaecen

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Algunas democracias enfrentan contestaciones duras al Estado o desafíos a la existencia misma de esa democracia, con aplicación de medidas adoptadas no solo dentro de la juridicidad democrática, sino dentro de la sustancia de los valores democráticos.

Algunas democracias enfrentan contestaciones duras al Estado o desafíos a la existencia misma de esa democracia, con aplicación de medidas adoptadas no solo dentro de la juridicidad democrática, sino dentro de la sustancia de los valores democráticos. En cambio, otras democracias enfrentan esas contestaciones o desafíos con medidas chirriantes con los valores democráticos, mediante estados de excepción, censura de prensa, limitaciones a las libertades, suspensiones de derechos individuales, persecuciones por razones políticas, prisiones políticas, disolución a tiros de manifestaciones callejeras con la secuela de heridos y hasta muertos, aplicación de la tortura a los detenidos. En definitiva, para afrontar el desafío a la democracia afectan o destruyen los valores mismos de la democracia. Democracia siempre entendida en la acepción de democracia liberal, o más exactamente como sinónimo de lo que el politólogo norteamericano Robert Dahl definió como poliarquía.

A mediados de los años sesenta Uruguay ostentaba la calidad de ser una de las 26 poliarquías plenas del mundo, la única de América del Sur y una de las 4 del Hemisferio Occidental (junto a Trinidad y Tobago, Jamaica y Canadá). Ni Estados Unidos de América ni Suiza tuvieron nunca esa calidad hasta la década posterior. Pero este pequeño país sudamericano ostentaba además la calidad de una de las poliarquías más antiguas y consolidadas del mundo, aunque hubo rechines importantes por 1933 y de nuevo por 1942.

Como en todo proceso histórico, las cosas no ocurren de repente. Siempre comienzan por algún goteo. Si se toman los 30 años que van desde la restauración de la poliarquía plena con las elecciones de 1942 hasta el golpe de Estado de 1973, se observa ese goteo que primero abolla y luego perfora esos valores democráticos. Como se sabe, desde Napoleón se definen tres grandes estados de excepción: las Medidas Prontas de Seguridad, el Estado de Asamblea y el Estado de Sitio. En el régimen constitucional uruguaya existen solo dos institutos de excepción: las Medidas Prontas de Seguridad y la Suspensión de la Seguridad Individual. Las primera constituyen medidas concretas y no un estado, son rápidas (prontas) y su continuidad queda sujeta a la decisión o a la omisión de la Asamblea General, es decir, del Parlamento. Las segundas requieren una decisión expresa y previa parlamentaria, con determinación de los derechos suspendidos y el tiempo de vigencia de esa suspensión. No existe la posibilidad de un Estado de Sitio ni de excepciones sine die.

La aplicación de Medidas Prontas de Seguridad, el recurso a lo que Carlos Quijano denominó los paréntesis cesaristas, comenzaron en el periodo aludido en 1952 cuando el primer colegiado (se aplicaron dos veces). El instituto volvió apenas instalado el primer colegiado blanco, que recurrió al mismo en varias oportunidades, y se reiteró con mayor frecuencia e intensidad en el segundo colegiado blanco, los cuales son a su vez el penúltimo y el último gobierno colegiado del país; inclusive la trasmisión del mando de esos dos consejos se realizó el 1° de marzo de 1963 bajo Medidas Prontas de Seguridad. El presidente Gestido recurre al instrumento y ya con Jorge Pacheco Areco, a partir del 13 de junio de 1968, comienza el largo e ininterrumpido paréntesis cesarista. Hasta casi finalizar los años sesenta, las Medidas Prontas fueron adoptadas a raíz de conflictos sindicales y supusieron siempre persecución y detención de sindicalistas y en algunos casos censura de prensa. Ninguna de esas veces tuvo que ver con la existencia de ningún movimiento armado ni guerrillero. Luego, con el auge de la guerrilla urbana, a las Medidas Prontas de Seguridad se suman la Suspensión de la Seguridad Individual, el Estado de Guerra Interno y la Ley de excepción de Seguridad del Estado.

En esas décadas, sectores de la sociedad sentían que en determinado momento se podía ir preso sin cometer delito alguno, o que la prensa podía ser censurada. Fueron al principio episodios aislados, luego más frecuentes y finalmente sin solución de continuidad. Lo cierto es que, más allá de la discusión jurídica e inclusive de la discusión sobre si ello fue inevitable, supuso necesariamente la afectación de los valores democráticos liberales.

Otros países, por los mismos años, con similar cultura democrática y política que Uruguay, enfrentaron la guerrilla, el terrorismo y las oleadas de huelgas sin recurrir a procedimientos de excepción. Los actos violentos fueron combativos por institutos policiales eficientes y por sistemas judiciales también decididos y eficientes. Demuestra que se puede defender la democracia sin afectar sus valores. Se puede decir – y se dice – que ello fue imposible en Uruguay por la ineficiencia del instituto policial y por la actitud pasiva de la magistratura. Aquí no se trata de discutir quién tiene razón y si el camino de descaecimiento de los valores democráticos fue el único, o si fue posible transitar por otros senderos. Lo que se trata es exclusivamente de describir lo que ocurrió y a dónde fue: que se caminó de manera que se fueron afectando y descaeciendo los valores que sustentan una democracia, y se llegó a la interrupción de esa democracia.

Entonces aparece una primera conclusión: no solo hubo gente que no creyó desde el primer momento en la democracia e impulsó la revolución, sino que además desde el Estado se aplicó primero a cuentagotas y luego a chorros el descaecimiento de los valores básicos de la democracia: la libertad de prensa, la libertad individual, el derecho a manifestar, e inclusive el derecho a la integridad física. Cuando alguien es sensible a las libertades o sufre en carne propia la represión por ideas políticas desde el Estado, se le hace difícil identificarse con ese Estado o creer que ese Estado es el paradigma de la democracia. Por otra parte, cuando se llama a un instituto como el militar para pedirle que salve a las instituciones estatales, rara vez se logra que una vez cumplida la misión esos militares vuelvan a los cuarteles; es una regla de cumplimiento en la mayoría de los casos. Uno y otro tema valen como otra asignatura pendiente de reflexión si se busca el Nunca Más, en el entendido que para que las cosas no se repitan, primero hay que entender qué sucedió.