El Observador
Al acercarse el fin del primer semestre, el Frente Amplio enfrentó la posibilidad del descaecimiento definitivo del mandato imperativo y, con él, el poder de sus autoridades orgánicas de jugar un rol efectivo de poder. Se acercó a un tipo de funcionamiento muy cercano al que predominó a lo largo de un siglo en ambos partidos tradicionales, donde la norma (con muchas excepciones) fue el libre juego de sectores y hasta de dirigentes dentro de los propios sectores. Si bien el mandato imperativo no es ni nuevo en el país ni propio de la izquierda y tiene casi un siglo de vigencia en esta tierra , ha sido un principio fundamental en el Frente Amplio desde su misma fundación.
Al menos desde el comienzo de la salida de la dictadura, el Frente Amplio vive una tensión en cuanto a su naturaleza estructural . De un lado la concepción de alianza de partidos y del otro la de partido político como tal. Alianza y no coalición, porque hay dos elementos propios de la alianza e incompatibles con la coalición: el ánimo de permanencia y la existencia de autoridades comunes, más un tercer elemento que es propio de un partido político: el mandato imperativo. Del otro lado está la concepción de ser un partido político como lo son todos los grandes partidos uruguayos: de estructura compleja, con corrientes organizadas de manera independiente, con finanzas y presentación electoral propia, con liderazgos definidos a nivel sectorial, pero partidos.
Hay elementos que apuntan claramente a su calidad de partido político. Desde el punto de vista politológico, la existencia de un liderazgo incuestionado por encima de los sectores: primero Seregni, luego Vázquez. Desde el punto de vista sociológico, para toda la ciudadanía uruguaya y para su propio electorado, su individualización como uno de los tres grandes partidos relevantes; su identificación como una fuerza política con identidad propia y diferenciada de la identidad de los otros, valores sustantivos comunes y una simbología común; la adhesión a una simbología es un elemento sustancial en la identidad.
Días pasados, el Frente Amplio, obligado a poner coto a la sucesión de desconocimientos del mandato imperativo, que comenzó con el senador Lorier y la diputada suplente Pintos (comunistas) en la Legislatura anterior, siguió con el diputado Semproni (espacio 609) y amenazó continuar con el senador Michelini (Nuevo Espacio). El Plenario Nacional empezó por el principio, vale decir por lo más antiguo, exhumó el tema yacente por más de dos años en el Tribunal de Conducta Política y juzgó a los parlamentarios comunistas. Pero lo relevante es que no sancionó a ninguno de ellos, que sancionó al Partido Comunista en tanto tal. En este cambio (sancionar al partido, no a las personas) fue decisiva la postura del Partido Socialista, y también la del propio Partido Comunista.
El Compromiso Político firmado el 9 de febrero de 1972, en su numeral III, establece: “A las autoridades del Frente Amplio y al Tribunal de Conducta Política compete examinar y juzgar los casos de violación del Acuerdo Político y de las normas de disciplina por parte de las fuerzas que lo componen o de los integrantes del Frente Amplio que ocupen cargos de responsabilidad política. Cuando se compruebe la existencia de dichas violaciones, impondrán las sanciones que correspondan. En los casos personales, éstas podrán ir desde la simple advertencia hasta la exigencia de la renuncia a su cargo, y en el de fuerzas políticas podrán llegar hasta su exclusión del Frente. Se excluye de los casos personales, a los legisladores y ediles, que sólo podrán ser sancionados por sus respectivos sectores políticos sin perjuicio de la responsabilidad de éstos ante los organismos correspondientes del Frente”. Esta distinción entre el juzgamiento de personas y de sectores, la exclusión de parlamentarios y ediles como personas juzgables, es una inequívoca vocación de voluntad aliancista. La alianza tiene mandato imperativo y puede juzgar a sus partes, pero esas partes no son todas las personas, sino esencialmente que son partidos o grupos. Los legisladores no representan originariamente al Frente Amplio sino a los partidos aliados en el Frente Amplio. De donde: el FA no es un partido, sino una alianza de partidos. Esta es la concepción originaria.
Con esta decisión se la tesis de federación de partidos en desmedro de la tesis de partido en cuanto tal. Lo paradojal del asunto es que los llamados delegados de base, que en teoría representan al frenteamplismo liso y llano, adhirieron en pleno a la concepción aliancista o federativa, en contra de la concepción de partido, que es la que da razón de ser a su propia existencia como miembros de una dirección política. El Frente Amplio en su totalidad, la unanimidad de los sectores componentes y la unanimidad de los llamados delegados de base, todos ellos, efectuaron la más fuerte afirmación de la calidad federativa del Frente Amplio
Pero si se analiza cuál es el partido con que se identifican los votantes de esta alianza o partido, resulta que el 80% se define frenteamplista, el 7% independiente y el 1,7% considera partidos a los sectores (comunista, socialista y MLN-T en ese orden). El resto se define independiente, sin pertenencia o no opina. Es decir, son menos de 19.000 las personas que consideran que su partido es el comunista, el socialista o el MLN-T, en el más de un 1:100.000 votos frenteamplistas. No solo es insignificante en el electorado frenteamplista, sino en los propios sectores con vocación de partido: 1 comunista cada 7 votos de la 1001, 1 socialista cada 32 votos de la 90, 1 tupamaro cada 900 votos de la 609.
La afirmación federativa va en clara oposición al sentimiento de la casi unanimidad de los votantes frenteamplistas. Marca una nueva asintonía, luego del tema del respeto a “que el pueblo decida”, entre la dirigencia y la masa frenteamplista