La batalla decisiva

Oscar A. Bottinelli

El Observador

En los próximos 80 días culminará la batalla decisiva, no la de Kabul sino la de ANTEL, y en sentido más genérico, la relativa al papel de las empresas estatales. El 21 de febrero habrá o no las más de 600 mil firmas necesarias para la realización de un referéndum, objetivo éste que hoy parece muy difícil. Pero si se alcanza ese número, habrá referéndum y se invierte la ecuación: en una votación las mayores probabilidades están en contra de las normas cuestionadas.

En los próximos 80 días culminará la batalla decisiva, no la de Kabul sino la de ANTEL, y en sentido más genérico, la relativa al papel de las empresas estatales. El 21 de febrero habrá o no las más de 600 mil firmas necesarias para la realización de un referéndum, objetivo éste que hoy parece muy difícil. Pero si se alcanza ese número, habrá referéndum y se invierte la ecuación: en una votación las mayores probabilidades están en contra de las normas cuestionadas. Lo que está en juego ahora es que el monopolio de ANTEL subsista sólo en materia de telefonía básica nacional y que su telefonía celular se opere desde una empresa estatal de derecho privado (Ancel SA), con posibilidades de participación privada hasta el 40% del capital. Si hay referéndum y triunfa la derogación, supondrá el bloqueo de toda nueva reforma de las empresas públicas; si no hay referéndum, el gobierno tiene por delante una autopista, con o sin amenaza de lluvia de plebiscitos.

Hasta ahora la batalla ha sido confusa. El EP-FA ha desarrollado un juego que lo ha alejado del objetivo declarado de buscar la derogación de dichas normas. No puso el tema a nivel de campaña electoral, dispersó su comunicación en temáticas variadas y eligió el camino más accidentado, el de la recolección de más de 600 mil firmas, que requiere de dos cosas de las que hoy la izquierda carece: un formidable aparato movilizatorio e importantes recursos económicos. De paso desechó el camino más fácil: convocar a un pre-referéndum, el que de haberse realizado en setiembre, en un óptimo momento para la oposición y pésimo para el gobierno, tenía todas las posibilidades de éxito, ya que bastaba lograr la concurrencia a las urnas de unas 100 mil personas más que en el caluroso febrero y por temas confusos y de menor impacto. La conducta de la dirigencia frenteamplista arroja varias preguntas: ¿por qué se eligió este camino difícil, casi imposible, y se desechó el viable? ¿Por qué las marchas y contramarchas en poner el tema en el primer lugar de la discusión pública?

Existen varias explicaciones. Una tiene que ver con apostar a que un largo año de recolección de firmas paralizase la captación de inversiones extranjeras y la promoción de otras iniciativas privatizadoras. Otra, apostar a una salida negociada con el gobierno. Ambas sobrevaloraron la capacidad movilizatoria y olvidaron que tanto una parálisis como una negociación requieren la exhibición de fuerza; cuanto menos fuerza se exhiba hay menos capacidad de bloqueo y de negociación. Como telón de fondo operaron los juegos de poder entre sectores de la izquierda, que se expresan en el conflicto entre actores sindicales y actores políticos. Hay quien esboza una tesis completamente distinta y cree que más que desprolijidad hubo tiros por elevación, a partir de la convicción en el triunfo frenteamplista: dejar que las empresas estatales se reformen ahora y tener despejado el camino en la etapa de gobierno.

Del lado oficialista se partió de una postura algo desafiante, cuando el presidente Batlle proclamó el no cuestionamiento del monopolio de la telefonía básica, en razón de que "no sirve para nada". Con lo cual perdió una prenda de negociación: nadie valora como ganancia lo que el otro cede porque no le interesa. En cambio jugó astutamente el recorte en gastos de publicidad: planteado como un sensato corte del despilfarro, permitió apostar a la baja de la imagen pública de las empresas estatales. Como es obvio ninguna empresa privada gasta fortunas en campañas institucionales por mero afán filantrópico, sino por la profunda convicción de que son necesarias para su posicionamiento institucional; a contrario sensu, eliminar las campañas institucionales puede ayudar al desposicionamiento público. Luego el gobierno no hizo ninguna movida irritativa hacia la opinión pública; más aún, buscó desarticular la acusación de privatizar Ancel al dar su apoyo a la iniciativa Michelini, que obliga a una nueva ley para autorizar la presencia de capital privado en Ancel SA. El error que podría cometer el gobierno es apresurarse a desatar ahora algún llamado que afecte económicamente a ANTEL, como por ejemplo la desmonopolización de las comunicaciones internacionales, lo que podría ser un reactivador de la campaña de firmas.