De Montevideo, intendencia y poder

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Lo que está en juego en Montevideo es mucho más que quién maneja la Intendencia departamental. Lo que está en juego son resortes de poder ahora mismo y el primer gran ajuste de la competencia política hacia 2019, el primer retoque luego del gran ajuste de las elecciones del pasado 26 de octubre. El escenario de este juego de poder es el Frente Amplio, es hacia dentro del partido gobernante.

Lo que está en juego en Montevideo es mucho más que quién maneja la Intendencia departamental. Lo que está en juego son resortes de poder ahora mismo y el primer gran ajuste de la competencia política hacia 2019, el primer retoque luego del gran ajuste de las elecciones del pasado 26 de octubre. El escenario de este juego de poder es el Frente Amplio, es hacia dentro del partido gobernante.

A esta altura parece fuera de toda duda la continuidad del Frente Amplio a la cabeza del gobierno departamental capitalino, lo que deja como incógnita quién resultará elegido titular de ese gobierno, si Daniel Martínez o Lucía Topolansky. De paso, es la primera vez en las últimas dos décadas que hay incertidumbre, ya que en las cuatro elecciones anteriores se daban dos circunstancias: una similar a la actual, que es el seguro triunfo del Frente Amplio; otra opuesta a la actual y que genera la incógnita: por primera vez en Montevideo el Frente Amplio comparece con pluralidad de candidaturas.

Un primer tema tiene que ver con la arquitectura política de la competencia. Lucía Topolansky representa al mujiquismo o al macro-mujiquismo, especialmente a los espacios 609 y 1001. Pero no solo eso, sino que además su candidatura surge como reacción a lo que desde el mujiquismo se sintió como una minimización o desplazamiento por parte de Tabaré Vázquez en ocasión de conformar el nuevo elenco de gobierno. Es que el sector que cuenta con la mitad de la bancada parlamentaria cuenta con menos de la cuarta parte del gabinete.

Por otra parte, el efecto en especial de la proclamación de Topolansky deriva en que Daniel Martínez quede como representante de la otra ala frenteamplista, la que tiene como referente al presidente de la República. No es que Martínez sea el candidato de Vázquez, ya que su candidatura surgió por su propio impulso y fue el producto de cinco años dedicados a ello. Su exclusión de la candidatura departamental en 2010 ya lo dejó posicionado desde entonces para la carrera de 2015, más aún cuando esa exclusión fue vista por un alto número de montevideanos frenteamplistas como el producto de un acuerdo de cúpula Mujica-Astori. No importa si fue así; lo que importa es que hay mucha gente que lo vio así. Como sea y más allá de Martínez, hoy es visto como el candidato de Vázquez y el contrincante no solo de Topolansky sino también de Mujica. El apoyo de Astori a la candidatura Martínez refuerza pues esa imagen de contraposición.

La competencia Martínez-Topolansky ha quedado como una competencia entre Vázquez y Mujica mediante interpósitas personas. O como la repetición de la competencia Mujica-Astori de junio de 2009. Visto así, desde este ángulo, el resultado del 10 de mayo necesariamente incide en el peso político de los dos grandes líderes frenteamplistas. El 10 de mayo se fortalece Vázquez y se debilita Mujica, o se debilita Vázquez y se fortalece Mujica. No hay empate.

Un segundo tema, estrechamente relacionado con el anterior, es si la Intendencia de Montevideo aparece como una prolongación del poder de Vázquez, o por el contrario aparece como el contrapoder a Vázquez. El contrapoder más nítido es cuando el titular del gobierno departamental pertenece al principal partido opositor en lo nacional, como ocurrió con Vázquez en relación al Partido Nacional, o con Arana en relación al Partido Colorado, o anteriormente al Concejo Departamental de mayoría colorada en oposición al Consejo Nacional de Gobierno de mayoría nacionalista (1963-67).

Pero también hay un contrapoder interno, cuando el gobierno montevideano está en las manos de una fracción del mismo partido pero opuesta al titular del gobierno nacional. De esto último hay un único antecedentes en los últimos tres cuartos de siglo: cuando en 1959-63, el gobierno de Montevideo estuvo en las manos de la nacionalista Unión Blanca Democrática y el gobierno nacional en las del nacionalista Herrero-Ruralismo. Ahora podría ocurrir lo mismo de ganar Lucía Topolansky. Es decir, el peso político de la Intendencia es diferente si su titular es de la misma corriente que el presidente de la República y es de mayor peso cuando es de la fracción opositora. O a la inversa, para el presidente de la República le es más cómodo y fluido tener un intendente montevideano de su corriente que a uno de la vereda de enfrente, de la misma calle, pero de la otra vereda.

Un tercer tema ya va ligado al peso político y personal, y al futuro político de los dos candidatos. Daniel Martínez se juega mucho en esta instancia. Si gana, no solo se le abre la posibilidad de hasta diez años consecutivos al frente de un cargo de ese nivel, sino que pone su nombre en la danza de figuras presidenciables hacia la muy probable renovación generacional que se produzca en el Frente Amplio a lo largo de este lustro. Si pierde, baja su peso político y se reduce sustancialmente su presidencialidad.

Lucía Topolansky es hoy una figura de singular peso político en el Senado, segunda figura de la lista por lejos más votada del oficialismo y segunda persona en el orden de sucesión presidencial. Si gana, deja esto por el contrapoder del gobierno departamental capitalino. Pero si pierde, su figura queda averiada: no cambian los roles institucionales, pero sí el peso político. Y queda debilitada su potencial presidencialidad hacia 2019. Obviamente la competencia presidencial hacia 2019 en el partido oficialista no queda reducida al juego de estos dos nombres ni centrada en estos dos nombres.

Hay pues varios juegos de poder y varias expectativas de poder. A diferencia de lo que ocurra con las otras dieciocho intendencias, el resultado de Montevideo producirá efectos inmediatos en el poder del oficialismo a nivel nacional.