Un nuevo cronograma electoral

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Los países con vida política asentada cuentan con ordenamientos constitucionales de larga duración, donde las reformas adquieren el carácter de excepción. Claro que la mutabilidad o inmutabilidad depende de la propia estructura de la Constitución. En un extremo se encuentra la de los Estados Unidos, cuya vaguedad hace que el cuerpo madre jamás se modifique, aunque esa perennidad oculta un sinnúmero de añadidos, las “enmiendas”.

Los países con vida política asentada cuentan con ordenamientos constitucionales de larga duración, donde las reformas adquieren el carácter de excepción. Claro que la mutabilidad o inmutabilidad depende de la propia estructura de la Constitución. En un extremo se encuentra la de los Estados Unidos, cuya vaguedad hace que el cuerpo madre jamás se modifique, aunque esa perennidad oculta un sinnúmero de añadidos, las “enmiendas”. En el otro extremo puede esta República Oriental, donde la minuciosidad y preciosismo se expresan en artículos como el 162 y 163, relativos al Consejo de Ministros. El primero dispone que “El Consejo celebrará sesión con la concurrencia de la mayoría absoluta de sus miembros y se estará a lo que se resuelva por mayoría absoluta de votos de miembros presentes” y el artículo siguiente dispone que “En cualquier momento y por igual mayoría se podrá poner término a una deliberación. La moción que se haga con ese fin no será discutida”. Como bien puede observarse, en Uruguay una moción de orden para cerrar el debate es de rango constitucional; si alguien considera que la discusión debería cerrarse por mayoría calificada, bueno, se requiere como mínimo un plebiscito, voto obligatorio incluido, o quizás más aún, la elección de una Convención Nacional Constituyente de 260 miembros más el posterior plebiscito.

Esa obsesión filigranática llevó a los constitucionalistas de 1996 a establecer un cronograma preciso e invariable: el sacrosanto último domingo en abril para las elecciones preliminares, en el siguiente octubre para las elecciones parlamentarias y presidenciales y en el de noviembre para la definición por balotaje. Y como novedad removedora, no el último sino el segundo domingo de mayo para las elecciones municipales, fecha sin duda pensada para complicar la celebración del Día de la Madre. Este cronograma fue el producto de agregar al calendario una elección tras otra, fecha tras fecha, sin mirar el cuadro resultante (como tampoco se miró la sintaxis ni los tiempos verbales). Y dio un producto propio de un país hiperpolitizado, sin problemas, de vida apacible, moneda estable, inflación controlada, depósitos bancarios seguros y bajo desempleo: 13 meses y medio entre la primera elección y la última, lo que en buen romance significa 20 meses de campaña electoral ininterrumpida. Como simple resta, quedaron apenas 40 meses para el tiempo útil de gobierno, al parecer suficiente para las pocas preocupaciones que recaen sobre un gobierno en estos tiempos. Basta ver que a este presidente le quedan 12 meses exactos para resolver los pocos problemas que hay por delante.

¿Imagina alguien estar dentro de un año en campaña electoral, y seguir de largo hasta mayo del 2005? Pero resolver el problema es más complicado aún, porque cambiar el cronograma exige una reforma constitucional, y ello supone un plebiscito, es decir, hacer un acto electoral para acortar los actos electorales. Lo único posible sin plebiscito sería la propuesta de correr las elecciones preliminares hacia adelante (iniciativa del diputado Arturo Heber); al estar fijada en las disposiciones transitorias, podría modificarse por ley ordinaria (según una parte de la doctrina, que para estos tiempos logra la aceptación unánime). Pero en forma timorata se habla de hacerlo para junio, y algún audaz pronuncia en voz baja la palabra julio. La pregunta que a uno le surge es por qué no puede hacerse en agosto. Tiempo para escrutar los votos y proclamar los resultados sobran, como que en las elecciones de octubre de 1999 (parlamentarias y presidenciales, aunque con alta restricción del voto observado), la Corte Electoral completó el proceso en seis días. Desde el punto de vista político hay que partir de un dato, ya verificado: el partido político que en esos seis días no es capaz de acordar la fórmula presidencial, no hay tiempo que le sirva, no le bastan ni tres meses ni seis, y ese tira y afloje es suficiente para apearlo de la carrera, para que la gente lo elimine de las opciones posibles. Tres meses entre la primera y la última elección presidencial, algo así como seis meses de campaña intensa, parece ser lo más acorde a estos tiempos de penuria.