Lo difícil es no pestañar

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Dicen en campaña, los buenos jugadores de cartas, que es muy fácil hacer una apuesta fuerte. Eso lo hace cualquiera. Lo difícil, lo realmente difícil, lo que sólo pueden hacer unos pocos, es aguantarla, sostener la apuesta sin pestañear. Con mucha rapidez la izquierda planteó el desafío sobre ANTEL, ANCEL, los monopolios y las transmisiones de datos, los artículos 612 y 613 del Presupuesto Nacional. Insinuado cuando la aprobación de esas disposiciones, realmente quedó planteado luego del 18 de febrero.

Dicen en campaña, los buenos jugadores de cartas, que es muy fácil hacer una apuesta fuerte. Eso lo hace cualquiera. Lo difícil, lo realmente difícil, lo que sólo pueden hacer unos pocos, es aguantarla, sostener la apuesta sin pestañear. Con mucha rapidez la izquierda planteó el desafío sobre ANTEL, ANCEL, los monopolios y las transmisiones de datos, los artículos 612 y 613 del Presupuesto Nacional. Insinuado cuando la aprobación de esas disposiciones, realmente quedó planteado luego del 18 de febrero.

Es que ese día esa misma izquierda convocó en las condiciones más adversas a un número de ciudadanos equivalentes al 21% del Registro Cívico Nacional, apenas cuatro puntos porcentuales menos de la barrera constitucional, para realizar el referendo. En febrero, con calor tropical y sol rajante, en pleno verano, a pocos días de la Semana de Carnaval, sobre temas al menos harto confusos y a lo más de importancia para muy poca gente. El razonamiento de todos, en primer lugar del presidente de la República, fue muy sencillo: si eso ocurrió en esas circunstancias, en primavera y por ANTEL, el 25% no es ningún obstáculo. Porque es absolutamente claro, y ahí están las encuestas para certificarlo, que ANTEL se ha transformado en la joya de la abuela de los uruguayos, el símbolo del Estado benefactor, y además eficiente (al menos según la óptica de los habitantes de esta tierra). Tampoco hay discrepancias entre políticos y analistas en que el escollo más difícil para todo impugnador referendario es la etapa previa, el alcanzar la convocatoria a un acto de tipo plebiscitario. La siguiente etapa, la votación binaria por SI y por NO, con voto obligatorio, pasa a ser el escenario más fácil para la contestación y más difícil para el oficialismo. Con este diagnóstico, la izquierda se situó en la posición más favorable para negociar. Desde una postura de fuerza, en la ofensiva, desde donde estaba en condiciones de dictar condiciones. Quien se encontraba en la defensiva era el gobierno.

La nueva reglamentación del recurso de referendo contra las leyes, la Ley 17.244, estableció dos caminos para llegar al acto de votación. Uno, el mismo creado en 1989 que instituyó ese original mecanismo de los prerreferendos. Otro, el retorno al mecanismo de la recolección de firmas durante un año, con la variante de que a la firma se le anexa la impresión digital. Para el primer camino se requieren unas 48.000 firmas recolectadas en los cinco meses siguientes a la promulgación de la ley (en este caso, antes del 21 de julio de este año); para el segundo caso, unas 600 mil firmas (más impresión digital) juntadas y presentadas dentro del año (hasta el 21 de febrero del año que viene).

La crítica más grande que se hizo contra la ley de 1989, de parte de los contrarios al ejercicio fácil de la democracia directa, fue que trasladó la carga del recurso. Con el viejo sistema todo el costo organizativo, material y financiero corría por cuenta de los impulsores de un referendo: dinero, publicidad, militancia, organización, movilizaciones. Con el siguiente sistema, a un esfuerzo mínimo de juntar unos pocos miles de firmas se trasladaba al Estado el costo millonario de organizar un acto de votación nacional, con sobres, hojas de votación, cuadernetas y no menos de tres mil circuitos. El esfuerzo de convocar a concurrir, de publicidad, es mucho menor que el de juntar una por una unos seis centenares de miles de firmas.

Lo que el novísimo sistema sí estableció fue el riesgo del fracaso de la primera y única convocatoria, sin segunda vuelta. Pero por otro lado abrió como segunda vuelta esa azarosa recolección de firmas. Porque uno y otro mecanismo, el buscar el prerreferendo o el juntar 600 mil firmas, no son opuestos, sino complementarios.

Y aquí viene la decisión extraña del Encuentro Progresista-Frente Amplio. Cuando todo indicaba las mayores posibilidades de éxito en un prerreferendo relacionado con ANTEL, realizado en primavera, y en el peor momento económico y social para el gobierno, la dirección política lo deja de lado. Opta por el difícil y esforzado camino de salir a recolectar esos centenares de miles de firmas. Sin duda la izquierda hoy logra la adhesión del doble de personas que en 1987, pero no se acerca ni en la imaginación más febril a la capacidad movilizatoria de entonces. Ese año, en un solo fin de semana, la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Caducidad, el Frente Amplio y el PIT-CNT pusieron en la calle a 10 mil personas a juntar firmas. Hoy eso es inimaginable. El operativo propuesto requiere una maquinaria de envergadura, con una organización probada y aceitada, estimulada permanentemente con propaganda. Un operativo de estas características requiere que la conducción política esté día tras día hablando de este tema, planteándolo como el eje central del país. Lo curioso es que la eventualidad de un fracaso de un prerreferendo no cancelaba el proyecto; para empezar ese mismo día podía operar simultáneamente como movilización para la recolección de firmas (e impresiones digitales) como opción alternativa.

Como MacArthur en la guerra de Corea, parece que la conducción frenteamplista se regodeó en incrementar sus propias dificultades, en crear sus propias trampas. La única razón para ello estaría en un diagnóstico excesivamente optimista, quizás soberbio, de al éxito considerado fácil de reunir 600 mil firmas, unir el paralizar toda inversión por el plazo de dos años. Pero la recolección de firmas al día de hoy es poco alentadora y que se sepa no se ha optado por un intento in extremis de cambiar el sendero y apelar al prerreferendo, cuando quedan 34 días para el vencimiento de este plazo. Tampoco se ve a la dirigencia frenteamplista en una estrategia de instalar el tema como pieza central del debate público. La consecuencia es que tanto el gobierno como los inversores sienten que ha cambiado la temperatura, que se esfuma el peligro. Un Frente Amplio que da señales de no tener fuerzas para ejercer el bloqueo desde los institutos de democracia directa, pierde a la vez capacidad de negociación. Nadie pierde en la mesa de negociación lo que no se le puede arrebatar en la contienda. Lo más grave para la izquierda es que si pierde esta partida, sobre la reforma del Estado de más fácil convocatoria para la opinión pública, como es ANTEL, pierde entonces la capacidad de bloqueo en temas más confusos, más polémicos, menos paradigmáticos. No quiere decir que sea una pérdida definitiva, pero para volver a tener capacidad de bloqueo se requiere de una demostración fáctica de poder, en otras palabras, la capacidad existirá no ante la amenaza de recurrir al mecanismo del referendo, sino con la concreción de la convocatoria.

Sin duda quedan ocho meses por delante, pero la izquierda no revertirá la situación por el solo transcurso del tiempo, sin poner toda la carne en el asador. Si no la revierte tendrá en lo inmediato la pérdida de la capacidad de bloqueo, pero además hacia delante una derrota real, mayor y diferente a los otros fracasos prerreferendarios. Además podría crear desilusión (aunque no pérdida de votos) en sectores importantes que se identifican con las posturas estatistas del Frente Amplio.