La crisis institucional del Mercosur, entre lo político y lo jurídico

Oscar A. Bottinelli – Diálogo con Fernando Vilar

Radiocero y Radio Monte Carlo

OAB: Como se sabe, el Mercosur está en la crisis institucional más grave de su cuarto de siglo de existencia. Uruguay culminó su presidencia semestral. El traspaso correspondía hacerlo a Venezuela, lo que fue obstaculizado esencialmente por Brasil y Paraguay, a lo que a la postre también contribuyó Argentina. Y ahora se está en un limbo, donde Venezuela oficialmente es quien preside, Uruguay reconoce la Presidencia de Venezuela y los otros tres países no la reconocen. Corresponde acarar que la presidencia del Mercosur es rotativa entre sus países miembros, por orden alfabético, y que cada uno la ejerce por seis meses. Los opositores a la Presidencia de Venezuela argumentan que en Venezuela se interrumpió el proceso democrático y que la interrupción del proceso democrático implica su suspensión como miembro del Mercosur.

Uruguay argumenta dos cosas: que la suspensión de un miembro no es automática, sino que requiere una decisión formal del Mercosur, que no ocurrió, y que mientras un miembro no es suspendido, la trasmisión de la presidencia es automática. Dejemos para después el tema si ha habido o no interrupción institucional. Lo que el gobierno uruguayo sostiene es que lo jurídico está por encima de lo político, de la valoración política, y que hay que apegarse estrictamente a los tratados y reglamentos del Mercosur. Y allí no hay una sola línea que habilite a Uruguay a continuar en la Presidencia por más de un semestre, ni tampoco que habilita a saltearse a Venezuela. El orden alfabético es claro y duro, y después de Uruguay viene Venezuela, y después se empieza por el principio, se vuelve a la A, y corresponde a Argentina.

La pregunta que ha hecho Uruguay a los países cuestionadores, a Argentina, Brasil y Paraguay, es que digan en qué artículo, en qué párrafo, en que reglamento, está la disposición que permite a un país quedarse más tiempo en la Presidencia, o traspasarla y saltearse al que sigue en orden alfabético.

Argentina, Brasil y Paraguay contestan con argumentos políticos y no jurídicos

FV: Aquí surge la famosa oposición entre lo jurídico y lo político.

OAB: Exacto. Muchos recordarán un episodio cuando se suspendió a Paraguay como miembro pleno, a raíz de la destitución en jet del presidente Lugo, y acto seguido se admitió como miembro pleno a Venezuela, que venía siendo vetado por Paraguay.

Y allí el entonces presidente Mujica pronunció una sonora frase: “Lo político está por encima de lo jurídico”. Recibió una andanada de ruidosas críticas desde la oposición, a lo que se sumaron asordinadas pero categóricas críticas desde el oficialismo. La tesis uruguaya, su tradición histórica es lo contrario: lo jurídico está por encima de lo político. Uruguay es un país que como país apuesta al derecho, pero además la sociedad uruguaya es una sociedad que apuesta al derecho.

Los argentinos en general tienden a creer más en la fuerza, o en la habilidad, o en la astucia, que en el derecho. Y eso pasa también en el nivel oficial.

Lo curioso ahora, es que una parte importante de la oposición uruguaya -no toda, pero una parte importante- ha cuestionado al actual gobierno por hacer lo opuesto que Mujica. La oposición cuestionó que el gobierno haya desconocido lo político. Repito, no toda la oposición, parte de la oposición.

Y aquí viene algo muy importante. Uno de los problemas más complicados de la relación de los individuos con el derecho. Lo difícil es entender que si alguien tiene el derecho de su parte, no importa si es un ser repelente, inmoral o mentiroso. Lo que importa es si tiene derecho o no tiene derecho. Y el derecho es lo único que decide.

FV: ¿Eso pasa mucho con los políticos?

OAB: Es habitual que se juzguen las cosas no de acuerdo a si están bien o mal jurídicamente, sino si el beneficiado o el perjudicado es de las mismas ideas de uno o es alguien al que uno le tenga simpatía.

Pasó con la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, donde lo que predominó fue el rechazo a su persona. Rechazo en algunos cosas por lo personal, porque aparecieron conductas de su vida muy cuestionables. Rechazo en otros por lo que representaba políticamente. Y muchos, aquí y en otros lados, se saltearon algo fundamental: si se cumplió un debido proceso para su destitución, con todas las garantías, o fue separado del cargo sin verdadero proceso y sin garantías, lo que constituye una forma de golpe de Estado.

Lo mismo está pasando con Brasil. Hay conductas inadecuadas de integrantes del gobierno del Partido de los Trabajadores, o del entorno presidencial, fuera de toda duda. El tema es si hayun proceso correcto de destitución, si hay una articulación clara de cargos por la comisión de delitos especialmente graves cometidos por la propia presidente. Eso es lo imprescindible para destituir a un presidente.

Es muy importante analizar estos episodios, los del Mercosur, los de Venezuela, los de Brasil, para diferenciar lo que tiene que ver con los gustos y simpatías de cada uno, con lo que es la aplicación estricta del derecho. Y es muy importante en el caso uruguayo, que por tradición apuesta al derecho, pero además hasta por necesidad como país chico debe aferrarse al derecho.