El costo de la política

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Uruguay hace muchas décadas que en forma ininterrumpida viene haciendo su ajuste fiscal periódico. Desde la restauración institucional pareció que los mismos iban a ser quinquenales, para mayor exactitud en el mes de marzo cada cinco años; ahora han pasado a la categoría de anuales. Y con cada ajuste fiscal surge el tema del costo de la política, o del costo del funcionamiento de las instituciones de un régimen democrático representativo.

Uruguay hace muchas décadas que en forma ininterrumpida viene haciendo su ajuste fiscal periódico. Desde la restauración institucional pareció que los mismos iban a ser quinquenales, para mayor exactitud en el mes de marzo cada cinco años; ahora han pasado a la categoría de anuales. Y con cada ajuste fiscal surge el tema del costo de la política, o del costo del funcionamiento de las instituciones de un régimen democrático representativo. Sin duda hay una proporción que puede considerarse atendible entre la economía de un país y el costo de su funcionamiento político; las diferencias de concepción pueden estar entre ubicar ese costo en lo máximo posible de una banda o ubicarlo en el mínimo. Más o menos eso ocurre con casi todos los temas. Lo que puede considerarse una discusión lógica es cuando se analiza exclusivamente el tema del gasto, es decir, cómo abatir un costo que para un momento determinado puede resultar excesivo.

Sin embargo, cada vez que se discute el costo político aparecen temas laterales como propuestas de solución a la baja de ese costo político. Una de las ideas recurrentes es la reducción del número de bancas parlamentarias. Y luego surgen otras como el carácter honorario de los representantes, la reducción del número de departamentos, la unipersonalidad en la conducción de las empresas públicas.

Por lo que se ha podido leer y escuchar, la reducción del número de parlamentarios parte del supuesto que hay una relación directa entre dicha cantidad de representantes y el costo parlamen- tario, de donde, la única reducción viable del costo es bajar la cantidad de bancas. Y aquí surge una clara inconsistencia de la premisa, sin necesidad de buscar ejemplos en otras tierras. En el propio Uruguay el costo del funcionamiento parlamentario ha variado sensiblemente, mientras se ha mantenido invariado el número de parlamentarios (son 130 desde 1934). Lo que han cambiado son muchas cosas. Los senadores y diputados carecieron en general de secretarios personales hasta mediados de los años sesenta; las funciones secretariales fueron ejercidas por los secretarios de bancada, el total de las cuales era de once en la Cámara de Representantes en la Legislatura 1963-67. Tanto las partidas para gastos de secretaría personal de los diputados como los pases en comisión pasaron a ser algo masivo en la segunda mitad de la década de 1960. El promedio de pases en comisión estaba muy poco por encima de un funcionario por legislador y en la actualidad, tras el recorte habido a fines del año pasado, es de cinco. La compra de diarios para cada legislador es un gasto moderno, posterior a la restauración institucional, como obviamente lo es el uso de celulares. Si está bien o mal que los representantes tengan uno o siete secretarios, si deben o no recibir una partida para comprar toda la prensa, si debe o no proporcionárseles celulares, es una discusión interesante, donde está en juego por un lado la importancia que se le concede a la función y por otra el costo que eso significa para las financias públicas. Cabe una gama muy amplia de posturas, dentro de una discusión que transcurre por parámetros lógicos.

Pero el número de representantes va por otro lado. Tiene que ver con el grado de representatividad que se considere conveniente para un país, sobre la amplitud o restricción de la representación de opciones y sub-opciones políticas. Es más lógico discutir el tema a la luz de la proporcionalidad o la gobernabilidad, que a la luz del costo. Porque el número de bancas en sí mismo es un tema de bajo costo.

También es un tema ajeno a las finanzas del Estado si los parlamentarios deben ser remunerados u honorarios; el tema se relaciona con el tipo de sistema político que se quiere, sobre si se concibe la función política como una labor profesional y de tiempo completo o como una actividad para el tiempo libre. Si las empresas del Estado deben ser dirigidas por un único jerarca o tener un Directorio, tampoco es un tema de costos, sino tiene que ver con el grado de concentración o desconcentración del poder.

Sobre cada uno de los temas aquí anotados cabe una profunda discusión, y como siempre el más variado abanico de puntos de vista. Lo que importa es que esos temas se debatan en sí mismo y no con relación a un tema de contención del gasto, porque casi no tiene que ver.