El FA, el partido y el gobierno

Oscar A. Bottinelli¹

El Observador

La tesis originaria del Frente Amplio fue la de que el partido manda a sus representantes […] Arribado el Frente Amplio a su primer escalón de gobierno (Departamental de Montevideo, 1990), inicialmente no varió la teoría, en tanto al menos en el plano estrictamente formal, que no en el real […] A partir de allí por vía de los hechos el intendente se desligó no solo del mandato sino de la consulta a la Mesa Política […] Algunos dirigentes, en la misma dirección, teorizaron que el partido podía mandatar a los parlamentarios pero no al gobernante ejecutivo

Si la relación entre el partido oficialista y el gobierno² es difícil de resolver en las democracias de partidos, más aún lo es -como en el caso de Uruguay- cuando se combina la existencia de una figura titular del Poder Ejecutivo de características mayestáticas (pese a que el régimen no es presidencialista sino semipresidencial) con la prohibición de que ese presidente de la República presida o siquiera integre los órganos de conducción partidarios. Entonces, la disociación gobierno-partido tiene un elemento adicional de rechine, a los elementos intrínsecos del problema. No lo ha sabido resolver el Partido Colorado (en 40 años) ni el Partido Nacional (en 5) ni el Frente Amplio (en 11). En cambio sí fue resuelto en los años de Poder Ejecutivo no mayestático (Partido Colorado, 24, Partido Nacional, 8)³.

La tesis originaria del Frente Amplio fue la de que el partido manda a sus representantes, coherente con sus distintos orígenes de impronta socialdemócrata, socialista, socialcristiana y marxista, es decir, con las bases de teoría de arquitectura de partidos surgida en el último tercio del siglo XIX y el despuntar del siglo XX. Tanto fue así, que todas las decisiones de las autoridades del Frente Amplio eran de cumplimiento necesario, excepto que se pusiese en marcha el mecanismo del veto, que jamás se aplicó. Tras la reforma estatutaria de 1986 se invirtió el mecanismo: las decisiones para ser de cumplimiento necesario requerían el mandato imperativo, el cual se aplicó tan solo en una oportunidad antes de llegarse al gobierno. Esa concepción de la autoridad partidaria mandatando a los representantes coadyuvó a la ruptura de 1989. Si bien no fue una causa principal, sí fue un argumento que contribuyó a la argumentación de la ruptura protagonizada por el Partido por el Gobierno del Pueblo (La “lista 99”) y por el Partido Demócrata Cristiano (que argumentaron sentir una especie de asfixia al no poder manifestarse por su propia cuenta y riesgo).

Arribado el Frente Amplio a su primer escalón de gobierno (Departamental de Montevideo, 1990), inicialmente no varió la teoría, en tanto al menos en el plano estrictamente formal, que no en el real (Tabaré Vázquez sometió solamente la primera vez a la decisión de la Mesa Política la composición de su gabinete de gobierno. A partir de allí por vía de los hechos el intendente se desligó no solo del mandato sino de la consulta a la Mesa Política. Algunos dirigentes, en la misma dirección, teorizaron que el partido podía mandatar a los parlamentarios (ediles, en este caso) pero no al gobernante ejecutivo. La tesis quedó confirmada en la realidad y aplicada sin excepciones de allí en adelante.

Al llegarse al gobierno nacional este quiebre del principio originario quedó explicitado, cuando en diciembre de 2003 todas las corrientes relevantes del Frente Amplio otorgaron un cheque en blanco a Tabaré Vázquez: para designar y remover ministros, subsecretarios, directores, para votar las leyes que fuesen de su propia iniciativa y su propio interés. Siguió la disociación entre un partido político que mandata a los parlamentarios y un partido que deja plena libertad en sus decisiones al presidente de la República, a los ministros y a los directores de la administración autónoma. El mandato a los parlamentarios llegó incluso a la aplicación en forma imperativa, como en el caso de la Ley Anulatoria de la Ley de Caducidad (mandato no obedecido por el diputado Víctor Semproni, que hizo naufragar la aprobación de la norma). La disociación llegó al culmen en noviembre de 2008, cuando el presidente Tabaré Vázquez vetó una ley impulsada y votada en forma casi exclusiva por los legisladores frenteamplistas (despenalización del aborto).

En la primera administración Vázquez la disociación partido-gobierno fue en general resuelta al eludir la autoridad partidaria ocuparse de los temas de gobierno e inclusive de buena parte de los temas legislativos. La estructura del Frente funcionó como aparato militante y posteriormente electoral, pero las decisiones políticas quedaron en la bancadas parlamentarias y en un Consejo de Ministros que hasta la mitad del periodo, tuvo en su seno la presencia de casi todos los líderes fraccionales (todos menos el del Nuevo Espacio, Rafael Michelini). En general la estructura funcionó en la toma de decisiones políticas en los casos en que sintió la necesidad de presionar a la bancada parlamentaria, especialmente a sectores minoritarios de la bancada parlamentaria.

El Frente Amplio acaba de renovar sus autoridades formales, que asumen el 3 de setiembre, Y el debate que no se hizo, el debate pendiente, es para qué existe esta autoridad, cuál es su cometido. Cuál es el ámbito de decisión del partido político, de la fuerza política como gusta decir a la dirigencia frenteamplista. Hay muchos roles posibles: maquinaria electoral, organizadora de militancia y participación, centro de discusión estratégica, centro de debate ideológico (en el sentido profundo y exacto del término), centro de estudios programáticos, autoridad política sobre los parlamentarios, autoridad política sobre el gobierno. Cuál de estos roles asume y cuáles no es un tema crucial para calibrar la importancia alta o baja de la autoridad frenteamplista. Y las decisiones pueden tomarse en forma expresa o surgir meramente por la praxis, por lo que se hace y por lo que se deja de hacer.

A ello cabe agregar que ninguno de los líderes de grandes corrientes se sienta en la Mesa Política, pero sí se sientan en el Consejo de Ministros (Presidencia de la República incluida) o en la bancada parlamentaria.

1 Catedrático de Sistema Electoral de la Universidad de la República (Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencia Política)

2 Última nota de una serie de tres sobre la relación entre el partido oficialista y el gobierno. Ver, El partido oficialista y el gobierno (dedicada al Partido Colorado ) y Oficialismo y gobierno en los blancos, El Observador.

3 La centuria se completa con 12 años de gobierno de impronta militar.