Delitos graves en dictadura: la Suprema Corte de Justicia en la primera línea de fuego

Oscar A. Bottinelli – Diálogo con José Mansilla

Radiocero y Radio Monte Carlo

OAB: Casi todo el año político 2011 fue ocupado por el debate en torno a qué hacer con la Ley de Caducidad. Un debate más bien centrado al interior de la izquierda, que le consumió lo más importante de sus energías en este séptimo de año de gobierno frenteamplista, o segundo año del segundo gobierno. Se llegó a una solución no muy clara, con muchas dudas sobre su constitucionalidad y sobre sus alcances. En concreto la nueva ley aprobada ayer y recién promulgada, establece tres cosas, en sus tres primeros artículos:

Primero. Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986 (es decir, la Ley de Caducidad).

Segundo. No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad , en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 (es decir, desde la aprobación de la Ley de Caducidad) y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley.

Tercero. Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.

JM: ¿Esto quiere decir que la Ley de Caducidad quedó derogada, que no prescriben los delitos?

OAB: Esto es lo discutible. Parece que la Ley de Caducidad quedó tácitamente derogada, de manera implícita, por esta redacción. Esto es lo menos importante, porque la Suprema Corte de Justicia hace dos años que la ha declarado inconstitucional y por tanto ya no existe el amparo de esa Ley; además, el gobierno Mujica excluyó de los beneficios a los ochenta y tantos casos que habían sido amparados por gobiernos anteriores.

El tema clave es si los delitos prescriben el 1° de noviembre o no. La ley viene a declarar que no y lo hace por dos vías: por declararlos delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles y por cambiar el cómputo de los plazos de prescripción.

JM: ¿Esto daría por cerrado los casos?

OAB: No es tan sencillo. Hay un principio general de que las leyes no son retroactivas, es decir, no se aplican para atrás. Y solo se aplican para atrás si benefician al acusado, nunca en contra del mismo. Es un viejísimo principio, más que centenario, del derecho occidental. Entonces, lo que entra en juego, es si es aplicable esa retroactividad o no es aplicable.

Lo otro que se puede discutir es si es el Parlamento, si la Ley, puede decir que son delitos de lesa humanidad determinados delitos cometidos por determinadas personas en determinado momento, es decir, puede declarar delitos de lesa humanidad a casos concretos. O si solo es la Justicia la que puede determinarlo. En definitiva lo que importa en términos prácticos es parecido a lo anterior. Si son delitos de lesa humanidad no prescriben, si no lo son, se aplican los plazos de prescripción.

Estos son los dos grandes elementos de discusión

JM: ¿Y cómo se resuelve esto?

OAB: Se resuelve en la órbita judicial. Puede darse que los propios jueces consideren por sí que es constitucional o inconstitucional lo uno o lo otro, o lo consideren los fiscales, o que lo sostengan las partes acusadas. En cualquiera de esas posibilidades, todos los caminos conducen a la Suprema Corte de Justicia: es a ella y solo a ella a la que cabe decidir si una ley o una parte de la ley es constitucional o es inconstitucional.

Entonces, en buen romance, lo que el Frente Amplio terminó haciendo en realidad es pasarle el fardo a la Suprema Corte de Justicia. Con esto se clausura la discusión del tema en el sistema político, en el gobierno y el Parlamento, y se lo pasa al Poder Judicial y en última instancia se lo pasa a la Suprema Corte de Justicia.

JM: ¿Y qué costos paga el Frente Amplio por esto?

OAB: Esto se viene preguntando mucho estos días. En principio cabe sostener que los costos que pueda tener el Frente Amplio ya los asumió en la primera etapa de la discusión de este problema, entre abril y mayo, que fue cuando la discusión tuvo mayor impacto público. Es muy difícil que agregue costos adicionales. Lo que parece que tampoco mitiga esos costos.

Cabe repetir que los costos políticos no se miden en término de votos ni hay ninguna fórmula matemática. Los costos de un tema se suman a los costos de otro tema y se compensan con los aciertos de otros temas. Y al final la gente hace un balance. Y lo que hoy son costos pueden terminar en cero y no existir. O estos costos más otros costos hacen que en término de votos el precio sea alto. Pero eso solo se puede ver al final, cuando se esté llegando a las elecciones.

JM: ¿Y qué pasa de ahora en adelante, en que el problema queda en manos del Poder Judicial?

OAB: Lo que viene es un periodo muy largo, de muchos meses, quizás de mucho más de un año, o de un par de años. Habrá jueces que se inclinen por un lado y jueces que se inclinen por otro. Habrá fiscales que vayan por una tesis y fiscales que vayan por la contraria. No hay duda que todos y cada uno de los acusados, denunciados o imputados va a presentar los correspondientes recursos de inconstitucionalidad.

Y cada caso terminará en la Suprema Corte de Justicia. Sin duda importa el primer caso, lo que resuleva la Suprema Corte en el primer caso, que es cuando sienta el precedente, lo que se llama que sienta jurisprudencia. Porque hasta que no cambie la integración de la Corte, luego en los demás casos lo que se hace es una repetición de la primera resolución.

JM: ¿Y en términos políticos?

OAB: Lo que debe esperarse políticamente es que los sectores, grupos, movimientos, personas que combaten en favor de los juicios y en contra de la caducidad, que esos segmentos de la sociedad intensifiquen su lucha, en la calle, desde los medios de comunicación, con la movilización, como forma de presionar al sistema judicial: a jueces, a fiscales. Y en particular a la Suprema Corte de Justicia.

Lo que ocurre con esta decisión política del Parlamento, es que la Suprema Corte quedó sin terreno de protección, sin muralla protectora, sin buffer como se dice en términos militares, y los golpes que haya los recibirá directamente. Perdió el blindaje.

JM: ¿Qué consecuencias puede tener?

OAB: No hay consecuencias lineales ni medibles. Se puede más bien decirlo en término de cosas a evitar: en un Estado de Derecho en un país democrático, donde la Justicia es independiente, seria y creíble, no es bueno exponerla a la fuerte discusión pública, exponerla a la controversia política. Mucho más en un tema tan sensible para mucha gente, donde es muy fácil perder la mesura.

Los combatientes por estos juicios consideran que lo que está en juego son todos los derechos humanos, y que cuando están en juego los derechos humanos no hay cosa más importante. Ese es el punto de vista. Y cuando alguien cree que por lo que lucha es lo más importante, considera que no hay otras cosas a cuidar. Es un punto de vista muy sentido, honesto y coherente.

Hay otros segmentos de la sociedad que consideran -sin contradecir la importancia de los derechos humanos- que es muy importante preservar la credibilidad en el Poder Judicial, y que la democracia se daña y el estado de Derecho se daña, si se daña esa credibilidad en el Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia. Todo esto es lo que está en juego ahora.

JM: ¿Alguna otra conclusión?

OAB: Sí, que no creo que nadie quisiera estar hoy en la piel de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Quedan en la primera línea de fuego de un tema político, que deben resolverlo no políticamente sino jurídicamente, judicialmente. Van a estar expuestos a una controversia política personas y órganos que no son políticos y cuyo terreno de juego no es la política.