Lo que hay detrás del ProMejora

Oscar A. Bottinelli

El Observador

El ProMejora es un proyecto experimental de cambio educativo, cuya evaluación es esencialmente técnica. Pero detrás del ProMejora, o más exactamente, detrás del conflicto generado en torno al mismo, hay un conjunto de conflictos y problemas, cada uno de los cuales merece un análisis particularizado, y que es bueno presentarlos todos juntos a título de inventario.

Uno. Hacia dónde va la izquierda, si a un proyecto propio diseñado y ejecutado por sí mismo, o a un proyecto nacional, de consenso multipartidario, que abra las puertas a una política de Estado, vale decir a una política de consenso y además de continuidad en el largo tiempo.

Dos. Muy relacionado con el anterior, si la izquierda va a un proyecto verdaderamente transformador de sociedad (sustancialmente revolucionario, superador del capitalismo) o a un proyecto mejorador de la sociedad (sustancialmente exponenciador del welfare state).

Tres. El ProMejora apunta a una descentralización hacia las comunidades educativas, el otorgamiento de participación en la toma de decisiones específicas y en la ejecución a la comunidad específica de cada escuela, liceo o instituto, para adaptar la enseñanza a las necesidades socioculturales del barrio y de los educandos específicos del centro educativo. Es participación y descentralización. Como todo proyecto descentralizador y participativo, implica una pérdida de poder de la autoridad central, ya fuere de la política (que en principio gustosamente lo cede) y de la sindical (que en estos días, al menos en cuanto a la docencia de Secundaria, lo resiste con uñas y dientes).

Cuatro. Replantea el tema de las autonomías. En Uruguay hay mucha confusión en la materia. En el ámbito de las autonomías departamentales, hay un discurso que confunde descentralización territorial con federalización del país. En el plano de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, se confunde autonomía o descentralización con independencia. Autonomía plena tiene, por disposición constitucional, la Universidad de la República. La autonomía del resto de la enseñanza pública está sujeta sustantivamente a la discrecionalidad del poder político. Es el poder político el que designa a la mayoría de sus autoridades, y cuando alguien designa a otro, lo hace para que lleve adelante determinada política en base a directivas previamente trazadas.

Quinto. Exhibe una lucha por cuotas de poder. Hay dos grandes formas de pactar el disenso al interior de una fuerza de gobierno: mediante el acuerdo general de los lineamientos de gobierno y, en todo caso, la distribución de áreas de poder, o mediante la lucha constante por cuotas de poder, donde en cada área, en cada momento, se continúa la lucha por imponer una concepción sobre otra. Este gobierno exhibe en forma cruda una lucha por espacios de poder, que sustantivamente es una lucha entre proyectos que implican rumbos diferenciados.

Sexto. También emerge un problema repetido en el actual gobierno, que es el debilitamiento del principio de autoridad, un debilitamiento que en cierto modo parece deliberado. Hay una constante apelación a que las distintas partes confronten entre sí y en todo caso dialoguen entre sí. En este caso es muy llamativo que en una divergencia entre la autoridad superior (el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP) y una autoridad subordinada (el consejo desconcentrado de Secundaria), el presidente de la República haya quebrado el principio de autoridad: o el superior y el subordinado se entienden, o los echo a los dos. De donde, el superior carece de autoridad hacia el subordinado, porque debe pactar con él.

Séptimo. Derivado del anterior. La presencia de una visión libertaria, del culto al libre juego, en contra de reglas y procedimientos. Esto no es nada menor, es una concepción valorativa de la sociedad, el individuo y las instituciones.

Octavo. No hay una cabal comprensión de la organización institucional y sus reglas (en parte también hubo falencias en este sentido en el gobierno anterior)

Noveno. El rechine de la representación corporativa o social. Conviene aclarar que el corporativismo en la enseñanza lo introducen los partidos tradicionales en los años treinta y que la primera constitucional efectiva también es de los partidos tradicionales, al incorporar la representación social en el BPS. No es pues, una invención del Frente Amplio ni de la izquierda en general. Curiosamente la representación social en el BPS viene funcionando desde hace casi dos décadas sin rechines, en forma pacífica, al punto que la propia conducción política de estos dos últimos gobiernos surgió primero como representación social. Pero claramente hay fuertes rechines con la representación social tanto en la Administración de los Servicios de Salud del Estado como en ANEP. Habrá que estudiar por qué. Una hipótesis puede ser que en el BPS los representantes sociales ejercen representaciones muy globales, mientras que en ASSE y ANEP representan a gremios específicos, con intereses propios muy nítidos.

Décimo. Coincidente con el problema anterior, surge la concepción de que la educación es un tema que debe ser planificado, dirigido y ejecutado exclusivamente por los docentes del área respectiva, en contraposición a la postura de que es un tema que atañe al conjunto de la sociedad y que quien representa al conjunto de la sociedad es el Estado, a través de los órganos electivos; vulgo: los políticos.

Undécimo. Se exhibe la falencia del Frente Amplio en tener propuestas sólidas en materia educativa, lo que contrasta con la vieja autocreencia de que era el conjunto político que más conocía del tema y contaba con las mejores soluciones.

Cada uno de estos puntos, y otros que quedaron en el tintero, darían para un minucioso análisis. Vaya esto como aperitivo.