05 Set. 2020

La astucia, el ahorro y el voto

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Si se habla a nivel de Estado, la astucia es exhibir un monto de ahorros asibles por cualquier ciudadano común, como contrapartida de despilfarro también medido en magnitud doméstica […] Pero sin caer en el ridículo, porque eso también lo perciben los ciudadanos. Cuando lo que se pretende ahorrar no está en consonancia con los efectos que se producen, la astucia deja de ser astucia, la piel deja de revestir las reales intenciones y aparece a ojos vista lo que se quiso ocultar.

La búsqueda del ahorro puede ser la piel que oculta otras razones.

El gran maestro florentino Niccolò dei Machiavelli aconsejaba al Príncipe emplear la astucia del zorro; sugería revestir las verdaderas intenciones, si no son muy de recibo, con la piel de causas nobles. Angela Merkel –antes del giro copernicano de este año en que abrazó el neo keynesianismo- en las sucesivas crisis de 2008 y 2011 proclamó la “austerity”, palabra noble que camufló lo que en realidad se conoce por ajuste: baja de salarios y jubilaciones, desempleo, caída de las prestaciones sociales, baja del nivel de vida.

Ahora se invoca el ahorro, sagrada palabra que las buenas madres y los buenos padres de familia inculcaban a sus hijos antes de la explosión del consumismo. Y si se habla a nivel de Estado, la astucia es exhibir un monto de ahorros asibles por cualquier ciudadano común, como contrapartida de despilfarro también medido en magnitud doméstica. Pero sin caer en el ridículo, porque eso también lo perciben los ciudadanos. Cuando lo que se pretende ahorrar no está en consonancia con los efectos que se producen, la astucia deja de ser astucia, la piel deja de revestir las reales intenciones y aparece a ojos vista lo que se quiso ocultar. Una cosa es ser astuto y otra subvalorar la inteligencia de la gente.

Todo lo anterior viene referido al próximo referendum constitucional italiano del 20 de setiembre, precisamente el día del sesquicentenario de la anexión de Roma al Estado de Italia y consecuentemente el fin de los Estados Pontificios. Ese 20 y el siguiente 21 se somete a referendum una reforma constitucional que reduce el número de parlamentarios: baja el número de senadores de 315 a 200 y el de diputados de 630 a 400. Aunque a contrapelo –falta de astucia- continúan en el Senado seis miembros elegidos por nadie: una herencia monárquica por la cual los ex jefes de Estado y cinco ciudadanos designados por el Jefe de Estado devienen titulares de la cámara alta, sin investir representación popular, pero con voz y voto. No son objeto del recorte, por lo que al reducirse el número de los electivos aumenta proporcionalmente el peso de los no electivos (importante desviación de la proporcionalidad y de la representación).

La razón exhibida para esta reforma es la reducción del costo político, fundamentado en el bajo prestigio que la actividad política y los elencos políticos tienen en Italia, como en muy buena parte del mundo (estas latitudes incluidas). L’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Catolica del Sacro Cuore estima que el ahorro obtenible equivale al 0,007% del gasto público (es decir, 70 euros anuales por cada millón de euros). Como señala el estudio de este observatorio, cualquier corte de gastos de los parlamentarios en viáticos, transporte, prensa, secretaría u otros, genera un ahorro igual o superior.

La contracara de la virtud del ahorro es que se aumenta en más de una vez y media el número de votos requerido para la obtención de una banca en una u otra cámara, con lo cual se incrementa la barrera de acceso de los partidos menores al Parlamento. Además, reduce la representación de los ciudadanos residentes en el exterior, especialmente en América del Sur y Europa; disminución que afecta la pluralidad política de la representación.

Para calibrar el efecto política del objeto del referendum, conviene ver como ejemplo el impacto que una reforma de tal naturaleza tendría sobre el sistema político uruguayo. Una reducción del número de parlamentarios de igual magnitud llevaría a que el Senado de los actuales 30 elegidos directamente pasase a 19 y que la cámara baja pasase de los 99 diputados actuales a 63. Ello determinaría que el cociente para elegir un senador (de acuerdo a las cifras de la elección de octubre de 2019) se elevaría a 123.420 votos y el cociente para un diputado, a 37.222 votos.

Por consiguiente, en la Cámara de Representantes ese aumento de la barrera de entrada dejaría fuera de la misma al Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), al Partido de la Gente y al Partido Independiente. En cuanto a los cuatro grandes partidos, el Frente Amplio bajaría de 42 a 28 diputados; el Partido Nacional, de 30 a 20; el Partido Colorado, de 13 a 8; y Cabildo Abierto de 11 a 7. Todo ello sin entrar a calibrar las pérdidas al interior de cada uno de los lemas y evaluar la afectación de sus diversas corrientes.

En la Cámara de Senadores (con 19 miembros en lugar de los actuales 30) produciría a nivel de lemas lo siguientes efectos: FA pasaría de 13 a 9 senadores; PN, de 10 a 6; PC, de 4 a 2 y Cabildo, de 3 a 2. Como es obvio, la baja del total de componentes establece una mayor desproporcionalidad entre los partidos.

A nivel interno de cada partido en el Senado, la afectación sería la siguiente:

Frente Amplio. MPP pasaría de 5 a 3, la 1001 mantendría los 2 actuales, Bergara bajaría de 2 a 1, la Vertiente también bajaría de 2 a 1 y conservarían la única banca tanto Astori como los socialistas.

Partido Nacional. Aire Fresco (“la 404”) pasaría de 3 a 2; Herrerismo-Mejor País (“la 71”), de 3 a 1; Alianza Nacional de 2 a 1; mientras conservarían su única banca tanto Sartori como la “Lista 40”.

Partido Colorado, tanto Ciudadanos como Batllistas quedarían con una banca cada uno, en lugar de las dos con que cuenta cada uno actualmente.

Hoy en Uruguay no hay ningún planteo de esta naturaleza, por lo que el estudio vale en tanto forma de comparar y explicitar los efectos en otras latitudes de un recorte de esta magnitud. Pero hace tiempo hubo planteos de reducción del número de legisladores, impulsado desde sectores empresariales, y basado en el ahorro de los dineros públicos. Como de algún polo del planeta llega un viento en pos del ahorro y contra el despilfarro, conviene estar atentos a que se midan los efectos institucionales de esos ahorros, no solo los potenciales efectos electorales.