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La educación o la política educativa es uno de los grandes temas nacionales. Es sin duda uno de los grandes temas estratégicos de Estado, uno de los problemas de largo plazo y de gran profundidad que preocupa a la gran mayoría de la población. Y sobre el cual comienza a delinearse una polémica, todavía con trazos un poco borrosos.
OAB: Feliz Año Nuevo para todos.
La educación o la política educativa es uno de los grandes temas nacionales. Es sin duda uno de los grandes temas estratégicos de Estado, uno de los problemas de largo plazo y de gran profundidad que preocupa a la gran mayoría de la población. Y sobre el cual comienza a delinearse una polémica, todavía con trazos un poco borrosos.
Para definir las dos concepciones, con trazos gruesos, ya que ambas posturas admiten muchos matices.
De un lado, la concepción tradicional dominante en el Uruguay: la educación es responsabilidad esencial del Estado. Es al Estado al que compete brindar la educación, organizar los institutos educativos, formar los educadores, establecer los programas educativos y financiar la educación. Esa educación oficial, o pública, además, debe ser gratuita y laica. Y en los niveles primario y secundario general, debe ser obligatoria.
La otra concepción tiene un punto de partida diferente: la responsabilidad de la educación es de los padres. Los padres son los responsables de la educación de sus hijos y ellos son los que deben decidir dónde educarlos, es decir, en qué instituciones y con qué programas. En cuanto al financiamiento, las distintas variantes que tiene esta postura tienden a coincidir en que todo o una parte sustancial del costo debe ser financiado por el Estado, por diferentes vías.
Se puede decir que aquí está el meollo de la discusión. Simplificado: de un lado educación brindada por el Estado, financiada por el Estado; complemento: educación privada con financiamiento privado pero controlada por el estado. Del otro lado: educación brindada por las instituciones que elijan los padres, financiada por el Estado. Para simplificar el análisis, llamemosle a una postura pro educación pública y a la otra postura pro educación de libre elección de los padres. Esperemos que se consideren neutrales estos términos.
FV: ¿Puedes profundizar un poco más en esas dos posturas?
OAB: En el concepto pro educación pública se abre un abanico entre un sector dominante que considera que además puede haber una educación privada, pero controlada por el Estado y financiada privadamente. Esto ocurre en el país de toda la vida en la educación escolar y en la liceal; y este sector dominante ahora está de acuerdo en que también puede haber educación terciaria privada. Pero hay un sector ahora minoritario que considera que hay áreas donde la educación privada debe estar limitada, fundamentalmente a nivel universitario.
Pero en la otra área, la partidaria de la educación de libre elección de los padres, hay muchas variantes. Una es que lisa y llanamente el Estado financie las instituciones privadas, laicas y religiosas, como lo acaba de reclamar el arzobispo de Montevideo monseñor Daniel Sturla. Ese financiamiento se puede hacer mediante diversos criterios, uno de los cuales puede ser la cantidad de alumnos de cada institución.
Otra variante es la llamada política de los vauchers. El Estado otorga a todos los alumnos del país unos vales, bonos o vauchers educativos, que corresponden al pago de su escolaridad mes a mes. Esos vauchers son entregados por los alumnos, o por su padres, a las respectivas instituciones educativas para financiar la educación, en todo o en el caso de colegios de alta gama, parte de la educación. Un poco como el caso de los seguros médicos privados, en que el Fondo Nacional de Salud paga lo mismo a cualquier entidad, y en los seguros privados los socios complementan el pago del Fonasa con una cuota privada. Hay quien considera que estos vauchers deben ir siempre a entidades gestionadas privadamente y quien considera que es indistinto que vaya a instituciones públicas o privadas.
Por ejemplo, Pablo Da Silveira, uno de los mayores especialistas en educación del Uruguay, ex vice rector de la Universidad Católica y referente educativo de la candidatura Lacalle Pou, ha sostenida que la educación debe ser financiada y controlada por el Estado y gestionada por entidades privadas.
FV: ¿Y cómo son los lineamientos políticos al respecto?
OAB: La posición dominante en el Frente Amplio es la postura pro educación pública. Pero hay que señalar que no es tan clara la posición de Tabaré Vázquez y de su entorno. En la campaña electoral manejó la idea de los vauchers, en una forma no muy clara. Luego de que se desatara una tormenta, fue reduciendo la idea y la centró en la educación pre escolar. Lo que muchos frenteamplistas creen es que no son muy firmes las convicciones de Vázquez en cuanto a que el financiamiento estatal debe estar dedicado exclusivamente a la educación pública. Pero si eso fuere así, lo que es claro que quedaría en absoluta minoría. Por lo que no parece que se vaya por ese lado en este gobierno. Aunque algunas puertas pueden quedar abiertas.
En el Partido Nacional Larrañaga ha manejado una posición muy fuerte en defensa de la escuela pública, que no fue bien escuchada durante la campaña electoral hacia las internas. Quien recuerde, hubo muchos carteles publicitarios de su candidatura que exhibían niños con túnica y moña, y además u publicitado viaje a Finlandia con la finalidad de tomar y adaptar el modelo educativo del país escandinavo.
Del otro lado, Lacalle Pou manejó una posición no tan clara ni en favor de la educación púbica ni en favor de los vauchers. Más bien cuando estalló la polémica, fue de los que salió a atacar a Vázquez por su idea de los vauchers.
Fuera de los actores partidarios, los sindicatos de la enseñanza son defensores intransigentes del modelo de educación pública y la Iglesia Católica, como quedó claro en el mensaje del arzobispo Sturla, se decanta por la búsqueda del financiamiento estatal a las instituciones privadas y religiosas.
in ninguna duda este tema adquirirá mayores decibeles en este 2015, especialmente si se comienza a analizar entre gobierno y oposición la búsqueda de acuerdos estratégicos de políticas educativas.